
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12659988/02/24/yolanda-diaz-entra-de-nuevo-en-la-guerra-entre-los-sindicatos-y-la-junta-de-castilla-y-leon-por-el-serla.htmlEl Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, el acuerdo que permite a la Fundación Serla hacer efectivos pagos de arrendamiento, personal y servicios derivados del ejercicio de sus funciones de mediación, que había vetado el anterior consejero, Mariano Veganzones, de Vox.
Apenas una semana después de la salida de Vox del Gobierno de coalición, Alfonso Fernández Mañueco ha revocado una de las decisiones más polémicas del que ha sido su socio de gobierno durante los dos últimos años: el recorte presupuestario al Servicio Regional de Mediación Laboral Serla, cuya misión es evitar la judicialización de los conflictos entre empresas y trabajadores.
Hoy, el Consejo de Gobierno ha facultado a la Fundación para que pueda abonar, con cargo a la aportación dineraria concedida por la Junta de Castilla y León el pasado mes de marzo, gastos de arrendamiento, costes salariales del personal de alta dirección y gastos derivados de los servicios prestados por empresas y profesionales en la gestión de todos los conflictos. Vox había prohibido destinar la subvención de 400.000 euros a estos fines.
Además, se amplía el periodo de ejecución de los fondos recibidos, de modo que, la Fundación podrá destinar la aportación económica de la Junta de Castilla y León, que se ha hecho efectiva el pasado mes de mayo, a sufragar gastos generados tanto durante el presente ejercicio como durante el segundo semestre del pasado año 2023.
De este modo, el Gobierno autonómico pretende facilitar el pleno funcionamiento de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León y posibilitar la financiación de su actividad mediadora en los conflictos surgidos entre empresas y trabajadores, evitando su judicialización.
El acuerdo aprobado es fruto del compromiso adquirido por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo este pasado lunes con CEOE, UGT y CCOO en el marco del Diálogo Social y constituye el punto de partida para abordar las dificultades económicas de la Fundación, informan desde la Consejería.
Sin renunciar a ahorros
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado que no renuncia a impulsar medidas de ahorro en el servicio como la búsqueda de un centro de trabajo con un arrendamiento más barato o "a coste 0". La Junta ahorrará 11.000 euros en alquiler en el Serla
En concreto, como ha especificado Fernández Carriedo, se debe una cuantía de 28.000 euros de alquiler de local y el salario del director gerentes de varios meses --una nómina que se equipara a la de un alto cargo de la Junta--, todo ello se cargará a la aportación concedida en marzo y que alcanzaba los 400.000 euros.
Fernández Carriedo ha insistido en que el objetivo de la Junta es garantizar el servicio de mediación laboral Serla como "lo ha hecho siempre", así, como el acuerdo de hoy, se "flexibilizan" los pagos para que el servicio pueda prestar sus servicios de forma "eficiente".
No obstante, ha defendido que se intentará asegurar su funcionamiento sin renunciar a la "eficiencia y la austeridad" y ha insistido en que, dentro de la búsqueda de esa eficiencia, "se puede aconsejar el traslado de la sede a una institucional".
Para el consejero, el Serla es un órgano "importante" que ofrece un servicio "relevante" en la gestión de conflictos laborales y que logra que en la Comunidad se rebaje la "conflictividad social", por lo que se asegura el servicio siempre "de la mano" de los agentes económicos y sociales.
En cuanto a la reunión del Consejo del Diálogo Social, el consejero ha avanzado que a finales de agosto o principios de septiembre habrá una reunión de la Comisión Permanente para avanzar en la reunión del Consejo.
El acoso de Vox al Serla ha sido uno de los conflictos más intensos que han tenido los agentes sociales con el anterior responsable de Industria, Mariano Veganzones. UGT y CC.OO. llegaron a pedir la intervención del Gobierno y de las instituciones europeas.