Zaragoza
De nuevo a los tribunales por el empleo público o, más concretamente, por los interinos. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra dos instrucciones del director general de Función Pública, Antonio Villacampa, por considerar que son "ilegales, arbitrarias, que pervierten la ley estatal, discriminan a los trabajadores temporales y dañan al servicio público".
El sindicato ha dado este paso tras haber solicitado repetidas veces sin éxito su supresión en la Mesa Sectorial de Administración General, donde es la tercera fuerza junto a CATA, por los efectos que está teniendo su aplicación, especialmente la primera instrucción por la que se obliga a todos los responsables de la Diputación General de Aragón a rescindir el contrato de los funcionarios interinos al cumplir los tres años en sus puestos que, además, no se están cubriendo con otros empleados.
Desde STEPA han considerado que esta situación es "sangrante", además de denunciar que el Gobierno de Aragón está incumpliendo la Ley 20/21 que obligaba a estabilizar a los 17.000 interinos aragoneses en fraude de ley por llevar más de tres años ocupando una plaza.
El sindicato ha recalcado en su recurso, admitido ya a trámite por el TSJA, que se vulnera la ley estatal, aparte de suponer un "grave quebranto" para toda la gestión pública porque "no hay ningún sistema para cubrir de forma ágil las plazas vaciadas. Desde el primer momento, recibimos numerosas quejas de trabajadores por la falta de personal en sus departamentos, y por la presión de trabajo, afectando a su salud laboral".
Desde STEPA han añadido además que se desoye la excepción que contempla la propia Ley 20/21 y que permite permanecer en la plaza hasta que se resuelva la convocatoria convocada para cubrirla. Ante las reclamaciones de los responsables de los distintos departamentos de que no podían garantizar la prestación correcta de numerosos servicios, Función Pública aprobó una modificación el pasado mes de octubre que permite la continuidad como excepción en algunos casos; pero esto "supone consentir diferencias de trato injustificadas", han indicado desde el sindicato.
Además, STEPA ha remarcado que la instrucción señala que los puestos en los que cesa un interino se podrán cubrir con otro si no hay convocada oposición para cubrirlo, esta ha quedado desierta o el adjudicatario no ocupa su plaza. En esta línea indicen en que, dado el índice de temporalidad y el atasco en los concursos selectivos, estas excepciones suponen por tanto "mantener el abuso en la contratación de personal temporal, ahora con la salvedad de que el mismo cambiará cada tres años a costa además de la calidad del servicio".
Según los cálculos de STEPA, más de 17.000 trabajadores públicos, sobre una plantilla total de 60.400 personas, llevan desempeñando funciones estructurales más de tres años, por lo que deberían ser estabilizados para cumplir la normativa europea y nacional.
Además, para el sindicato, se trata de una medida imprescindible para no perder su experiencia y para cumplir con la obligación legal de reducir un índice de temporalidad que ahora supera el 50% (datos del último boletín de personal publicado) por debajo del 8% antes de 2025.
