El Gobierno ha activado la Red de Coordinación para la Seguridad en Procesos Electorales, cuyo objetivo es adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las próximas elecciones europeas del 9 de junio y ha incluido por primera vez a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia dentro de este dispositivo.
Esta red, que ha funcionado en todos los comicios desde 2019, sigue las recomendaciones de la Unión Europea para salvaguardar el derecho al voto en un contexto internacional sujeto a nuevas amenazas sobre las comunicaciones y sistemas informáticos, además de a procesos de desinformación.
La red está formada por la Junta Electoral Central; Presidencia del Gobierno; los ministerios del Interior, Defensa, para la Transformación Digital y de la función Pública, y el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. También son miembros de la red el Departamento de Seguridad Nacional; la Agencia Española de Protección de Datos; la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos; el Instituto Nacional de Estadística, además de la ya citada Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Los últimos casos de ataques que se han producido en Alemania y la República Checa han generado preocupación en la OTAN. Los Aliados reconocen que ambos países han atribuido la responsabilidad de estas actividades cibernéticas maliciosas al grupo APT28 patrocinado por la Federación de Rusia, concretamente por la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor ruso. Los Aliados también observan con preocupación que el mismo agente de amenazas se dirigió contra otras entidades gubernamentales nacionales, operadores de infraestructuras críticas y otras entidades de toda la Alianza, entre ellas Lituania, Polonia, Eslovaquia y Suecia.
Para paliar esta creciente amenaza, y con el objetivo de integrar esta red nacional dentro de la Red Europea de Seguridad en Elecciones, sus acciones se estructuran en cuatro grandes bloques: proceso electoral; datos personales; seguridad física y ciberseguridad; y desinformación.
En lo que se refiere al desarrollo del proceso electoral, los principales actores que participan en la Red para garantizar la seguridad son la Dirección General de Política Interior, el Instituto Nacional de Estadística, la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consultares, el Centro Criptológico Nacional y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
Por su parte, la Agencia Española de Datos será la encargada de vigilar los ataques que puedan producirse en el tratamiento de los datos de carácter personal.
En el ámbito de la seguridad física, en el que se incluye el despliegue de efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales, la red se ocupará también de la protección frente a las ciberamenazas, una misión en la que intervendrán los Centros de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT) de la Administración, la Oficina de Coordinación de la Ciberseguridad (OCC), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y el Centro Criptológico Nacional (CCN).
Por último, el Departamento de Seguridad Nacional coordinará la lucha contra las campañas de desinformación, una tarea en la que tienen también un papel fundamental la Secretaría de Estado de Comunicación y la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Las principales amenazas que afronta nuestra seguridad nacional para 2024 se centrarán en las campañas de desinformación y la vulnerabilidad del ciberespacio. En un año marcado por las citas electorales, ya que se van a producir más de 70 elecciones que involucran a la mitad de la población mundial, los servicios de seguridad consideran que la posibilidad de injerencias extranjeras a través de campañas de desinformación resulta una amenaza presente.
De hecho, la presencia de espías extranjeros en nuestro país ha vuelto a incrementarse tras una fuerte caída el año anterior. La diseminación de información falsa, orientada a polarizar la opinión pública, obliga a adoptar medidas de protección de dichos procesos electorales. Además, el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial generativa pone al alcance la creación de contenidos falsos con un alto grado de calidad, hasta el punto de complicar la capacidad de discernir lo auténtico de lo falso.
