El sector público empeora sus plazos de pago y se sitúa por primera vez por delante del sector privado, según ha podido constatar la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). De acuerdo a su informe, elaborado a partir de más de 500 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el periodo de pago de la Administración pública en 2024 se cifró en 67 días, un registro superior en 12 días al que se estimó en 2023.
El sector privado, por su parte, situó en 64 días sus plazos de pago al cierre del ejercicio, una cifra inferior en 6 días con respecto a lo alcanzado en el año anterior. Es el mejor dato de hecho desde el 2019 que se ha registrado en los datos de pago, cuando se alcanzó la friolera de 111 días de media. En ambos casos, sin embargo, son registros que sobrepasan los tiempos para abonar los importes correspondientes, según lo estipulado por la legislación que exige que debería de ejecutarse en un plazo máximo de 30 días.
Lo más alarmante, según explica el presidente de la plataforma Antoni Cañete, es que solo el 37% de las empresas es conocedora de la normativa vigente, pese a que un 94% de las entidades considera que debe haber un régimen sancionador. Cañete expone además que, únicamente, si las cotizadas se ajustaran a los plazos de pago la economía nacional inyectaría mas de 82.000 millones de liquidez.
En cualquier caso, el informe pone de manifiesto que un 20% de las empresas asegura que los plazos de pago de la administración ha aumentado, siendo la Administración Local la que más tarda en pagar con un 52%, seguida por la Administración Regional (28%) y por la Administración Central (20%). Ante estas cifras, Cañete reclama "una solución inmediata" e insiste en que "los gobiernos, para demostrar su verdadero compromiso, deben empezar por garantizar que cumplen con las reglas que ellos mismos dictan.
Como solución para evitar esta situación, el presidente de la plataforma expone lo ejecutado en Cataluña recientemente. La medida catalana, según dice, es la "más importante en España y en Europa" porque "abre la posibilidad de hacer pagos directos a los contratistas". Es decir, de esta manera se inyecta liquidez y se fija un limite de contrataciones y adjudicaciones públicas para una sola entidad, lo que a su vez podría reducir la contratación a dedo.
De acuerdo con el informe de la plataforma, España ha crecido por encima del 3% del PIB respecto a las ventas en 2024, lo que pone de manifiesto que las empresas han incrementado su facturación. Sin embargo, los impagos siguen ocupando un 26% de la tarta, una cifra aún elevada para el funcionamiento óptimo de la economía nacional, según Cañete. Estos datos corresponden, precisamente, a aquellas entidades con mayor capacidad de financiación. Y es que, tal y como explica Cañete, a medida que se incrementa el tamaño de la empresa también lo hace la demora en el pago.
Cláusulas abusivas
En paralelo, hay que tener en cuenta que en la actualidad un 61% de las entidades firman contratos o acuerdos comerciales con clientes que les exigen plazos de pago superiores a 60 días, algo que contraviene lo estipulado por la legislación, además de que en un 33% de los casos los contratistas recogen cláusulas abusivas. Sin embargo, según el informe, en 2024 el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago; el 84% nunca o casi nunca exigieron a sus clientes los pagos de la deuda.
La lucha contra la morosidad en Europa, sin embargo, es un tema que tiene muy presente la Comisión del viejo continente. De hecho, queda por ver la tramitación del nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad, que será de obligado cumplimiento y prevé sancionar a las empresas morosas si exceden del plazo de pago general fijado en 30 días (o en 60 para casos de necesidad de periodo de certificación). Por el contrario, en Francia y Alemania, por ejemplo, los lobbies de sus grandes corporaciones han puesto de manifiesto su intención de hacer caer el reglamento de la morosidad europeo.
En cualquier caso, en 2023 el 47% de las empresas reportaron problemas por pagos atrasados, siendo éste el nivel más alto en cinco años, cuyas consecuencias afectan ya en un 59% a las inversiones, en un 56% a la sostenibilidad y en un 43% a la digitalización, además de tener dificultades para acceder a la financiación.
