Varapalo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al Gobierno. Tal y como adelantó el suplemento jurídico de elEconomista el pasado lunes, el organismo que preside Luis Berenguer ha descalificado con dureza el anteproyecto de ley de Comercio presentado por el Ejecutivo, por establecer trabas legales al desarrollo de las grandes superficies.
La CNC asegura que "el establecimiento de un régimen de licencias comerciales para determinados establecimientos no resulta admisible ni en base a su necesidad ni con arreglo a su proporcionalidad".
Daño a la libertad de empresa
Para la Comisión, el anteproyecto de Industria, de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero de 2010, vulnera de forma clara la directiva europea. "El daño a la libertad de empresa y, en definitiva, al consumidor, que podría llegar a producirse mediante la instauración de un régimen de autorización comercial que pudiera conducir a un cierre del mercado, no compensa el beneficio que pudiera derivarse de la protección de otros intereses generales".
El informe de la CNC no es vinculante, pero insta al Gobierno a eliminar el régimen de licencia previa para la apertura de establecimientos, "en beneficio de la seguridad jurídica, de la eficiencia en los mercados y de los consumidores", advirtiendo que, en caso de no hacerlo, serán muchas las autonomías que establezcan trabas al desarrollo de las grandes empresas.
Trabas en seis autonomías
Cataluña, Baleares, Andalucía, Asturias, Canarias y Aragón están elaborando proyectos legislativos que establecen la obligación de obtener una licencia para la apertura de nuevos establecimientos a partir de un determinado número de metros cuadrados, algo prohibido expresamente por la normativa comunitaria.
El objetivo final es establecer un régimen proteccionista que impida el crecimiento de las grandes superficies para proteger al pequeño comercio. Para sacar adelante sus planes y seguir arbitrando el crecimiento del sector, los Ejecutivos regionales están utilizando un pequeño resquicio legal. Como la directiva europea impide de forma tajante el establecimiento de licencias siguiendo criterios económicos, pretenden fijar las mismas de acuerdo con principios de orden urbanístico.
Competencia rechaza en su informe la idea formulada en el anteproyecto de ley de que el pequeño y mediano comercio debe desarrollarse de forma paralela a los grandes establecimientos para que este sector mantenga su papel fundamental como motor económico. En su opinión, "desde ahora el único motor ha de ser el de la eficiencia del mercado".
Y por si todo esto fuera poco, Competencia señala además que el actual modelo, que ha fraccionado el mercado único, ha fracasado. Según los datos de la consultora AC Nielsen, pese al proteccionismo instaurado, la cuota del pequeño comercio se ha reducido desde el 13% que tenía en 1994 hasta el 4,4% en 2006.
Durante ese mismo periodo, los grandes hipermercados han reducido su participación desde el 30 al 22,5%, dejando vía libre al crecimiento de los supermercados, que han pasado de contar con 25% de la superficie comercial a hacerse en apenas doce años con el 52%.
Los privilegios de Mercadona
Una de las empresas más beneficiadas en los últimos años por el establecimiento de trabas al desarrollo de las grandes superficies ha sido Mercadona. Frente a los impedimentos legislativos para frenar a grupos como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Ikea, Leroy Merlin o Eroski, la cadena valenciana ha estado abriendo en la última década una media de cien tiendas al año, lo que explicaría el fuerte crecimiento de la cuota de mercado de los supermercados.
Competencia cree que es precisamente el fuerte desarrollo de este formato comercial el que ha incrementado la presión competitiva hacia "el comercio de proximidad", nicho clásico del comercio tradicional. Al contrario que los híper, estos supermercados se suelen situar en los centros urbanos y no a las afueras.
Al margen de la eliminación de cualquier régimen de licencia de autorización comercial, la Comisión Nacional de la Competencia propone también al Gobierno permitir a las empresas que hagan rebajas en cualquier época del año, autorizar la venta por debajo de coste, siempre que no se incurra en un caso de competencia desleal, y dar luz verde a la venta de productos de gran consumo en los establecimientos financieros. La última palabra la tiene ahora el Ejecutivo, que debe decidir si cumple o no la normativa europea.