De 710 dólares australianos a 1.600, o lo que es lo mismo, de menos de 500 euros a más de 1.000. Australia ha multiplicado por más de dos el precio del visado que desde hoy tendrán que pagar estudiantes internacionales que quieran entrar al país como medida de contención de la inmigración para aliviar un mercado inmobiliario ajustado cada vez más tensionado.
La inmigración neta aumentó un 60% en 2023 hasta marcar el récord de 548.800 personas llegadas en los tres primeros trimestres del año. Fue el colofón final al boom de entradas de extranjeros, que se dispararon una vez superada la pandemia. Desde entonces, el país ha aplicado diferentes medidas para contener la inmigración, sobre todo, a través de la vía de los estudios.
Con el aumento del 125% de las tarifas de la visa de estudiante, acudir al país oceánico resulta mucho más caro que decantarse por otros destinos, como EEUU y Canadá, donde cuestan alrededor de 185 dólares estadounidenses y 150 dólares canadienses canadienses, respectivamente (entre 175 y 100 euros).
Además, el Gobierno está trabajando en acabar con algunas lagunas respecto a las reglas de las visas, que permitían a los estudiantes extranjeros extender continuamente su estancia en el país. Lo hace después de que el número de jóvenes con visas posteriores aumentara en más del 30% a más de 150.000 en 2022-23.
La medida genera controversia. El intento de contener por esta vía la entrada de inmigrantes busca, entre otras cosas, rebajar la tensión que vive el mercado inmobiliario ante una demanda insuficiente para la oferta que dispara los precios, especialmente en ciudades como Sidney o Melbourne. Pero hay quien ve riesgo para la industria de la educación internacional, una de las más grandes que exporta Australia (aportó 36 400 millones de dólares australianos a la economía en el año financiero 2022-2023) y un pilar de la economía.
El director ejecutivo de Universities Australia, Luke Sheehy, ha indicado a la CNBC que la continua presión política sobre el sector pondría en riesgo la posición de fortaleza del país. En la misma línea se han pronunciado Abul Rizvi, ex subsecretario del departamento de inmigración de Australia, y el director ejecutivo de la Asociación Internacional de Educación en el país, Phil Honeywood, al advertir de los riesgos de una reducción de las solicitudes de futuros estudiantes.
Rizvi ha asegurado que la medida es "una forma de pensar realmente pobre y a corto plazo", que ya está provocando "despidos masivos" y pérdidas dentro del sector, y ha alertado de que el país se estaba "disparando en el pie" porque el encarecimiento de la visa disuadirá a buenos estudiantes con opciones. Honeywood, por su parte, ha recordado el caso concreto del proveedor de servicios IDP Schooling, que en una nota a inversores mostró hace unos días que la previsión de que el tamaño del mercado educativo internacional se reduzca en Australia entre un 20% y un 25% en los próximos 12 meses ante tantas restricciones. Pronostica una "muerte por mil recortes".
El Gobierno, sin embargo, confía en su hoja de ruta. La ministra del Interior, Clare O'Neil, ha asegurado en un comunicado que "los cambios que entran en vigor hoy ayudarán a restablecer la integridad de nuestro sistema educativo internacional y crearán un sistema migratorio más justo, más pequeño y con mayor capacidad para brindar resultados a Australia", y su compañero de la cartera de Educación, Jason Clare, ha reconocido que "la educación internacional es un activo nacional increíblemente importante y tenemos que garantizar su integridad y calidad".
El plan no es nuevo. Ya a finales de 2023, Australia endureció las reglas de visa de estudiante. Entre otras cosas, hizo mucho más estrictos los requisitos de nivel de inglés y la exigencia de ahorro requerido a los estudiantes para acceder: lo elevó a 29.710 dólares australianos desde 24.505 en el que fue el segundo aumento en siete meses.