El Gobierno entregará a partir de abril y hasta final de año tarjetas monedero mensuales de entre 130 y 220 euros a familias vulnerables con hijos que podrán canjear en supermercados por diversos productos, especialmente de alimentación e higiene.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la aprobación del decreto que concede a Cruz Roja un subvención de 100.236.573,50 euros para implementar en 2024 el programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica (Programa Básico) para familias con hijos en situación de pobreza severa, que son aquellos con ingresos inferiores al 40%de la renta media. De los 100 millones de euros, 95,5 se destinarán a los gastos en la adquisición de alimentos y resto de productos básicos y 4,7 millones, a los gastos técnicos para la implantación del programa, de ámbito nacional.
La nueva medida sustituye a la entrega directa de alimentos a estas familias y sigue el acuerdo cerrado en 2021 con las comunidades autónomas. Según ha detallado Bustinduy, la ayuda beneficiará a 70.000 hogares, que tendrán una manera "menos estigmatizante" de acceder a productos básicos de primera necesidad ya que con dichas tarjetas o vales, las familias podrán acudir a los supermercados para hacer la compra. Además, las familias tendrán acceso gracias a este sistema a productos frescos que hasta ahora, con la entrega de bolsas, se hacía imposible por no poder garantizarse su correcta conservación.
Cómo se calcula el importe de la ayuda
Según se conoció antes de la comparecencia, el importe máximo que podrá recibir cada hogar será determinado por parte de los servicios sociales autonómicos en función de una escala, de modo que una unidad familiar de dos miembros, que incluya una persona adulta y una persona menor, percibirá 130 euros al mes. Si la unidad familiar tiene tres miembros, recibirá 160 euros mensuales; si es de cuatro miembros, 190 euros al mes y si cuenta con cinco o más miembros, la cuantía ascenderá a 220 euros mensuales. Todos los tramos mejoran la ayuda que recibían hasta ahora, ha matizado el ministro. En este punto, desde el Ministerio explican que los adultos no tienen que ser necesariamente padres sino que pueden tener otro lazo familiar con el menor (tíos, abuelos...) o no tener unión de sangre pero estar a cargo. En función de las necesidades de cada caso, las cantidades se recargan por un mes, dos o tres meses y podrán mantenerse hasta un periodo máximo de un año.
El real decreto regula la concesión "directa, con carácter excepcional y por razones humanitarias" de dicha subvención a Cruz Roja Española para poner en marcha desde abril hasta el 31 de diciembre el programa. El Gobierno ha escogido a Cruz Roja Española por tratarse de una entidad con implantación territorial y "experiencia suficiente" para poner en marcha este programa en toda España a partir de abril, fecha en la que, recordaron, "finaliza" el reparto de alimentos del anterior Programa del Fondo de Ayuda Europeo para los Más Necesitados (FEAD), dentro del marco financiero del Fondo Social Europeo anterior. Además, la última compra de alimentos a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), distribuidos a través de Cruz Roja y Fesbal, que los hacían llegar a las organizaciones de reparto, se hizo en octubre de 2023 y esa compra da cobertura hasta abril.
La gestión de la ayuda pasará a las CCAA en 2025
El gabinete de Bustinduy juzga "necesario" conceder esta subvención "de forma directa con carácter transitorio y excepcional, por razones humanitarias", ya que a partir del 1 de enero de 2025 serán las comunidades autónomas las "responsables" de la gestión del programa, por lo que, para entonces, tienen que tener ya "implementados sus propios sistemas". El Gobierno recuerda que dado que estas ayudas proceden de un fondo estatal, las comunidades autónomas "tienen disponible el 3% de su programa operativo regional" para mejorar sus políticas sociales en función de sus necesidades.
Desde el Ministerio han puntualizado que, debido a algunos "retrasos y dificultades técnicas y de gestión" derivados del cambio de modelo, había "riesgo" de que, a partir de ese mes "no hubiera esa entrega de alimentos" por problemas en la "transición", por lo que, ya en la pasada legislatura, el Gobierno empezó a trabajar en una "solución transitoria y excepcional" que cuenta con el "acuerdo unánime" de las comunidades autónomas. El objetivo es "evitar" que se produzca una "discontinuidad" en la cobertura y "dar más tiempo" a las autonomías para que implementen sus propios sistemas de gestión.