Bruselas
El caso 'Koldo' amenaza la recepción de fondos europeos para España. La investigación por los contratos irregulares en la compra de mascarillas por el Gobierno de Baleares y Canarias durante la pandemia podría comprometer la llegada de fondos europeos. Concretamente, están en juego unos 22.550 millones de euros en fondos comunitarios para el desarrollo regional, asignados de 2021 a 2027.
Se trata de la financiación europea afectada por el caso 'Koldo'. La trama implica un supuesto uso irregular de fondos europeos para el desarrollo regional (FEDER) para realizar las compras de mascarillas sanitarias durante la pandemia. En caso de probarse que ha habido fraude de fondos comunitarios, Bruselas podría suspender el programa afectado, pedir una corrección financiera o la devolución íntegra del importe económico asociado a estos fondos.
Se trataría, en todo caso, de actuaciones que afectarían a los fondos FEDER, cuya asignación para España asciende a 34.800 millones de euros para el periodo 2021 o 2027. De esta partida, quedan por pedir a la UE, 22.550 millones de euros que Bruselas podría decidir congelar hasta 2027. Aunque podría pedir también la devolución íntegra, de los 450 millones de euros que desembolsados hasta la fecha por la UE (del total de 34.800 millones de euros de los fondos FEDER, que consta de 23.000 millones de la UE que se suma a la partida que aporta España). A estas cifras cabría sumar los más de 5.600 millones de euros que restan aún por reclamar de fondos FEDER del presupuesto del periodo anterior 2014-2020.
Aunque Bruselas detuviera el desembolso de fondos, tal actuación solo afectaría al programa FEDER. No tendría repercusiones sobre otros fondos procedentes de Europa, como los Next Generation EU, ya que no se habría probado que hubiera irregularidades en tales partidas, ha explicado a elEconomista, el portavoz comunitario responsable de Política Regional, Stefan de Keersmaecker.
Ya hace una semana, la Comisión Europea manifestó su intención de "tomar las medidas necesarias para proteger el presupuesto europeo". La primera de ellas fue remitir la información del caso 'Koldo' a la Oficina Europea Antifraude (OLAF por sus siglas en inglés) para que "prosiga la investigación". Además, la Comisión Europea ha indicado que "seguirá de cerca la situación" y que mantiene un "estrecho contacto con las autoridades nacionales".
La investigación per se por la malversación de fondos europeos es una responsabilidad de los Estados miembro. Aunque la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Fiscalía Europea han emprendido su participación. Los programas europeos se pactan entre el Ejecutivo comunitario y el Ejecutivo nacional, se acuerdan y se monitorizan los pagos desde Bruselas.
Los programas de ayuda europea cuentan con varios mecanismos de control. Los primeros implican sesiones de monitorización, conversaciones entre la Comisión Europea y las autoridades de los Estados miembro sobre el uso de la financiación. También auditorias, si bien cada país es responsable de sus propios fondos, lo cierto es que debe tener un mecanismo de control para detectar irregularidades.
De confirmarse un caso de fraude, la Comisión Europea puede actuar. Uno de los pasos que puede dar es parar o suspender el despliegue de fondos de ese programa. Sería la solución que se aplicaría en caso de que el sistema de control de un Estado miembro pruebe no ser sólido. En caso de que se haya producido un uso irregular de fondos, Bruselas podría reclamar al país una corrección financiera o pedir que se devuelva lo que ha sido desembolsado, para proteger la financiación del bloque.
Eesta misma semana, la Fiscalía Europea, abrió una investigación por los contratos relacionados con el caso 'Koldo'. Concretamente, el organismo analizará si el Gobierno de autonómicos de Ángel Víctor Torres y Francina Armengol han incurrido en delitos de malversación de los fondos europeos implicados en la trama, así como de prevaricación y tráfico de influencia.
La Fiscalía Europea ha iniciado un procedimiento para reunir información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central número dos, así como diferentes agencias a cargo de financiación de la UE.
Una vez finalizada la investigación, la Fiscalía Europea decidirá si llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE o desestimar el caso. Toda decisión importante en una investigación es supervisada por la Sala Permanente responsable en Luxemburgo. Las Salas Permanentes están compuestas por tres Fiscales Europeos de Estados miembros distintos de aquel en el que tiene lugar la investigación. Con ello se pretende garantizar una evaluación independiente y objetiva de cada caso.
El papel de la Oficina Europea Antifraude frente a la Fiscalía Europea
La Comisión Europea ha dejado la investigación en manos de la Oficina Europea Antifradude por un lado y de la Fiscalía Europea por otro. La Fiscalía Europea (EPPO) es responsable de investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros de la UE. Lleva a cabo procesamientos y ejerce las funciones de fiscal en los tribunales competentes de los Estados miembros, hasta que el caso haya sido juzgado. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) no puede llevar a cabo investigaciones penales ni perseguir casos de fraude. Si, como resultado de su investigación administrativa, detecta una sospecha de fraude en la UE, tiene que informar de sus conclusiones a la Fiscalía Europea. La decisión de la Fiscalía comunitaria de llevar o no el caso a tribunales será supervisada por las Cámaras Permanentes, que analizan las actuaciones puestas en marcha a lo largo de la investigación y deciden si procesan, desestiman o aplican un procedimiento simplificado.
