Madrid
España se encuentra rezagada en cuanto al esfuerzo presupuestario destinado a la educación terciaria, es decir, universidades y centros de Formación Profesional, según el informe "Education at a Glance 2014", comparada con otros países de la OCDE. En 2011, solo el 1,1% del gasto público total español se destinó a la educación superior, muy por debajo de la media de la OCDE, que se sitúa en el 3,3%, según recoge una publicación de Funcas titulada "La financiación de las universidades: sostenibilidad, eficiencia y redistribución".
Vanesa Berlanga, profesora del Departamento de Empresa y Economía de la Universitat Abat Oliba CEU, comparte su perspectiva sobre varios aspectos críticos de la educación superior en España. Respecto al gasto público en educación superior en España en comparación con otros países de la OCDE, Berlanga señala que España invierte menos. Específicamente, comenta: "El gasto en educación superior representa el 1,26% del PIB de España, mientras que la media de la OCDE es del 1,43% del PIB". También explica que, desde la investigación, se ha observado que mecanismos de apoyo como la beca "salario" son fundamentales para compensar estas diferencias de inversión, especialmente para grupos económicamente desfavorecidos. Esto refuerza la necesidad de políticas equitativas de financiación.
A nivel mundial, los estudiantes emplean una diversidad de mecanismos financieros para costear sus estudios superiores, desde becas hasta subvenciones. En Europa, los sistemas de financiación varían considerablemente. Por ejemplo, los países nórdicos optan por un modelo de becas generosas, mientras que en el Reino Unido y los Países Bajos predominan los préstamos. Por otro lado, naciones como Austria, Francia y España han otorgado subvenciones directas a las instituciones educativas, financiadas con los impuestos generales. Este modelo de financiación pública y directa hace que los recortes presupuestarios gubernamentales impacten fuertemente en la calidad y supervivencia de las instituciones de educación terciaria.
En un contexto de envejecimiento poblacional y crecientes déficits públicos, surge el debate sobre la viabilidad de un sistema de préstamos contingentes a la renta (PCR) en España. Se plantea que esta estructura podría ser altamente progresiva, con el 25% superior de la distribución de ingresos pagando casi la totalidad de la matrícula y el 10% inferior prácticamente exento. Además, la proporción de la educación universitaria financiada por el gobierno podría reducirse entre 16 y 56 puntos porcentuales en comparación con el sistema actual.
Oriol Amat, presidente del Registro de Economistas Docentes e Investigadores del Consejo General de Economistas y catedrático de la UPF, destaca que "el gasto público en educación superior en España es relativamente bajo en comparación con otros países de la OCDE". De acuerdo con el Informe CYD 2023, que recoge datos de la OCDE, España destina 14.361 dólares por estudiante de educación superior, mientras que el promedio de la OCDE es de un 20% superior. En términos de PIB, también gastamos un 20% menos que la media de la OCDE.
Es relevante la comparación con Francia y Portugal en términos de financiación de las universidades. En Francia, "hay más burocracia que en España, pero en cambio las universidades están mucho mejor financiadas". En cambio, "en Portugal, las universidades no reciben más financiación que en España, pero a cambio las universidades tienen mucha más autonomía de gestión y estructuras jurídicas más ágiles". España, en cambio, "está en el peor de los dos mundos comparado con Francia y Portugal. Hay mucha menos financiación que las universidades francesas y mucha más burocracia y menos autonomía de gestión que las universidades portuguesas". Las universidades españolas "mejorarían mucho sus déficits si consiguieran más financiación o, al menos, estructuras jurídicas más ágiles".
El gasto público universitario en España alcanzó su máximo en 2009, con un 1,09% del PIB. La crisis económica redujo este indicador, que cayó al 0,85% y apenas se recuperó ligeramente hasta el 0,86% en 2011, aún lejos de los niveles anteriores a la crisis. Este fenómeno es parte de una dolencia europea caracterizada por el envejecimiento de la población, la insuficiencia de las finanzas públicas y los primeros efectos del cambio climático.
Sin embargo, la demanda de educación superior sigue siendo alta. Según Statista, el número de estudiantes matriculados en universidades españolas aumentó un 4% desde el curso 2008-2009 hasta 2014-2015, alcanzando cerca de 1,57 millones de estudiantes. Curiosamente, el número de estudiantes en universidades privadas se triplicó en el mismo periodo, una clara reacción a la estrechez presupuestaria de las instituciones públicas.
Amat también considera que "el gasto público universitario en España ha mostrado una tendencia a la estabilización en los últimos años", aunque no ha recuperado los niveles previos a la crisis económica de 2008. Según el Ministerio de Educación, el presupuesto destinado a las universidades ha aumentado ligeramente en los últimos años, pero sigue siendo insuficiente para cubrir todas las necesidades del sistema universitario.
Para evitar que las desigualdades aumenten aún más, es necesaria una intervención del sector público, y los PCR parecen una solución viable. Un reto importante para la viabilidad de estos sistemas en España es el funcionamiento del mercado laboral para los graduados universitarios. La alta tasa de desempleo juvenil y la prevalencia de empleos temporales con ingresos bajos e inestables complican la transición a un sistema de PCR, en contraste con el modelo de subsidios financiado por impuestos generales. En este sentido, España presenta un caso especialmente extremo de mercado laboral disfuncional, donde la volatilidad en el empleo temporal plantea desafíos significativos para los ingresos futuros y el pago de los créditos educativos.
A diferencia de España, el Reino Unido ha incrementado significativamente los recursos destinados a la educación universitaria mediante varias reformas en las últimas dos décadas. Estas reformas han incluido el aumento de las tasas y la implementación de un sistema de préstamos condicionados a los ingresos, lo cual ha mostrado buenos resultados en términos de progresividad y acceso a la educación.
En cuanto a la evolución del gasto público universitario, Berlanga indica que, aunque hubo un ligero aumento del 1% en el gasto público en educación superior entre 2012 y 2018, esto contrasta con un crecimiento del PIB del 12,8% durante el mismo periodo. "Este estancamiento en la inversión en educación superior podría tener repercusiones a largo plazo en la calidad y accesibilidad de la educación superior", afirmó. Además, explica que este estancamiento se refleja en la disminución del número de becas y subvenciones disponibles, lo cual agrava las desigualdades en el acceso a la educación superior. También señala que ha limitado la capacidad de las universidades para actualizar y expandir sus instalaciones y recursos tecnológicos, algo crucial para mantener la relevancia y la competitividad en el panorama educativo global. "Esto ha llevado a una creciente presión sobre las instituciones para que incrementen sus esfuerzos de captación de fondos privados y fomenten colaboraciones con el sector empresarial, lo cual podría alterar las prioridades académicas y de investigación", añade.
El objetivo del estudio de Funcas es evaluar cómo funcionaría en España un sistema de préstamos similar al británico y sus implicaciones distributivas sobre la renta vitalicia y la carga de pagos para los trabajadores. Un desafío particular es el mercado laboral español, caracterizado por una alta tasa de empleo temporal y juvenil, que podría dificultar la implementación efectiva de un sistema de préstamos contingentes a la renta (PCR).
La OCDE clasifica a los países en cuatro modelos de financiación universitaria, basados en las tasas de matrícula y las ayudas económicas:
- Modelo 1: Países nórdicos con tasas bajas o inexistentes y generosas ayudas económicas (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia). Estos países tienen sistemas fiscales progresivos y financian la educación universitaria con impuestos elevados. Los estudiantes no pagan matrícula y reciben importantes ayudas públicas, lo que facilita el acceso a la educación superior.
- Modelo 2: Países con tasas de matrícula elevadas y sistemas desarrollados de ayuda a los estudiantes (Australia, Canadá, Países Bajos, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos). A pesar de las altas tasas, más del 75% de los estudiantes reciben ayudas públicas, lo que permite un acceso significativo a la educación terciaria.
- Modelo 3: Países con tasas de matrícula altas y sistemas de ayuda menos desarrollados (Chile, Japón y Corea). Aunque las tasas son elevadas, las ayudas son limitadas, lo que restringe el acceso a la educación superior. Sin embargo, Japón y Corea han comenzado a implementar reformas para mejorar sus sistemas de ayuda.
- Modelo 4: Países con tasas de matrícula bajas y sistemas de ayuda menos desarrollados (Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Suiza y España, además de México y Uruguay). Estos países cobran tasas de matrícula moderadas y ofrecen ayudas económicas limitadas. El acceso a la educación superior es relativamente bajo, y las instituciones dependen en gran medida de la financiación pública, lo que las hace vulnerables a los recortes presupuestarios.
España se encuentra en el cuarto modelo, con tasas de matrícula moderadas y ayudas económicas limitadas, lo que dificulta la movilidad estudiantil y la competencia entre universidades. Para mejorar el acceso y la calidad de la educación superior, se sugiere considerar la implementación de sistemas de ayuda más amplios y la participación de otras instituciones en la financiación, como subsidios de alojamiento y desgravaciones fiscales.
En cuanto a la viabilidad de un sistema de préstamos contingentes a la renta en España, Berlanga menciona que, aunque no hay detalles específicos sobre propuestas recientes, la implementación de estos préstamos podría ser un mecanismo viable para facilitar el acceso a la educación superior. Sin embargo, expresa sus dudas al respecto, afirmando: "No creo en este sistema debido a preocupaciones sobre su sostenibilidad a largo plazo y su adecuación al contexto socioeconómico español". Destaca que la variabilidad en los ingresos y las tasas de empleo en España podría complicar la implementación efectiva de un sistema de préstamos basados en los ingresos, especialmente en un mercado laboral caracterizado por alta temporalidad y baja remuneración en sectores donde se emplean muchos jóvenes graduados. También señala que la incertidumbre económica y la carga administrativa necesaria para gestionar estos préstamos podrían resultar en un sistema menos eficiente y más costoso de lo previsto. Además, existe el riesgo de que estos préstamos desincentiven a los graduados a buscar empleo o a declarar su ingreso real, lo cual podría socavar los principios de equidad y acceso que el sistema busca promover. Por estas razones, Berlanga cree que es fundamental analizar más profundamente las implicaciones de los préstamos contingentes a la renta antes de considerar su implementación en España.
¿Cómo afectaron los recortes?
Desde la crisis económica de 2008, las universidades españolas han enfrentado una dura realidad marcada por recortes significativos en sus presupuestos gubernamentales. Este fenómeno ha tenido repercusiones profundas en diversos aspectos clave de la educación superior en el país.
En términos concretos, la financiación actual de muchas universidades públicas españolas está un 20% por debajo, ajustado por inflación, de los niveles de financiación que recibían en 2008. Esta reducción ha provocado una disminución considerable en el número de personal docente y administrativo, así como una notable merma en el poder adquisitivo de los salarios. Además, los fondos destinados a investigación y desarrollo se han visto significativamente reducidos, afectando directamente la capacidad de innovación y el avance académico de estas instituciones.
Esta reducción ha afectado negativamente la calidad de la enseñanza, la capacidad de investigación y el mantenimiento de infraestructuras. Las universidades también han tenido dificultades crecientes para mantener la calidad de la docencia y la investigación.
Berlanga también destaca que los recortes han disminuido en un 20% los fondos desde 2008 hasta 2020, impactando negativamente la calidad y los servicios educativos. Añade que "este descenso ha afectado la calidad y los servicios de las instituciones educativas", y además, la reducción en la financiación ha llevado a un aumento en las tasas de matrícula y a una disminución en la oferta de cursos y programas disponibles para los estudiantes. Según Berlanga, también ha habido una notable reducción en la contratación de personal docente y en la inversión en infraestructura y tecnología educativa. Comenta que "esta situación ha impulsado a muchas instituciones a buscar fuentes alternativas de financiación", lo que en ocasiones ha generado dependencia de asociaciones privadas, afectando la independencia académica de las instituciones.
La calidad de la educación universitaria se ha visto comprometida de manera evidente. Los recursos destinados a la infraestructura han sido insuficientes para mantener y mejorar adecuadamente las instalaciones, lo que afecta tanto el ambiente de aprendizaje como las condiciones de trabajo para estudiantes y profesores.
En términos de competitividad internacional, las universidades españolas han experimentado una disminución en su capacidad para posicionarse como líderes en la arena académica global. La falta de recursos adecuados ha obstaculizado la capacidad de estas instituciones para innovar y atraer talento internacional, debilitando su posición en comparación con otras universidades europeas y mundiales.
Sobre el impacto de la crisis económica en la financiación de la educación superior, Berlanga comentó que la crisis económica global y, más recientemente, la pandemia, han exacerbado los desafíos de financiación en la educación superior. "Ha habido una disminución notable en la inversión pública y un incremento en la dependencia de fuentes de financiación alternativas, como las tasas de matrícula, que ponen una carga adicional en los estudiantes y sus familias", destaca Berlanga. Añade que esta situación ha restringido la capacidad de las universidades para ofrecer servicios de apoyo estudiantil y becas, afectando principalmente a los estudiantes más vulnerables económicamente. "El recorte en los fondos también ha impactado negativamente en la investigación y el desarrollo, reduciendo las oportunidades para innovaciones y avances académicos vitales para el crecimiento económico y social del país", explica la profesora.
En respuesta a la disminución de la financiación pública, muchas universidades han tenido que ajustar sus presupuestos, lo que a veces ha resultado en la reducción de personal y recursos, afectando la calidad de la educación ofrecida. En este contexto, Berlanga menciona que la Fundación Universitaria San Pablo CEU es un caso admirable, ya que ha hecho una inversión significativa en becas y ayudas al estudio. "En el curso 21/22, la fundación incrementó su fondo de becas a más de 13 millones de euros, representando un aumento considerable respecto al año anterior. Han expandido el número de ayudas concedidas en un 14%, alcanzando a más de 5,558 familias, marcando un récord en su historia de apoyo a los estudiantes", resalta. Este compromiso con la educación y la equidad se refleja en una amplia gama de programas de becas, como el "Programa de Becas y Ayudas", que busca premiar el esfuerzo y la excelencia académica, permitiendo que estudiantes de diversos orígenes socioeconómicos accedan a una educación de calidad independientemente de su situación económica.
Es importante destacar que las consecuencias de estos recortes no han sido uniformes en todo el país. Existen disparidades significativas entre las comunidades autónomas en cuanto a la financiación y la inversión en educación superior. Por ejemplo, regiones como el País Vasco y Navarra, que disponen de una mejor financiación autonómica, tienden a invertir más en sus universidades en comparación con comunidades como Cataluña, Murcia o Madrid, donde los recursos han sido más limitados.
Los expertos de FUNCAS subrayan que los desafíos fiscales, demográficos y de inversión en diversos sectores amenazan la sostenibilidad de los sistemas de educación superior competitivos en Europa. La dependencia de subvenciones financiadas con impuestos y las tasas de matrícula uniformes para todos los niveles de ingresos agudizan los problemas de financiación, especialmente cuando los fondos públicos son limitados. Esto requiere explorar alternativas como los préstamos contingentes a la renta (PCR), que ofrecen flexibilidad y progresividad.
El análisis se centra en España, que presenta un mercado laboral caracterizado por altos niveles de desempleo y alta incidencia de contratos temporales. Los expertos creen que un sistema de PCR progresivos podría ser viable y beneficioso, redistribuyendo la carga financiera de manera más equitativa. En este sistema, los ingresos futuros determinan los pagos, lo que podría reducir la carga del gobierno en comparación con el sistema actual.
Pese a sus ventajas, los PCR no tienen una alta demanda, posiblemente debido a que se perciben como préstamos tradicionales. Sin embargo, los PCR se asemejan más a becas reembolsables y ofrecen una estructura progresiva donde los más ricos contribuyen más. El apoyo a los PCR podría venir de familias de ingresos medios y bajos, ya que el sistema desvincula la financiación de la educación de los antecedentes familiares, promoviendo la movilidad intergeneracional.
La falta de apoyo también puede deberse a la ignorancia de los votantes o a la complejidad de la política real, donde podrían formarse coaliciones estables en torno a otros temas. Finalmente, aunque el enfoque se centra en las ganancias de recursos y progresividad, los PCR tienen limitaciones y beneficios adicionales. Proporcionan un componente de seguro mediante la exención de deuda y el reembolso, lo cual es beneficioso en mercados laborales volátiles. Además, al depender menos de los recursos públicos, las universidades serían menos vulnerables a los recortes presupuestarios y la incertidumbre política. Es necesario seguir investigando y debatiendo políticas para perfeccionar y aplicar estas soluciones.
Ante esto, Amat considera que "la viabilidad de implementar un sistema de préstamos contingentes a la renta en España es una cuestión compleja y de difícil aplicación en España". Este tipo de sistema podría facilitar el acceso a la educación superior y reducir la carga financiera inmediata sobre las familias. Sin embargo, su implementación requeriría "una reestructuración significativa del sistema de financiación educativa y en la actualidad diría que es un tema que no está en la agenda política".
En cuanto al impacto del envejecimiento de la población y los déficits públicos en la financiación de la educación superior en España. El profesor de la UPF cree que el envejecimiento de la población y los déficits públicos son dos de los principales problemas que tiene la educación superior en España. "Con una población envejecida, una mayor proporción del presupuesto público se destina a pensiones y salud, dejando menos recursos disponibles para la educación". En las universidades públicas ha ido aumentando la edad media del profesorado a causa de las restricciones para contratar a más profesorado. Por ejemplo, según el Informe CYD 2023 la edad media de los funcionarios de la universidad pública supera los 55 años (59 en el caso de los catedráticos). Esta situación exige una reforma estructural en la financiación de las universidades, explorando nuevas fuentes de ingresos y modelos de financiación más sostenibles a largo plazo. El crecimiento del gasto público en educación superior y la colaboración público privada son algunas de las posibles soluciones para mejorar la infrafinanciación.
