Cecilia S. S. L. nació el 12 de diciembre de 2008 en Madrid, en lugar de un pan debajo del brazo viene con una deuda pública per capita de 10.901 euros. A Ramón G.G., nacido un mes antes en Barcelona, le sale un poco más barato, 10.061 euros. Es la deuda pública del Estado, la comunidad autónoma y el ayuntamiento que les corresponde y que, con fluctuaciones, les perseguirá toda la vida. Es la deuda de hoy que heredarán nuestros nietos.
El déficit público es una institución reciente en España. Aparece en 1977 y hasta 1982 ni los ciudadanos más conscientes sabían nada de él, ya que lo financiaba el Banco de España de manera prácticamente ilimitada y sin costes. Los pagarés y la deuda desgravable eran los únicos instrumentos de los que disponía el Tesoro para financiarse. En 1982 se inventaron los bonos y, un año más tarde, las obligaciones. En 1987, ahí a la vuelta de la esquina, nacieron las Letras del Tesoro. En 1994 se prohibía explícitamente la apelación al Banco de España.
El saneamiento de las cuentas públicas y la consecución del superávit fiscal han situado la deuda en 2008 en una ratio sobre el PIB ciertamente envidiada, el 39,5%, que, no obstante, son tres puntos más de lo previsto a principios de año.
Aumento vertiginoso de los gastos
Pero las decisiones del Gobierno para sobrellevar la crisis han trastocado todo y, principalmente, la financiación de las Administraciones Públicas, que ven cómo merman sus ingresos fiscales y cómo aumentan los gastos de manera vertiginosa.
El Gobierno previó en los Presupuestos Generales del Estado de 2009, que la ratio de deuda sería del 38,8%, cuando al cierre del año pasado ya se había superado este porcentaje en casi un punto. No merece la pena hacer más comparaciones con la base de los Presupuestos, porque el propio Gobierno alteró todas estas variables el 16 de enero al anunciar la corrección del Programa de Estabilidad.
Para entonces, la previsión de deuda se elevaba al 47,3% del PIB, en un escenario de recesión de la economía del -1,6% y un déficit presupuestario del 5,8%. El resumen es que, de una previsión de 30.000 millones de deuda neta del Estado para este año, se ha pasado a una previsión de 88.500 millones, lo que elevará el saldo de la deuda estatal hasta los 447.000 millones de euros.
Los 30.000 millones y otros 16.100 más se han cubierto en los cuatro primeros meses del año, cuando se supone, además, que los Presupuestos parten de cero. Pero analistas privados e instituciones albergan serias dudas sobre el déficit final de este año, que podría elevarse por encima del 8%, lo que, en términos proporcionales, elevaría las necesidades financieras por encima de los 100.000 millones.
Nuevas emisiones
Esto, a su vez, obligaría a elaborar una nueva curva de emisiones, ampliando el volumen de emisión de obligaciones a plazos más largos (10, 15 ó 30 años) para evitar una concentración excesiva de títulos en los vencimientos de letras (que alcanzan hasta 18 meses) o de bonos (a 3 y 5 años).
Vamos a mantenernos en el territorio de la relativa certeza que aporta la programación realizada por el Tesoro para este año. El contexto de los mercados de deuda tiene un poderoso aliado en el corto plazo, que es la evolución reciente de los tipos de interés y las previsiones muy moderadas para los próximos meses.
Como factores negativos, el Gobierno se va a encontrar con un exceso de oferta de emisiones en euros, ya que todos los países europeos tienen estrecheces presupuestarias, y algunos de ellos, muy severas. Este factor afecta a todos los emisores en divisa europea (la proporción de emisiones españolas en moneda extranjera es menor del 10% sobre el total, repartida en libras esterlinas y yenes, casi por igual).
El elemento distintivo y negativo para España es que ha aumentado la diferencia con el bono alemán hasta más de 100 puntos básicos para España y por esto y por las malas perspectivas del déficit público, la calificación de la deuda ha sido degradada un peldaño por S&P y está amenaza de lo mismo por Moody's.
Por encima de las vicisitudes del mercado, lo que queda es un perfil de deuda cuyo 80% está constituido por instrumentos de medio y largo plazo, es decir, bonos y obligaciones, y en el entorno del 15% en títulos de corto plazo, es decir, letras del Tesoro. Por esa razón, nuestros pequeños personajes, Cecilia y Ramón se encontrarán cuando sean jóvenes profesionales con que el Tesoro anunciará amortizaciones de deuda provenientes de la crisis que su padre y su abuelo les cuentan.
Negras previsiones
En esa crisis económica, la primera del siglo XXI, el Gobierno español ha optado por elevar el gasto público a la categoría de señal de identidad de su gestión, con el argumento de la protección social a ultranza y por encima de otras fórmulas alternativas, con menor coste fiscal.
El resultado, en términos de deuda pública es que, según Standard & Poor's, en 2011, la deuda española estará situada en el 58% del PIB, lo que quiere decir que la deuda pública viva superará los 600.000 millones de euros, una cifra para echarse a temblar, a la que hay que adicionar lo que en plazos medios representará la deuda de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que según S&P va a tener un enorme auge en el caso español, que será en los dos próximos años el segundo país de Europa en emisiones de estos entes territoriales.
Son cifras alarmantes, pero, hay que decirlo con un punto de cinismo, quienes acabarán pagándola son otros, seguramente, entre ellos, Cecilia, Ramón y todos sus coetáneos, mediante elevados impuestos.
Si se observa el gráfico contiguo se apreciará el perfil de la deuda tal y como se presenta al concluir el primer trimestre de este año y no se escapa que los años finales, desde 2024 a 2040, se elevan las columnas de los vencimientos de obligaciones y de bonos que se habrán refinanciado una y otra vez. A finales de abril tenemos obligaciones en circulación a 10 años por 154.557 millones de euros, a 15 años tenemos obligaciones suscritas por 50.443 millones de euros y a 30 años, los títulos vivos alcanzan los 52.861 millones de euros.
Apelar a la fecha de 2040 parece fuera de todo cálculo prudente y, seguramente, lo es. Nadie puede asegurar cuál será la deuda total de nuestro país para entonces ni qué proporción guardará respecto al PIB, pero es inapelable que un día cualquiera, el 21 de mayo de 2009, el Gobierno puso en circulación una emisión con fecha de vencimiento 30 de julio de 2032. Ese día habrá que amortizar unos 1.660 millones de euros. A lo mejor es una cantidad poco o nada significativa, pero, a lo peor, como diría el castizo, es una pasta.
Cecilia y Ramón no tendrán ni una vaga idea de quién fue Zapatero y en qué se gastó el dinero. Sin embargo, su deuda habrá sido su compañía toda una vida.
