Bruselas
Con el arranque del año, España deja en manos de Bélgica la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Un segundo semestre, el de 2023, que se ha saldado con importantes avances en temas tan divisorios como la reforma de las reglas fiscales, el pacto de Migración o la reforma del mercado eléctrico. A la par, una presidencia salpicada por las tensiones de la política nacional española.
La presidencia española dio el pistoletazo de salida con una convocatoria de elecciones anticipadas en julio que dejaba al Club comunitario en un segundo plano, en favor de la política nacional. Pese a ello, el balance final es positivo. Un esfuerzo político y técnico que ha dejado más de 1.500 reuniones y de 70 acuerdos políticos que allanan el camino para que Bélgica cierre unos sesenta expedientes legislativos en el arranque del año. La suya será la última presidencia de turno antes de las elecciones europeas. De ahí la relevancia para cerrar temas pendientes antes del cambio de ciclo político.
Por este motivo era de vital importancia el trabajo de España en la segunda mitad de 2023. En sus manos: la última presidencia completa antes de los comicios europeos. También reformas tan relevantes como la de la gobernanza económica, que se ha cerrado en los últimos días de diciembre con un acuerdo entre los ministros de Economía y Finanzas de la UE que consigue equilibrar las demandas de una Alemania que reclamaba cifras para la reducción de la deuda y una Francia que reiteraba la necesidad de dar flexibilidad a las inversiones.
Ahora Bélgica deberá culminar la reforma en el último tramo de las negociaciones con el Parlamento Europeo. Se encargará también de cerrar el otro gran acuerdo de la presidencia española, el Pacto de Migración y Asilo. Pendiente de aprobación todavía en el arranque del año, el acuerdo político cerrado con el Parlamento Europeo refuerza el control de las personas que llegan a la UE y establece que los países de primera línea deberán fijar centros de recepción con la capacidad para realizar tramitaciones de asilo y retornos en caso necesario.
Otro de los grandes expedientes culminados ha sido la reforma del mercado eléctrico. La reformulación a la que dio pie la crisis energética derivada de la invasión militar rusa de Ucrania tuvo a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, como líder de las negociaciones. Un papel en el que ha tenido que lidiar con la tensa postura pronuclear de París y que proyecta su porvenir en las instituciones europeas.
Los subsidios de China y Estados Unidos a sus industrias han tenido respuesta en Bruselas con la Ley de Industria Cero Emisiones y la ley de materias primas críticas. Dos expedientes que han salido adelante bajo presidencia española y que busca evitar dependencias de terceros países. Si la primera de las normativas tiene como finalidad impulsar la implantación de tecnologías limpias y dejar atrás los combustibles fósiles la segunda busca que el bloque extraiga el 10% de las materias primas que consume y procese el 40% de las mismas.
En tareas pendientes quedan algunas de las grandes ambiciones que se había marcado el Gobierno para el semestre europeo. Por un lado, los esfuerzos para cerrar el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur se han visto frustrados. Los intentos de tender puentes con el otro lado del Atlántico han chocado con esos requisitos extra que Bruselas quiere hacer cumplir a los países latinoamericanos en términos de sostenibilidad medioambiental y para no lastrar la producción de sus propios agricultores.
También la Ley Rider ha visto frustradas sus pretensiones a nivel comunitario. La presidencia belga tendrá que poner sobre la mesa todos los puntos de vista para intentar cerrar un acuerdo en esta normativa, impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Explicaron fuentes diplomáticas que, ante el desacuerdo suscitado por las posturas más conservadoras de los Gobiernos comunitarios en la última reunión a nivel de embajadores (ya superado el acuerdo entre los Veintisiete y la Eurocámara), se iniciará de nuevo el diálogo a nivel informal centrándose en los puntos más complicados del texto.
Carga de política nacional
La responsabilidad de España como última presidencia completa antes de las elecciones europeas era alta y ha sabido cumplir con tales expectativas. A la vista están los textos legislativos en los que se ha avanzado. No obstante, es cierto que en el segundo semestre del 2023 la política nacional ha salpicado Bruselas más de lo que ya lo hace por costumbre.
Las elecciones anticipadas de julio no solo dejaban en el aire los meses de trabajo técnico de la presidencia, sino también los cargos de España ante la Unión Europea. La sorpresa anunciada a finales de mayo obligaba a poner patas arriba el calendario. Se adelantó la tradicional visita del Colegio de Comisarios en el arranque de una presidencia para que no coincidiera con periodo electoral y se postergó sin fecha fija la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Eurocámara.
Finalmente, tuvo lugar en los últimos días de la presidencia: en diciembre, en el pleno de Estrasburgo y como nota de cierre. Pero más que hacer balance, la intervención de Sánchez acabó haciendo testigo a los eurodiputados de las tensiones internas de Madrid. Todos los ojos estaban puestos en el primer encuentro entre el líder socialista y el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y las tensiones con el Partido Popular acabaron salpicando al líder de la formación política en Europa, Manfred Weber.
La política nacional empañó también la reunión de jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar en octubre en Granada. El encuentro de la Comunidad Política Europea, con más de medio centenar de líderes de la UE y países vecinos, puso el foco en la adhesión de Ucrania al Club comunitario. Pero Sánchez aprovechó la ocasión y el simbolismo: en la rueda de prensa de cierre y acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, pronunció por primera vez la palabra amnistía.
Las comparecencias de los ministros en la Eurocámara para dar cuenta de las prioridades de la presidencia española se convirtieron, en gran medida, en una escena en la que sacar a la palestra preocupaciones nacionales. Pero más allá de ello, el acuerdo con el independentismo catalán para la investidura tuvo su traslación a los Consejos de Asuntos Generales. España aprovechó para intentar cumplir una de las promesas enmarcadas en tal alianza y hacer del catalán, euskera y gallego lenguas oficiales también en la UE. Por el momento, no ha prosperado en tal empeño.
