La política de vivienda abre una nueva brecha en la coalición de gobierno. La ministra, Isabel Rodríguez, descarta retorcer la ley de Vivienda para elevar la intervención en el mercado inmobiliario pese a la insistencia de Sumar, que exigirá "soluciones" en la comparecencia que Rodríguez protagonizará mañana en el Congreso de los Diputados. "Hay agenda inmensa de propuestas que iremos desarrollando a lo largo legislatura, y espero que el parlamento este a la altura de la sociedad", ha asegurado Rodríguez después de la reunión que –junto a Pedro Sánchez- ha mantenido esta tarde en La Moncloa junto a asociaciones, sindicatos y empresarios. La ministra no ha adelantado ninguna de las medidas, que seguirá trabajando en grupos de trabajo con los sectores afectados, y en los que estará también presente el gabinete del presidente del Gobierno.
"El ministerio se encuentra en una encrucijada de la que depende esta legislatura", ha amenazado el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, esta mañana. Los socios de coalición afrontan sus días más tensos, en plena negociación sobre el proyecto de Presupuestos para 2025. Sumar presiona para que Rodríguez fuerce a las CCAA del PP a aplicar la ley de Vivienda, vinculando las ayudas estatales a la limitación de los precios del alquiler. "Si usted no quiere aplicar la Ley de Vivienda, retiremos los incentivos públicos en esas comunidades autónomas, pero hay que actuar", ha instado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en declaraciones a TVE. Un punto que el ala socialista del Ejecutivo se niega a aplicar. Cabe recordar que el Banco de España justifica -en un informe reciente- la intervención pública en el alquiler en situaciones de "elevado esfuerzo".
A ello, se añade el ultimátum lanzado por Podemos. La formación supedita su apoyo a las Cuentas a una intervención decidida del mercado, que rebaje los precios un 40% y prohíba la compra de viviendas para destinarlas a un uso diferente al de habitarlo. Los de Ione Belarra han lanzado una consulta a sus bases para ratificar la línea roja, que pondrán sobre la mesa en la que se negocian los Presupuestos.
En su lugar, los de Sánchez deslizan un paquete de medidas dirigidos a mejorar la financiación del parque de vivienda, modificar la fiscalidad, y proteger de forma permanente el suelo público y las viviendas que se construyan en él. Un punto este último, que podría terminar de perfilarse en las próximas semanas. En concreto, los de Isabel Rodríguez, estudian blindar las condiciones de las Viviendas de Protección Oficial (VPOs) para evitar que –pasados los años- puedan salir al mercado un precio mayor al asignado.
El ministerio avanza -además- en el índice para regular la actualización anual de los contratos, que se está elaborando por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE). La Ley por el Derecho a la Vivienda estableció que Estadística definiría, antes del 31 de diciembre de 2024, un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda a partir de 2025, con el objeto de evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento.
Mañana se celebrará la comparecencia de la ministra. En ella, Rodríguez hará balance de las medidas puestas en marcha hasta la fecha, y evaluará sus resultados ante la Cámara Baja. "No vamos a parar hasta ver solucionado el problema de la vivienda, vamos a movilizar todos los recursos necesarios para garantizar este derecho", ha prometido desde la sala de prensa del Palacio de La Moncloa.
