Madrid
El Gobierno encara la elaboración del techo de gasto (de nuevo) más ambicioso de la historia con varias aristas que condicionarán la evolución de las finanzas públicas españolas. El crecimiento del PIB por el impulso del turismo, mejor de lo previsto, otorgará mayor margen de maniobra a Moncloa para elevar su techo de gasto. De hecho, el Gobierno juega con el mantenimiento de los impuestos extraordinarios a las empresas de la banca y la energía. Teniendo en cuenta que las reglas fiscales obligarán a un ajuste del déficit en mayor o menor medida, la autoridad fiscal proyecta un incremento del techo de gasto del 2,7%, lo que supondrían unos 5.100 millones adicionales sobre los actuales 189.000 millones (descontando el impacto de los fondos europeos) que propuso el Gobierno hace menos de siete meses.
Ese límite de gasto no financiero, en todo caso, sería lo máximo que podría ampliar el desembolso el Gobierno si quiere que las Administraciones Públicas cumplan con las nuevas exigencias de la Comisión Europea, explicaba la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero. En todo caso, que el techo de gasto suba un 2,7% ya es un síntoma de cambio de ciclo, pues históricamente ha crecido un 4,5%, señalaba en Santander Herrero. "No debería sobrepasar esa cifra", confirma también el Inspector de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre.
El Gobierno juega, por supuesto, con la baza de los impuestazos a la banca y las energéticas. Dos tributos que llegaron como respuesta extraordinaria para hacer frente al imponente gasto de la pandemia y la recuperación económica posterior ganan enteros para quedarse de forma permanente. Aportarían, de hecho, unos 3.000 millones de euros adicionales a las arcas públicas.
"Estamos en un momento de impasse por el boom económico imprevisto, la no deflactación del IRPF (ajustar el tipo de un impuesto a la evolución de los precios para evitar la pérdida de poder adquisitivo) que ha mejorado la recaudación tributaria y por los impuestos solidarios", analiza el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich. Precisamente, el hecho de no ajustar el impuesto sobre la renta a la inflación le ha dado una ventaja recaudatoria a España que ha permitido seguir gastando.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo preparaba esta misma semana la presentación del techo de gasto que, a su vez, supondría el pistoletazo para preparar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 tras fallar este curso. El nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno español recogerá un crecimiento más cercano al 2,5% que al 2% actual, en línea con los principales organismos y servicios de estudios nacionales e institucionales. Esto significaría que la cartera económica estaría observando un crecimiento adicional de unos 7.000 millones respecto al escenario actual.
De la Torre señala otro aspecto a considerar para repartir el gasto público en el próximo ejercicio: la evolución de los gastos impropios de la Seguridad Social que asume la Administración General del Estado a través de créditos, es decir, los traspasos que realiza el Tesoro a cargo de impuestos o un incremento de deuda. La partida de las pensiones es la más elevada y la evolución demográfica genera una imparable bola de nieve en términos de esfuerzo presupuestario.
Además del aumento natural de las partidas concretas que son consideradas "impropias" de la Seguridad Social (los gastos en prestaciones asistenciales, sanitarios, las Clases Pasivas...), la ministra de la Seguridad Social manifestó abiertamente su potestad de culminar la separación de fuentes de financiación, consiguiendo que las pensiones se financien en mayor medida a través de impuestos o deuda. Esto, además de romper el principio de contributividad del sistema, restaría espacio fiscal al resto de partidas presupuestarias, teniendo en cuenta que las transferencias ya suponen el 3% del PIB.
En vilo por Bruselas
La Comisión Europea ha diseñado unas reglas fiscales adaptadas a la situación de cada país. En el caso español, la AIReF explica la doble vía para retomar la senda de responsabilidad en el gasto. La primera sería más agresiva, realizando una reducción del déficit primario (descontando el coste de los intereses por deuda pública) durante cuatro años a razón de unos 10.000 millones anuales. Sin duda, el camino más complejo; esto se podría paliar si el tándem de Economía y Hacienda convencen a los técnicos de Bruselas con un plan de medidas a siete años vista, rebajando el esfuerzo anual a unos 6.000-7-000 millones de euros.
Aunque los auditores públicos señalan un alza del techo de gasto como máximo del 2,7% para cumplir con las reglas fiscales, el abogado abre la puerta a varios escenarios. "Estamos en un proceso de construir un Gobierno en la Unión Europea. Europa influirá en las reglas fiscales, y esta política fiscal es lo que planea ahora sobre todos los países", indica Pich.
"La evolución económica también afectará y condicionará la aplicación de las reglas fiscales", explica el experto en asesoramiento legal y económico, dejando entrever que España llegaría en buena posición a la nueva era de responsabilidad fiscal por su evolución económica mejor de lo previsto, por su buen hacer respecto a Centroeuropa -que ha sufrido en mayor medida el impacto de la guerra de Ucrania- o por los casos de Francia o Italia, las grandes economías señaladas por su elevado déficit estructural.
La maniobra del PP y su veto en el Senado
La Comisión de Igualdad del Senado restituyó esta misma semana su veto al techo de gasto que el Congreso había eliminado a través de la Ley de Paridad. Lo hizo a través de una enmienda propuesta por el PP en la Cámara Alta, donde la mayoría es popular. Elimina la Disposición Final Cuarta del proyecto de Ley, que había sido introducida por PSOE y Sumar en el Congreso y que modificaba el apartado 6 del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para especificar que si el Senado rechaza los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública aprobados por el Congreso, estos se someterán de nuevo a votación en el Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple.
Actualmente, la Ley establece que de ser rechazados por el Congreso o por el Senado, el Gobierno tiene un mes para remitir un nuevo acuerdo, que sería el verdadero reto de los socialistas si quieren pasar a negociar unos nuevos Presupuestos. Está previsto que el próximo 17 de julio el Pleno del Senado debata y vote la Ley de Paridad. En todo caso, los socialistas ya han anunciado que, de ser aprobado definitivamente por la Cámara Alta con los cambios incorporados por los 'populares', harán lo propio en el Congreso.