Bruselas
La dificultad del Gobierno para consolidar pactos estables en el Congreso, y definir una hoja de ruta fiscal creíble ante Bruselas, tiene consecuencias en el Plan de Recuperación. Una coyuntura que ha quedado patente en el retraso que acumula España con respecto al calendario previsto de los desembolsos de fondos Next Generation. El Ejecutivo español debe activarse para solicitar, antes de que termine el año, el quinto y sexto pago de fondos europeos, agendados para 2024. Dos desembolsos, que conjuntamente, dejan en el aire 11.600 millones de euros.
Esos recursos serían el gran pilar para sostener la inversión el año próximo si se produjera otra prórroga presupuestaria y cualquier retraso tendrá consecuencias.
La planificación inicial del plan de Recuperación español establecía que el quinto pago se solicitaría en el primer semestre del 2024 para pedir, en la segunda mitad del año, el sexto pago. Se asocian a 7.600 millones de euros en fondos Next Generation en el primero de los casos y 4.000 en el segundo. Como añadido, el sexto tramo incluye, por primera vez, el desembolso de los créditos del plan de salida de la pandemia, con una cuantía de 14.400 millones en préstamos en condiciones ventajosas.
Es cierto que Bruselas tiende a ser flexible con los plazos de solicitud de pagos de los planes de Recuperación. El retraso dentro de un mismo ejercicio no supone un problema en sí mismo, aunque no sucede lo mismo si ese límite se supera de un año para otro. Dicho de otro modo, España debe pedir el quinto y sexto pago dentro del 2024, el ejercicio al que se había comprometido. Lo que le da escasos cuatro meses para cumplir con el calendario de dos desembolsos y las reformas e inversiones asociadas.
A efectos prácticos al Gobierno se le acumulan los deberes. Tiene hasta final de año para cumplir con el calendario que se había marcado y completar los casi 120 hitos y objetivos asociados a esta financiación. Un empeño en el que hay que considerar que la compleja aritmética parlamentaria dificulta llegar a acuerdos entre partidos políticos, sacar adelante las reformas y cumplir los compromisos con Bruselas.
Y para muestra un botón. La raíz de tal demora radica, realmente, en el cuarto pago. El Ejecutivo de Sánchez pidió el cuarto tramo de fondos, dotado de algo más de 10.000 millones de euros, en la cuenta atrás del 2023, a pocos días de que terminara el año. La no convalidación en el Congreso de la reforma del subsidio por desempleo tras el rechazo de Podemos, en el arranque de 2024, puso en jaque la recepción del pago completo. La Comisión Europea podría aplicar un pago parcial y retirar parte de fondos a España.
A partir de ahí, se pusieron en marcha toda una serie de mecanismos que confirieron a al Gobierno de Sánchez hasta medio año para sacar la reforma pendiente adelante. Primero, la Comisión Europea contó con un mes más para efectuar su evaluación. Luego, España negoció una prórroga argumentando la necesidad de cambiar ciertos elementos puramente técnicos en el plan. Y finalmente, en un intento por no interferir en las elecciones europeas, Bruselas flexibilizó unos días su veredicto para, finalmente, dar el visto bueno al pago en junio. Un desembolso que llegaba medio año después, con la reforma del subsidio por desempleo recién aprobada y un pequeño recorte en la cuantía del pago que, en todo caso, se alejaba del impacto que habría tenido no cumplir el hito caído a principios de año.
El desembolso de los fondos Next Generation EU está asociado al cumplimiento de una serie de reformas e inversiones que requieren de acuerdos entre los grupos políticos. Y, en lo que atañe al quinto pago, la reforma fiscal es una de las grandes prioridades por cumplir. También la que promete ser uno de los mayores quebraderos de cabeza para España, después de que el ministerio de Hacienda diera por completa la reforma con la subida de impuestos.
En sus recomendaciones por país emitidas la pasada primera, la Comisión Europea fue muy directa con España. Por un lado, le apremiaba a abordar "los retrasos emergentes" en el Plan de Recuperación. Por otro, aseveraba que "la reforma fiscal debe ser parte de la estrategia de consolidación fiscal de España". De paso, instaba al Gobierno a ejecutar las reformas comprometidas en el marco del Plan de Recuperación para modernizar el sistema tributario, hacerlo más efectivo y adaptarlo a las nuevas tendencias.
Fueron dos de los mensajes más contundentes de la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario, además, sugería al Gobierno ciertas ideas para avanzar en su ambición. Abogaba por medidas como la subida del IVA y le recordaba que tiene margen para considerar nuevos impuestos medioambientales. "La reforma fiscal debe ser parte de la estrategia de consolidación presupuestaria de España", afirmaba la Comisión Europea en su análisis.
Aunque desde el Gobierno no están tan de acuerdo con Bruselas. Al paso de tal aviso salía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Su réplica al tirón de orejas de la Comisión Europea iba más por la senda de la negativa. "Creemos que ya hemos tomado todas las decisiones necesarias para, precisamente, cumplir con las obligaciones que supone ese hito del quinto pago", aseguraba.
Aunque la última palabra al respecto, al fin y al cabo, la tendrá Bruselas, que es quien realiza tan evaluación. Aquí se podría abrir otro margen temporal para negociaciones entre Gobierno y Ejecutivo comunitario que más que hacer un favor a España, podría poner todavía más contra las cuerdas el cumplimiento de su calendario.
Aupará el PIB un 3,1% hasta 2026
El ministerio de Economía estima que el plan de Recuperación supondrá un crecimiento del 3,1% del PIB español en 2026. Un impacto que dibujará una curva ascendente hasta el 4% de 2031. Los países no están obligados a reclamar los préstamos incluidos en su plan, sin embargo, España fue muy vocal cuando ya en un inicio aseguró su intención de pedir la financiación al completo, es decir, los 163.000 millones, 83.000 millones en préstamos y 80.000 millones en fondos. El propio plan de Recuperación constituía un hito en sí mismo por tratarse de la primera emisión de deuda conjunta de la UE y si los veintisiete países fueron capaces de ponerse de acuerdo para ello fue porque el golpe económico del COVID sería mayúsculo. A la cuenta atrás hay que sumar otro horizonte, el de 2026, cuando está previsto que se ponga fin al plan de Recuperación. Sin prórrogas posibles, como viene afirmando el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, pese a las dificultades de los países para absorber en tan poco tiempo tanta financiación.
