Bruselas
Bruselas da un paso más en su empeño por que los países de la UE apliquen la normativa comunitaria. En esta ocasión, la Comisión Europea llevará a España ante la justicia comunitaria por no aplicar a la normativa nacional la ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés), que fija las reglas que se aplican a los gigantes tecnológicos como Facebook o Apple.
Concretamente, el Ejecutivo comunitario llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España y otros cuatro países: Portugal, República Checa, Chipre y Polonia. Es el tercer y último paso del procedimiento de infracción de la UE. Bruselas toma esta medida al considerar que estos Estados miembro no han diseñado la figura del coordinador de Servicios Digitales que requiere la normativa comunitaria de Servicios Digitales.
En el caso de Polonia, no se ha designado esta figura, aunque España, República Checa, Chipre y Portugal han designado cada uno un coordinador de Servicios Digitales, no les han conferido las facultades necesarias para llevar a cabo sus tareas, justifica la Comisión Europea. Además, la normativa requiere que los Estados miembros que establezcan el régimen de sanciones que se aplique cuando se infrinja este Reglamento, un paso que todavía no han dado los países expedientados.
La ley de Servicios Digitales ponía como fecha límite el 17 de febrero de 2024 que los Gobiernos designaran esta figura de coordinador, que debe supervisar y aplicar las normas. Esta figura, defiende la Comisión Europea, es esencial para supervisar y hacer cumplir las normas comunitarias.
La Justicia europea es el último paso del que dispone la Comisión Europea ante un procedimiento de infracción. Este proceso contra España fue abierto el pasado 25 de julio de 2024, y en abril del mismo año en el caso de Portugal, Polonia, Chipre y República Checa. Posteriormente, Bruselas remitió a los Gobiernos un dictamen motivado, el segundo paso del procedimiento de infracción, el 3 de octubre del año pasado en el caso de España. Al no contemplar las irregularidades como subsanadas, el Ejecutivo comunitario ha decidido llevar a España ante la Justicia europea.
Sistema de comercio de emisiones
Como parte de sus procedimientos de infracción del mes de mayo, hecho público este miércoles, la Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado a España y otros once países por no aplicar a la normativa nacional la directiva actualizada de Comercio de Emisiones.
España, junto con Bélgica, Bulgaria, República Checa, Letonia, Estonia, Hungría, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Finlandia han incumplido el plazo, que terminaba en diciembre de 2023 para aplicar esta regulación.
La normativa fortalece las normas de comercio de emisiones y lo aplica al transporte marítimo, reduce las emisiones permitidas, determina que se asignen menos derechos de forma gratuita, al tiempo que se refuerzan los fondos de apoyo a la descarbonización dentro del sistema.
Las modificaciones de la normativa aumentaron la ambición en el sector de la aviación y aplican un régimen de compensación y reducción de las emisiones de carbono para la aviación internacional. La transposición completa de estas Directivas es esencial para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de comercio de emisiones comunitario, evitar distorsiones en el mercado interior y alinear el sistema con los objetivos climáticos de la UE para 2030.
En enero de 2024, la Comisión Europea dio el primer paso del procedimiento de infracción y envió cartas de emplazamiento a 26 Estados miembros por no haber incorporado plenamente las dos Directivas a su legislación nacional.
