Economía

Los expertos cuestionan la validez del informe de la Abogacía del Estado sobre la senda fiscal

  • El PP estudia acciones jurídicas contra el Gobierno tras la burla al veto del Senado
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero | EFE

El proyecto de presupuestos podría terminar en los tribunales, antes incluso de haber sido aprobado por el Consejo de Ministros. Los expertos consultados por elEconomista.es restan validez al informe de la Abogacía del Estado esgrimido por el Gobierno para justificar la burla al veto del Senado a los objetivos de estabilidad presupuestaria. "Es claramente un incumplimiento de la ley", apuntan fuentes cercanas al órgano administrativo que firmó el documento al que se abraza la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para iniciar el diseño de las cuentas sin el apoyo de una de las dos cámaras. Estas fuentes jurídicas argumentan que la decisión de las Cortes está por encima de la interpretación que la Abogacía del Estado pueda aportar sobre algo tan crucial como la base sobre las que se sentará el futuro proyecto de Presupuestos.

En paralelo, el Partido Popular anunció ayer que está estudiando acciones jurídicas "ante el intento del Gobierno de Sánchez de sortear la competencia del Senado para vetar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública". El comunicado enviado por los de Núñez Feijóo se refiere al informe de la Abogacía del Estado que avala la intención del Gobierno de aprobar una senda fiscal sin el apoyo de la Cámara Alta y acusa a la ministra de Hacienda de "ocultar durante más de tres meses" el documento. "El Gobierno no puede saltarse este requisito, ya que está recogido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria", argumentó la portavoz popular en el Senado, Alicia García.

El documento enviado a Bruselas no es vinculante

El criterio sobre el que se sustenta el informe de la Abogacía del Estado se refiere al aval que la Comisión Europea otorgó al Programa de Estabilidad enviado por Moncloa en primavera. "Esta respuesta del Ejecutivo comunitario no es vinculante, y nunca debe prevalecer por encima de una ley orgánica", insiste otro de los expertos consultados que recuerda que el documento europeo se trata solo de una recomendación.

"Lo más razonable hubiera sido que el Gobierno tratase de negociar con el Partido Popular un objetivo fiscal, para contar así con el aval del Senado", apuntan. "Otra de las opciones –recuerdan– hubiera sido aprobar una reforma de la Ley Orgánica para permitir que una mayoría del Congreso de los Diputados pudiera levantar el veto del Senado", una alternativa que hubiera retrasado mucho más la presentación y aprobación de las cuentas.
El margen de maniobra del PP es limitado, más allá de su posible recurso ante la Justicia. Los de Núñez Feijóo no cuentan con peso suficiente en la mesa del Congreso –encargada de calificar las iniciativas– para frenar la tramitación del proyecto de presupuestos que la vicepresidenta primera espera poder presentar en el menor tiempo posible.

Lo cierto, es que la elaboración de las cuentas avanza con mucho retraso. La Constitución establece que el Gobierno "deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". En el escenario actual, es improbable que el Ejecutivo presente el proyecto de ley antes del próximo mes de abril.

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