El Defensor del Pueblo ha solicitado al Gobierno que los hogares vulnerables no tengan que devolver las cantidades exigidas por la Seguridad Social por cobros indebidos de Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones como las pensiones no contributivas o los subsidios por desempleo.
En un comunicado en su página web, la institución que dirige Ángel Gabilondo explica que ha pedido "una modificación del artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social que obliga al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a reclamar todas las deudas, en todos los casos". Esto afectaría solamente a las situaciones en las que "quede acreditada la buena fe de los beneficiarios o cuando el error sea atribuible a la Administración".
El organismo ha lanzado su solicitud al Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, departamento comandado por la ministra Elma Saiz, y lo ha justificado porque, en aquellos casos en los que los beneficiarios informan del cobro de nuevos ingresos, "a pesar de comunicarlo, las entidades gestoras tardan meses, incluso años, en revisar la prestación y cuando lo hacen reclaman la devolución de todo el periodo".
Ángel Gabilondo ha aseverado que en las últimas fechas han sido muchos los casos de ciudadanos afectados por esta problemática, "familias sin recursos y en situación, a veces, de extrema necesidad, que percibieron esta prestación social, y que tienen serias dificultades para hacer frente a las cantidades que ahora se les reclaman" y que han llevado a la institución a realizar esta solicitud.
"Por ello hemos hecho llegar a la Administración nuestra petición de que en estos procedimientos de reclamación se atienda a la situación de emergencia económica en la que se encuentran muchas de esas familias, y no se les exija la devolución de las cantidades percibidas", ha sentenciado Gabilondo.
