El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de la valoración económica realizada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sobre el impacto de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en la campaña 2023, en la que se ha calculado que Andalucía ha perdido 120 millones de euros respecto a los pagos realizados en el ejercicio financiero anterior, lo que representa una reducción del 8,3%. Según los cálculos del Gobierno andaluz, en el periodo completo de la nueva PAC (2023-2027) la merma superará los 500 millones.
La Junta de Andalucía está abonando en torno a 1.320 millones de euros en ayudas directas de la PAC del ejercicio de 2023, de los que, a pesar de que el período de pago no concluye hasta el primero de junio de 2024, ya se ha realizado el pago de aproximadamente el 88% del total.
La pérdida se concentra en los llamados pagos desacoplados, que poseen la triple finalidad de contribuir a una renta justa para agricultores y ganaderos, compensar el lucro cesante e incremento de los costes por aumentar la sostenibilidad en sus procedimientos y promover el relevo generacional. El importe destinado a los pagos desacoplados representaría aproximadamente 1.160 millones de euros, lo que supondría una pérdida cercana al 11% respecto a la solicitud de 2022.
Resultan especialmente perjudicadas las comarcas agrarias más productivas, que pierden por encima del 15% respecto a la campaña anterior.
Problema nacional
La negociación de la nueva PAC en Bruselas en 2020 dejó moderadamente satisfecho al campo español. La Unión Europea le asignó 47.682 millones de euros para el periodo 2023-27. Las cantidades eran similares a las del sistema anterior. Faltaba conocer el reparto interno que se hacía en cada Estado. Y desde el primer momento organizaciones agrarias como Asaja, Coag y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía pusieron el grito en el cielo al entender que el nuevo reparto perjudicaba notablemente a Andalucía, frente a comunidades como Castilla-La Mancha o Cataluña que salían beneficiadas. Había trasvase entre territorios, y Andalucía pagaba la fiesta.
Las estimaciones que han venido haciendo desde hace dos años las organizaciones agrarias coinciden con los cálculos realizados por la Junta de Andalucía ya con datos oficiales de reparto.
El Plan Estratégico de Luis Planas penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) y porque algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva quedan degradadas y se integran en regiones menos productivas. El diseño de los ecoesquemas también es perjudicial para Andalucía.
"No es verdad que perjudique a grandes propietarios y beneficie a pequeños agricultores. Castiga a la agricultura productiva, al agricultor profesional", ha venido insistiendo desde Asaja.
Ejemplos
La nueva PAC provoca una merma del 30% en las ayudas de 750.000 hectáreas de secano, la pérdida del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual por 700.000 hectáreas de olivar y una reducción de entre el 30 y el 40% de las ayudas de todo el regadío.
Con la publicación de los derechos en abril de 2023 la organización Asaja daba algunos ejemplos reales de pérdidas: Un agricultor de la campiña sevillana con 36 hectáreas de arroz va a pasar de cobrar 35.380 euros a 23.194. Otro con 25 hectáreas de olivar en la misma comarca, de 7.182 a 5.421. Y un tercero con un secano de 80 hectáreas en la misma zona, pasa de 20.563 a 14.775.