El panel de expertos del Consejo General de Economistas (CGE) ha llamado la atención este jueves sobre la excesiva presión regulatoria en torno a la sostenibilidad, como pone de manifiesto el hecho de que, desde 2012 a 2022, las normativas de obligado cumplimiento se hayan incrementado más de un 1.000% (de 14 normas se ha pasado a 165) y que las recomendaciones de estándares de conducta hayan aumentado más de un 1.600% (13 en 2012, frente a las 226 en 2022). Aunque para los expertos del CGE es positivo que haya claridad normativa ante una nueva materia y campo de actividad, entienden que "este maremágnum normativo precisa de una adecuada racionalización en relación con la definición de métricas y de automatización de datos para poder confirmar su trazabilidad. Solo se podrá conseguir el objetivo final de introducir esta cultura y que tenga un calado profundo y estructural, es decir con garantías de éxito, con un número reducido, claro y homogéneo de normas y requerimientos, ya que cantidad no es sinónimo ni de calidad ni de necesidad". Visite el portal especializado elEconomista ESG.
Al mismo tiempo, consideran que la Administración no debería quedar eximida del reporte de información en materia de sostenibilidad, ya que "es precisamente esta quien debería servir de ejemplo al resto de actores"; por ello, para que este proceso sea completo, creen que "faltarían por delimitar los requisitos de información corporativa sobre sostenibilidad para todo el amplio espectro de las entidades no lucrativas y las entidades del sector público, a todos sus niveles". "Reportar sobre temas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) es un ejercicio que, bien enfocado, aportará mucho a la gobernanza y a la economía productiva en el medio y largo plazo, pero en esta ecuación deben estar todos los actores que influyen en la economía y el desarrollo social del país, tanto los administrados como la Administración", han señalado.
El Consejo General de Economistas de España (CGE) ha presentado hoy el documento "Conclusiones de la Primera reunión del Consejo Asesor en Sostenibilidad del CGE". Dicho Consejo Asesor fue creado a finales de 2023 y está integrado por expertos de diferentes ámbitos de la economía y del mundo académico con una prestigiosa trayectoria profesional multidisciplinar. El cometido principal de este Consejo es ser un foro de debate y discusión de todas aquellas cuestiones que, en el ámbito de la sostenibilidad van surgiendo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
Además de por el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, el Consejo Asesor de Sostenibilidad del CGE está formado por el presidente del Registro de Economistas Auditores (REA-CGE), Emilio Álvarez; el expresidente del ICAC y consejero de Redeia y de Mapfre, Antonio Gómez Ciria; la expresidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos; el director del Servicio de Estudios del CGE y presidente de EFAA for SMEs, Salvador Marín; la directora de Proyectos Internacionales del Ivie y consejera del CES, Matilde Mas; el ex secretario general del PIOB, Gonzalo Ramos; y el expresidente de Deloitte España, Fernando Ruiz.
En su intervención, el presidente de los economistas, Valentín Pich, ha hecho alusión a la Directiva 2022/2464 de información corporativa en materia de sostenibilidad (CSDR), que debería estar traspuesta al ordenamiento jurídico español en el próximo mes de julio. Según Pich "en el caso de las pymes que formen parte de la cadena de suministro de una gran empresa obligada a elaborar informes de sostenibilidad, se debería respetar la materialidad, obligándolas a reportar solo sobre aquellos aspectos que realmente sean relevantes, y no añadir trámites burocráticos innecesarios que supongan una carga, restándoles competitividad". "La ley resultante de la trasposición de esta directiva debería contemplar una aplicación proporcional de la norma para este tipo de pymes", ha remarcado. No obstante, el presidente del CGE ha animado a las pymes a elaborar informes sobre sostenibilidad de forma voluntaria, "lo que les ayudará a conseguir nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento al mejorar su reputación de cara a sus clientes, accionistas, entidades financieras y stakeholders". Recordemos, ha comentado, "que, con datos de 2023, el 66% de las empresas del Ibex 35 evalúan a sus proveedores bajo criterios sociales y el 71% en base a criterios ambientales, y que el 64% de los consumidores españoles tiene casi siempre en cuenta en sus compras la sostenibilidad; por lo tanto, a la vista de estos datos, no cabe duda de que la elaboración de informes de sostenibilidad, de forma voluntaria, por parte de las pymes, aumentará su competitividad, especialmente para las pymes que quieran optar a suministrar a empresas de mayor dimensión u otros negocios dentro de su área sectorial".
A continuación, han intervenido todos los miembros del Consejo Asesor de Sostenibilidad del CGE quienes han disertado, entre otras cuestiones, sobre el grado de concienciación de las pymes en materia de sostenibilidad; la forma de medir el impacto social de las organizaciones y qué les reporta; las ventajas e inconvenientes de la obligación de reportar sobre temas medioambientales, sociales y de gobernanza; y qué pueden hacer las empresas para que la información de sostenibilidad tenga las cualidades establecidas en la legislación.
