Barcelona
La Inspección de Trabajo de Cataluña (ITC) alcanza un récord de multas a empresas. En 2024, el organismo impuso infracciones por un importe de 49,4 millones de euros, la mayor cifra en la serie histórica. Esta cuantía no contabiliza la actividad de los inspectores del Estado desplegados en Cataluña. Desde el año 2010, la competencia en inspección laboral está transferida a la Generalitat, aunque se lleva a cabo de forma compartida con el Estado.
En total, la ITC llevó a cabo 64.284 actuaciones (un 1,4% más) y 23.601 requerimientos de mejora. En total, cerró 33.392 expedientes (un 4,6% más) y registró 13.265 infracciones (un 4,8% más). Además, se adoptaron 13.265 infracciones, lo que supone un aumento interanual del 4,8%. El importe medio por sanción fue de 3.763 euros.
En buena medida, este aumento de la actividad se produjo gracias a la intensificación de la colaboración entre la institución inspectora y las fuerzas y cuerpos de seguridad (Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana de Barcelona y Policía Nacional, principalmente).
En concreto, las actuaciones conjuntas entre inspectores y policías resultaron en 1.265 infracciones, un 82,5% más que en 2023, por un montante superior a los nueve millones de euros, principalmente en el área de los permisos y tiempo de trabajo.
Las denuncias, al alza
Para luchar contra el fraude en las relaciones laborales, la Inspección de Trabajo actúa tanto de oficio, mediante su propia planificación interna, como a través de peticiones externas. En 2024, las denuncias presentadas por la ciudadanía ascendieron a 11.786, esto es, un incremento del 9%.
Las tres principales reclamaciones fueron provocadas por la vulneración de los tiempos de trabajo, los asuntos relacionados con los salarios y los defectos en las condiciones de seguridad. Estas categorías no casan plenamente con las infracciones más habituales, donde en el podio se hallan los tiempos de trabajo, los permisos de trabajo y los incumplimientos contractuales, por este orden.
Respecto a la integración de personas con discapacidad, la ITC logró contratar en 2024 a 301 empleados en esta situación. Además, consiguió que las empresas invirtieran casi tres millones de euros en concepto de medidas alternativas. La normativa laboral obliga a las empresas con 50 o más empleados a reservar un 2% de sus puestos de trabajo a personas con discapacidad. Ante la imposibilidad de observar este precepto, las organizaciones pueden destinar recursos en medidas alternativas.
En cuanto a los accidentes de trabajo, las infracciones aumentaron un 12,6%, hasta las 1.949. La mayoría de los accidentes mortales, muy graves o múltiples, la tipología donde más se centra el organismo, fueron causadas por las condiciones materiales mejorables, como máquinas sin protección o caídas en altura por ausencia de elementos de seguridad. En este punto, la construcción y rehabilitación de fachadas es uno de los sectores que más preocupa a la Inspección de Trabajo.
Por otro lado, la institución reconoce que el área de igualdad es uno de sus "objetivos prioritarios". En 2024, apenas se cosecharon denuncias en este capítulo, solo 61. Inspección de Trabajo tiene atribuciones para investigar las discriminaciones por razón de sexo, también en el aspecto salarial, los acosos sexuales en los centros de trabajo, la conciliación familiar y el cumplimiento de los planes de igualdad.
Aumento de la plantilla
El organismo autonómico cuenta con 191 efectivos y prevé sumar seis inspectores en 2025. Hoy por hoy, la ITC tiene 123 inspectores, 11 subinspectores de seguridad y salud, 40 subinspectores de ocupación y extranjería y 17 técnicos sin potestad sancionadora. En Cataluña, la Inspección del Estado cuenta con 116 inspectores y subinspectores.
"Cuanta más plantilla tengamos a más centros de trabajo podremos llegar", manifestó Laura Freixas, directora general de la Inspección de Trabajo de Cataluña nombrada por el Govern del PSC. Idealmente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fija una ratio de un inspector por cada 7.000 trabajadores. "Actualmente, en Cataluña tenemos una ratio de un inspector por cada 10.000 trabajadores", reconoció Freixas, sumando los efectivos autonómicos y estatales.
Entre los objetivos de 2025, se trabaja en la "implementación de herramientas" para afrontar la reducción de jornada, en el caso de que termine aprobándose a lo largo de este año. También se pondrá el foco en la afectación de la inteligencia artificial (IA) sobre las relaciones laborales.