Un banco central está acostumbrado a lidiar con los problemas 'macro' relacionados con la inflación, los tipos de interés y, algunos (como la Reserva Federal de EEUU), con el mercado laboral. Sin embargo, algo que no suele ser habitual es que los banqueros centrales o estas instituciones tengan que lidiar con problemas laborales internos, es decir, con el descontento y las quejas de sus trabajadores. Los bancos centrales son instituciones públicas, que suelen ofrecer salarios por encima de la media y unas condicionales laborales relativamente cómodas. Pues bien, el Banco Central Europeo (BCE) se está viendo sorprendido por una suerte de rebelión laboral interna auspiciada por trabajadores que se encuentran descontentos con algunos de los funcionamientos internos del banco central. Christine Lagarde está acostumbrada a lidiar con problemas 'macro', ¿sabrá resolver este problema 'micro'?
Las relaciones laborales del BCE atraviesan uno de sus momentos más tensos bajo el mandato de Christine Lagarde. La presidenta de la institución ha sido duramente criticada por dos de los sindicatos más influyentes de Europa, que la acusan de querer recortar los derechos de representación de los trabajadores. La polémica gira en torno a una propuesta que busca reducir el tiempo que los miembros del comité de empresa (el "works council") pueden dedicar a su labor de representación, una medida que ha sido interpretada como un intento de debilitar la capacidad de defensa de los empleados del banco central.
El BCE pretende que, a partir de 2026, el portavoz del consejo solo pueda dedicar el 75% de su jornada a la representación de los trabajadores, mientras que el resto de los miembros del comité tendrían que volver a desempeñar la mitad de sus funciones laborales habituales. Esto supone un retroceso respecto al régimen actual, donde algunos representantes dedican entre el 70% y el 100% de su tiempo a estas labores. En un comunicado interno, al que ha tenido acceso el Financial Times, representantes de los trabajadores han acusado a la dirección de estar "reduciendo la capacidad de los representantes para trabajar en favor del personal".
La voz de los sindicatos
La propuesta ha desatado una ola de rechazo también fuera del BCE. Jan Willem Goudriaan, secretario general del sindicato europeo del sector servicios EPSU (que cuenta con unos 8 millones de afiliados), y Frank Werneke, presidente del sindicato alemán Verdi (1,9 millones de afiliados), han escrito por separado a Christine Lagarde para exigir la retirada de la reforma. "Esta medida restringirá significativamente los derechos de representación y dificultará un diálogo social efectivo", advirtió Werneke en su carta. Por su parte, Goudriaan fue aún más contundente: "Este arreglo haría imposible representar adecuadamente los intereses de los trabajadores".
Desde el BCE se defienden argumentando que los cambios buscan mantener a los representantes conectados con el trabajo diario del banco y con su mandato público, sin desconectarse de sus trayectorias profesionales. "El objetivo es que puedan seguir sus carreras mientras defienden las necesidades del personal", justifica Eva Murciano, directora de recursos humanos del BCE, quien añadió que se aumentará el número de representantes en el consejo como compensación, según explican desde el Financial Times.
Sin embargo, los críticos sostienen que estas medidas se suman a una ya precaria situación legal. A diferencia de las empresas alemanas, donde los comités de empresa tienen un estatus legal muy consolidado, los representantes del BCE tienen menos protección debido a la naturaleza internacional e independiente del organismo. "El BCE ya parte de una posición más restrictiva en cuanto a derechos laborales, y esta propuesta va en la dirección equivocada", apostilla Goudriaan.
Una lucha que viene de lejos
El enfrentamiento no es nuevo. Las relaciones laborales en el BCE han sido conflictivas durante años, con antecedentes de disputas públicas e incluso litigios judiciales. Según el abogado laboralista Peter Krebühl, experto en representación de empleados ante los tribunales, "un representante sindical eficaz debe poder dedicarse plenamente a esa tarea. La actitud del BCE parece altamente represiva con respecto a las relaciones laborales internas", según explica en declaraciones al Financial Times.
La controversia también pone en cuestión la imagen progresista que ha intentado proyectar Christine Lagarde desde que asumió la presidencia del BCE. Su gestión ha estado marcada por un tono conciliador en el discurso público, pero los sindicatos acusan a la dirección de aplicar políticas regresivas en el plano interno. Este conflicto muestra una brecha preocupante entre los valores que predica la institución y las condiciones que ofrece a sus propios trabajadores, señalan fuentes sindicales.
