Zaragoza
Impulsar la actividad económica en los núcleos de población de la comunidad aragonesa es el eje central de la nueva ley que prepara Aragón. En el Consejo de Gobierno de hoy se ha dado vía libre al proyecto de ley de promoción de iniciativas económicas (APIE), que ahora llegará al parlamento aragonés.
El texto recoge diferentes herramientas para facilitar la cooperación entre negocios urbanos con acceso para el público. A través de sus dos títulos, cinco capítulos en el segundo de ellos y un total de 34 artículos, se establecen las diferentes claves de este marco legal con el que se introduce en la comunidad aragonesa el modelo de gestión denominado BID (Business Improvement District), que se comenzó a poner en marcha en Toronto, en Canadá, exportándose posteriormente a otros países como Estados Unidos y Alemania.
Los BID son organizaciones dirigidas de forma privada, pero que cuentan con autorización pública, que prestan servicios públicos complementarios dentro de un área geográfica determinada con la generación de ingresos anuales provenientes del pago de contribuciones obligatorias por parte de los propietarios de locales o quienes ejercen la actividad en ellos. Su objetivo es generar un mayor tráfico de clientes mediante la provisión de servicios que la Administración competente no presta o bien para complementar los prestados. A todo ello, se suman acciones de promoción comercial.
Bajo esta premisa, el proyecto de ley introduce la creación de las denominadas Áreas de Promoción de Iniciativas Económicas (APIE), que serán las agrupaciones empresariales de una localidad con unos límites geográficos concretos. Estas APIE tendrán que estar auspiciadas por un promotor, que será el encargado de proponer las líneas de acción complementarias con cada ayuntamiento. Unas sinergias que se plasmarán en la firma de un convenio, que se podrá revisar cada cuatro años, en el que se deberán detallar todas las actuaciones en cada zona por la agrupación y por el consistorio.
Las empresas integrantes de la APIE deberán pagar una cuota obligatoria que recaudará el consistorio y cedida a la entidad. Además, estas agrupaciones empresariales podrán financiarse a través de convenios con los ayuntamientos, aparte de recibir aportaciones municipales u otros beneficios de la actividad desarrollada.
Dentro de las funciones, que se podrán recoger en los convenios con los ayuntamientos, por ejemplo, se encuentran el desarrollo y mantenimiento de la zona, la organización del transporte o el aparcamiento, así como la vigilancia y seguridad, entre otras.
El objetivo de este marco legal es "dotar de mayores herramientas al sector comercial de los municipios" de cara a aumentar su competitividad y mejorar sus posibilidades de presente y de futuro, ha afirmado Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Economía del Gobierno de Aragón.
