Medio año después de la firma del acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa, no quedan dudas entre los expertos de que el paquete de medidas es un concierto económico que avanza hacia un sistema confederal. Este cambio de modelo conllevaría diferentes problemas, como se ha advertido desde diferentes organismos en este periodo y muchos de ellos vienen asociados a la fragmentación de la Agencia Tributaria, analizada por el responsable de política tributaria de EY e inspector de Hacienda en excedencia, Alberto García Valera, en un informe publicado este lunes por Fedea en el que advierte de los riesgos de 'trocear' la información del 16% de los contribuyentes y de un territorio que representa hasta el 20% del PIB, como es el caso de Cataluña.
La ley de Presupuestos Generales del Estado de 1991 que creó el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda le reservó dos funciones principales: la de informar y controlar al contribuyente, dos encargos que se verían afectados por la puesta en marcha de pacto que cerraron el PSC y ERC, según advierte García Varela. "Iniciar un proceso que conlleve la fragmentación de la información presentada por población y empresas que, en el caso de Cataluña, suponen cuanto menos un 16% del total de contribuyentes, dificultaría una gestión eficiente del conocimiento, amén de incrementar sus cargas indirectas, al obligar a ciudadanos y empresas a relacionarse con otra administración".
La Agencia dejaría de tener acceso a una base de datos integrada para hacer borradores de la declaración, facilitar datos fiscales o programas de ayuda con criterios uniformes o asegurar que se están llevando a cabo correctamente. Además, el ejemplo de las haciendas forales muestra que los intercambios de información arrastran un desfase temporal que resta eficiencia. Todo ello repercutiría directamente en los ciudadanos. "Parece claro que los ciudadanos, sean de dónde sea, dentro del territorio nacional, podrían resultar perjudicados si, como parece derivarse del acuerdo PSOE-ERC, se fraccionan los servicios actuales de información y asistencia".
Estos problemas para conectar la información también repercutiría en la lucha contra el fraude, al comprometer qué perfiles puede seleccionar la AEAT para llevar a cabo su labor inspectora. "Recordemos que un sistema de control de actividades económicas ha de ser integral para resultar eficiente, como lo demuestran los defectos de control o el diferente nivel de comprobación que tienen las empresas que operan en territorio común y foral" señala el experto. Asimismo, afectan a la comprobación de que la residencia habitual era distinta a España, puesto que actualmente se emplea una herramienta informática para detectar falsos no residentes que emplea toda esa información integrada.
El acuerdo también prevé la cesión de tributos a este territorio, un traspaso que se iniciará con el IRPF en 2026. Esta, más allá de la pérdida de ingresos para el Estado, también desencadenaría otra serie de problemas de recaudación, por ejemplo, en el procedimiento de apremio. "Las Administraciones territoriales no pueden adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio" recuerda el autor. Esto significa que la Agencia catalana no podrá embargar una cuenta corriente localizada fuera de esta región". También afectaría a las acciones judiciales para el cobro de deudas, la recaudación en el periodo voluntario de las tasas o a la hora de tramitar algunas prestaciones.
