Barcelona
El alcalde de Barcelona cruza el ecuador de su mandato. Hace unos dos años —el cumpleaños se celebrará el 17 de junio—, Jaume Collboni alcanzó la vara de mando en una investidura de infarto que entronizó al socialista gracias a los comunes y el PP, que apoyaron al candidato para que constituyera un gobierno en solitario. Desde entonces, Collboni ha trampeado la falta de socios estables echando mano de la geometría variable. Consciente de que no existen mayorías alternativas para articular una moción de censura, el dirigente navega esta situación con aparente comodidad.
Aunque no siempre se ha salido con la suya: la capital funciona con presupuestos prorrogados, como ya sucedió en 2024, dado que las negociaciones con los comunes para renovar las cuentas saltaron por los aires a principios de año. El consistorio ya ha anunciado que recurrirá a incrementos impositivos y mayores aportaciones de la Generalitat de Cataluña y el Estado para capear esta coyuntura. También podría recurrir a la tesorería, donde hay 700 millones de euros, o el fondo de contingencia, que en 2024 acumulaba unos 90 millones.
En este contexto, Collboni reivindicó ayer su obra de gobierno en el tiempo que lleva como alcalde de la capital catalana —antes formó parte de los gobiernos de Ada Colau—. En concreto, cifró el cumplimiento de su plan de acción en el 85%. El munícipe extrajo este porcentaje sumando las medidas ejecutadas (29%) y las puestas en marcha (56%). Puso en valor también la intensa transformación urbana de la ciudad —se estima que hay unas 200 obras en curso en Barcelona— y los "resultados tangibles", a su juicio, en vivienda y seguridad, los asuntos que más preocupan a los vecinos.
El balance del socialista se lee, en clave interna, como la confirmación de su voluntad de repetir al frente del partido en las elecciones municipales de 2027. No en vano, Collboni avanzó ayer que piensa "presentar candidatura" en la próxima cita con las urnas. "Yo ya he dicho que mi intención es presentarme a la reelección", reiteró. Estas palabras llegan después de una remodelación del cartapacio que ha aupado perfiles como los de Jordi Valls y Raquel Gil mientras que ha opacado los de Maria Eugènia Gay y Laia Bonet. Esta alineación será la que previsiblemente acompañe al alcalde en lo que resta de legislatura.
A vueltas con el 30%
Si el gobierno municipal saca pecho por haber cumplido el 85% de sus objetivos, se concluye que el 15% están pendientes. Lo que sucede es que en este menor porcentaje se hallan los deberes más importantes de la ciudad. El primero, la revisión de la reserva del 30% de vivienda social. Fuentes del sector inmobiliario apuntan que la reforma, que no eliminación, de esta medida impuesta por Colau, y que ha despoblado de grúas a la metrópolis, estaría encarrilada gracias a un acuerdo con Junts.
Los independentistas solicitan como contraprestación una rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y proponen una panoplia de actuaciones para flexibilizar la reserva obligatoria. El asunto está pendiente del visto bueno de Carles Puigdemont, según las mismas fuentes. Ayer, el líder posconvergente en Barcelona, Jordi Martí, expresó que Collboni "parece tener una obsesión personal" con la medida del 30%, la cual cree que no solucionará el problema de la vivienda en la ciudad. De paso, tildó de "propaganda" la autoreivindicación del gobierno local.
Por su parte, el consistorio defiende que el llamado Pla Viure ha contribuido a doblar el ritmo de producción de vivienda protegida con 4.738 pisos asequibles en marcha y 6.368 proyectados. Pero se trata de cifras a futuro. La realidad habla por sí misma: en el reciente sorteo de los 238 pisos de la llamada Illa Glòries, se inscribieron 11.243 candidatos.
Desde el ayuntamiento se defiende que se ha puesto la semilla para revertir una apuesta insuficiente por las políticas de vivienda, pese a que el colauísmo hizo de estas su bandera. En este sentido, se esgrimen acuerdos como los alcanzados con la Generalitat de Cataluña, que ha cedido 11 solares a Barcelona, y el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que blindará la construcción de 2.000 viviendas protegidas. Otra de las líneas de la alcaldía para rescatar inmuebles es la futura eliminación de los apartamentos turísticos, prevista para noviembre del 2028. Aunque está por ver que la extinción de estas licencias contribuya a incrementar el parque de vivienda en alquiler, ya que en principio nada impedirá a los propietarios que destinen sus activos a otros usos comerciales o bien los redirijan al mercado de compraventa.
Las mismas fuentes del sector inmobiliario contraargumentan que en un clima de inseguridad jurídica —véase el polémico desenlace del conflicto de la Casa Orsola— será difícil que los promotores y constructores opten por el residencial. Sin olvidar el tope de precios al alquiler que rige en la capital catalana y que, según múltiples estudios, ha recortado el stock de inmuebles en arrendamiento.
Ordenanza de convivencia
Entre las asignaturas pendientes de ese 15% también se halla la actualización de la ordenanza de convivencia, cuya modificación integral los socialistas sitúan a mediados de noviembre. La vigente data de 2016 y ha demostrado su ineficacia para combatir el incivismo, que ha repuntado en la urbe.
En paralelo se halla la lucha contra la delincuencia. Las grandes cifras muestran una disminución de los delitos registrados en la capital, en concreto de un 4,7% en 2024. Lo cual no obsta para que, en números absolutos, la criminalidad siga inquietando a la ciudadanía. El presidente del grupo municipal del PP, Daniel Sirera, recordó ayer que cada día se cometen de media "260 robos, 220 hurtos y 3 agresiones sexuales" según las propias estadísticas oficiales.
