Madrid
Natalia Corbalán se ha convertido en uno de los rostros más beligerantes en la defensa de la agricultura y ganadería española. Además de CEO de la Fundación Ingenio es portavoz de SOS Rural, una plataforma que ha llevado a la UE la lucha contra la invasión de las renovables y la competencia desleal que sufre el campo.
SOS Rural se creó hace dos años. ¿Por qué y qué valor añadido aporta respecto a otras asociaciones u organizaciones agrarias?
Vimos la necesidad de que naciese una organización apartidista, autofinanciada, que defendiese no solo al sector primario sino también todo lo que conlleva ejercer una actividad económica en el mundo rural. Ahí ya somos diferentes de lo que puede ser un sindicato o una organización agraria al uso, aunque somos complementarios y podemos y debemos ir de la mano. Luego, nuestro principal ámbito de actuación es el digital, con acciones todas muy focalizadas en las nuevas formas de comunicación, las redes sociales, para calar en la sociedad. Y es diferente en el contenido. Ya hemos puesto en marcha acciones que el campo no ha llevado nunca, que son súper innovadoras. Por ejemplo, una iniciativa legislativa popular que se presentó en enero del año 2024. Actualmente también tenemos en vigor una Iniciativa Ciudadana Europea.
Han presentado hace poco el libro blanco. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen del campo?
Problemas hay muchos. Principalmente para nosotros, y en los que se va a focalizar mucho la acción política que vamos a llevar a cabo en esta legislatura de la UE, porque vamos a trabajar tanto en el plano nacional como europeo, es la competencia desleal y los usos del territorio. Las energías renovables están avanzando a un ritmo desenfrenado, sin control, y están destruyendo hectáreas de cultivo de regadío y de secano altamente productivos en detrimento de nuestra seguridad y soberanía alimentaria.
¿Y cuáles son las propuestas que plantean?
En el tema de la competencia desleal hemos encargado un estudio que nos está indicando que la UE tiene mucho margen de maniobra, mucha discrecionalidad a la hora de negociar tratados comerciales. Eso se podría regular con un marco normativo que pusiese coto a esa arbitrariedad a la hora de ofrecer siempre a la agricultura y la ganadería como monedas de cambio, porque está permitido en los tratados fundacionales. Vamos a intentar que se respete el principio de reciprocidad y que los tratados comerciales lleven también aparejado un marco sancionador para los países que no respeten los contingentes establecidos.
Habláis en vuestro Libro Blanco de presentar una gran demanda europea por el tema de Marruecos...
Marruecos, a la que el Banco Central Europeo está dando dinero, es un paradigma de competencia desleal. No hay derechos laborales, ni sociales, ni las exigencias medioambientales que lastran la competitividad de los productores españoles.
¿Y sobre las renovables?
Lo que queremos hacer, y tenemos ya la redacción del documento, es que España tenga otro marco normativo en paralelo a países como Italia y Francia. España es un reino de taifas a nivel agrícola, cada comunidad autónoma tiene competencias y hace lo que le da la gana. Y se están llevando a cabo verdaderas barbaridades en Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía. En Lopera, Arjona, Andújar van a talar miles de olivos centenarios que cuestan cientos de años ponerse en pie, que producen alimentos de altísimo valor y que además son santo y seña de un territorio. Y además, si los propietarios no entregan sus propiedades a la empresa fotovoltaica de turno, el gobierno de la Junta de Andalucía les expropia. Es un disparate y es un drama que tiene cara y ojos y podemos ver en televisión a un agricultor llorando porque que se ve obligado a entregar sus tierras. Nosotros respetamos la propiedad privada, pero estamos en contra de que la política favorezca este avance de las fotovoltaicas sin control. Es la tormenta perfecta gracias a un marco regulatorio que es hostil a la producción de alimentos. Si tu actividad no es rentable porque la competencia desleal te está arruinando, si no tienes un relevo generacional garantizado, si tu hijo no va a seguir con la actividad y tienes 70 años, ¿qué haces? Llega una empresa o un fondo buitre y te ofrece 3.000 euros por hectárea y se la entregas con un lazo. Si la actividad agrícola fuese rentable, seguirían produciendo alimentos. O sea, renovables sí, pero no así.
¿Y puede haber un apagón alimentario?
Sin ser alarmista, si no tomamos las medidas necesarias a la vuelta de unos años puede producirse. Si estamos destruyendo sin control hectáreas productivas de altísimo valor, si nuestros alimentos van a depender de fuera, si lo que quiere Europa es una agricultura sin agricultores, claro que puede haber un apagón de alimentos. Ahora vas a un supermercado y está todo garantizado. Si con el apagón como el que hubo hace dos semanas, vas a un supermercado y no hay absolutamente nada, las cosas cambiarían. Y eso es lo que tenemos que evitar.
Hablaba antes de la iniciativa ciudadana europea, ¿en qué consiste?
El campo tiene que influir, ser escuchado en las mesas de toma de decisión, estar considerado a nivel político en vez de estar siendo maltratado. Siempre es moneda de cambio y eso tiene que cambiar. Por lo tanto, el campo debe de mirar a Europa y decirle, oiga, basta ya de políticas que nos maltratan, que siempre nos ofrecen como cabeza de turco en cualquier tratado comercial. Ahora viene Mercosur, que es el paradigma de la competencia desleal. En un escenario de aranceles, que no se ha concretado pero que no pinta nada bien, abrir las puertas al mercado suramericano nos va a meter cantidad de productos y la carne, el cereal o el azúcar van a sufrir mucho. La ICE supone aliarse con siete países y decirle al ciudadano europeo que hay que presionar a la Unión Europea para que deje de maltratar políticamente a la agricultura, a la ganadería, al sector primario. Y que los agricultores cuenten como ciudadanos de primera y no de segunda porque es una actividad estratégica, que no se les criminalice.
¿Y cómo debe responder Europa a los aranceles?
Nos guste o no, Donald Trump está protegiendo a los suyos. A nosotros nos perjudica y no estoy de acuerdo con un marco arancelario, pero la respuesta no es poner más aranceles. Creo que es positivo un mercado abierto porque genera riqueza. Lo que tenemos que hacer es que Europa despierte y proteja de una vez a su actividad más fundamental. Y tiene una oportunidad de oro ahora para hacerlo, para cambiar leyes que machacan nuestra agricultura. La ley de Restauración de la Naturaleza es un atentado brutal, con un envoltorio muy bonito pero la gente no sabe que encierran muchísimo peligro para nuestros agricultores y ganaderos.
Precisamente Europa está retrocediendo en sus políticas que han indignado al campo. ¿Se está dando los pasos suficientes?
Aunque no me gusta la expresión, se están viendo brotes verdes en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque 2024 empieza con los agricultores en la calle y termina con los agricultores en la calle. Lo que pasó no es baladí. Las protestas que se sucedieron en todos los países del entorno europeo, Alemania, Francia, España…fueron algo de calado. Y la UE ya sabe que algo tiene que hacer. No puede seguir atentando a la competitividad de los agricultores. Hay un conflicto entre productividad y sostenibilidad medioambiental que es de base ideológica pura y dura. No podemos enfrentar a agricultores con medioambiente cuando son sus principales garantes. Es una dicotomía diabólica. No digo que Agendas como la 2030 sean malas, pero encierran letra pequeña altamente nociva. A eso es a que hay que poner coto. El comisario Hansen ya ha tomado conciencia de que hay que desburocratizar a la agricultura. Estamos viendo que el gobierno de López Miras está presionando a los agricultores con un programa de control de nitratos que les carga de burocracia estéril a diferencia de comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha, que son mucho más laxas. Hay que unificar las políticas también.
