
Los colegios y centros sanitarios están en el punto de mira tras las inundaciones del pasado 29 de octubre en distintas localidades de España. Y es que, desde Save the Children informan que cerca de 40.000 niños han visto interrumpida su educación por las consecuencias de las lluvias torrenciales que han derivado en el cierre de los centros educativos.
El Consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira, ya informó de que 12 colegios estaban afectados por la Dana, por lo que la vuelta de los alumnos será más lenta de lo previsto debido a las tareas de limpieza y mejora de las aulas que se tienen que llevar a cabo.
Y es que, según el nivel de peligrosidad en el que se encuentren las localidades que podrían verse afectadas por lluvias torrenciales, podría salir dañado un número mayor o menor de equipamiento social, entre el que se encuentran las centrales eléctricas, residencias de mayores, centros educativos, equipamientos sanitarios, parques de bomberos o dependencias policiales, entre otros.
En el plan elaborado por la Generalitat Valenciana se alerta de que más del 40% de los equipamientos sociales de la Comunidad Autónoma se encuentran en zonas con algún riesgo de inundación.
Instalaciones vitales en riesgo
Por niveles de peligrosidad, 171 infraestructuras vitales (nivel 1 y nivel 2) están en riesgo de ser arrasados y altamente afectados en caso de inundación. Entre ellos, los que tienen una mayor probabilidad de ser prácticamente destruidos o arrasados son los centros educativos y los equipamientos sanitarios, por lo que desde la Generalitat debería elaborar algún plan de prevención o de relocalización al ser estructuras fundamentales y que podrían tener un efecto directo en la población.
Además, también son los las infraestructuras que saldrían más dañadas en el resto de niveles, cuando la peligrosidad va en descenso y es que, aunque las consecuencias no sean tan graves en el nivel 6 (como en el 1 y en el 2), el hecho de contar con centros sanitarios y educativos afectados repercute de manera directa en la población que reside en otros municipios y podrían saturarse los centros.
En el caso del equipamiento sanitario, en total tienen un riesgo de salir dañados 92 elementos al situarse en municipios con algún nivel de peligrosidad por inundación, lo que supone que afectaría a más de un 16% de de los centros ubicados en la Comunidad Valenciana.

Los daños causados en los equipamientos anteriores aumentan la preocupación al ser infraestructuras vitales, ya que si ocurre una inundación en horario escolar, son uno de los lugares en los que más personas se congregan. Y en el caso de los equipamientos sanitarios, cabe destacar que la mayoría funcionan con electricidad, por lo que es fundamental que los hospitales cuenten con medidas de seguridad ante una inundación o de relocalización en zonas que no cuenten con ningún riesgo de peligrosidad, ya que son fundamentales para paliar los efectos en los daños humanos causados por una inundación, por lo que contar con menos recursos a la hora de afrontar una situación meteorológica adversa influiría directamente en el número de daños humanos ocasionados.
El equipamiento social que saldría mejor parado en caso de sufrir una inundación serían las centrales y subestaciones eléctricas y las residencias juveniles. En el caso de las primeras, solamente saldrían dañados 26 elementos (24 subestaciones y 2 centrales). Mientras que en las residencias juveniles, tan solo saldría afectado un elemento, en la localidad situada en el nivel 2 de peligrosidad. A pesar de ello, la Comunidad Valenciana cuenta con 564 infraestructuras vitales situadas en zonas que cuentan con algún nivel de peligrosidad por inundación.
Aunque se pone especial hincapié en el equipamiento sanitario y centros educativos, es fundamental contar con el funcionamiento de todas las infraestructuras, ya que un daño grave en una central o subestación eléctrica podría provocar un apagón que influiría en otros sectores de manera indirecta. Así como contar con bajas en los parques de bomberos o dependencias policiales, que ralentizaría las tareas de rescate y ayuda.