
En un escenario incierto para la segunda economía del euro tras unos resultados electorales que apuntan a una Francia que elevará sus niveles de déficit, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se embarcan este lunes en una nueva conversación para definir la política fiscal de cara al próximo año. Se trata de un momento en el que los países tendrán que delinear sus planes estructurales y presupuestarios para que Bruselas les dé el visto bueno a lo largo del próximo otoño.
La conversación apunta a una relajación respecto a las indicaciones que convenían los Veinte el pasado marzo. El Eurogrupo abogada en ese momento por una política fiscal restrictiva para reducir el déficit y la deuda públicos. Si bien se mantendrá la idea de defender la disciplina fiscal, todo apunta a que el ajuste será más pequeño de lo que se requería en marzo, según han informado fuentes diplomáticas.
El momento es el oportuno. En septiembre, los Estados miembro deberán presentar ante la Comisión Europea sus planes estructurales a cuatro años, extensibles a siete en caso de que se justifique con reformas e inversiones. Unos planes que se ampararán en las nuevas reglas fiscales cuya reforma fue aprobada el pasado abril. Además, antes del 20 de octubre deberán presentar sus planes presupuestarios de cara al próximo ejercicio, cuando sí se aplicará plenamente la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La idea es que los Veinte converjan hacia un entendimiento común de qué dirección deberá adoptar la política fiscal en 2025. Todo ello teniendo en cuenta que hace ya más de un año que Bruselas viene pidiendo a los países que retiren las medidas de apoyo que pusieron en marcha para mitigar el impacto de la guerra de Ucrania y el alza de los precios de la energía.
Hace seis meses, los titulares de Economía y Finanzas pedían una estrategia de "consolidación fiscal determinada, gradual y realista", que "refuerce la sostenibilidad fiscal, reconstruya colchones fiscales", contribuya a generar un "crecimiento sostenible" e impulse "la resiliencia de la zona euro ante futuros retos, incluida la equidad generacional".
Es en este contexto en el que instaban a evitar "medidas permanentes de aumento del déficit para facilitar una reducción duradera del déficit y de la deuda", según la declaración conjunta, que apunta a una "orientación fiscal restrictiva" en 2024 por parte de todos los países de la zona euro.
Hace poco más de una semana que la autoridad fiscal comunitaria, la Junta Fiscal Europea, reclamaba a países con niveles elevados de deuda, como España, un "ajuste fiscal extra". El informe elaborado por el organismo será debatido entre los Veinte. Concretamente, apuntaba "los Estados miembros con niveles de deuda alta como Bélgica, Grecia, España, Francia e Italia, que según el último de la Comisión (11 países) están clasificados como de alto riesgo a medio plazo, deberían aprovechar la oportunidad para hacer un esfuerzo adicional para reducir sus déficits presupuestarios".
Los llamamientos de Bruselas a retirar las medidas energéticas para suavizar el impacto de la subida de los precios buscaban una coordinación entre la política fiscal y la política monetaria emprendida por el BCE. La idea es que no fueran contradictorias y que la subida de tipos de interés consiguiera el objetivo de llevar a la inflación a niveles del 2%, como buscaba el organismo capitaneado por Christine Lagarde. No asistirá al encuentro el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por problemas de agenda.
Vista a medio plazo
Los titulares de Economía y Finanzas del euro abordarán también los avances en la unión de mercados de capitales, mantendrán una conversación más en profundidad sobre la estrategia de competitividad del bloque de cara a la próxima legislatura y abordarán la entrada de Bulgaria en la eurozona el próximo año.
En la reunión del Ecofin del martes, que incluye a toda la UE, los ministros debatirán sobre la recomendación de Bruselas de abrir procedimientos por déficit excesivo a siete países, aunque no se espera una decisión al respecto hasta pasados unos días. Si bien España esquivaba el grupo de países que entrarán en procedimiento por déficit excesivo, un combo en el que están incluidos Francia, Italia o Bélgica, sí avisaba al Gobierno de que el gasto en 2024 superará ese límite del 2,6% que recomendaba la Comisión Europea y se elevará al 3,8%.