Uno de los puntos clave del paquete de recortes de gasto público puesto en marcha por el flamante presidente de Argentina, Javier Milei, es la eliminación de subsidios a servicios como el transporte público. El Gobierno ha prometido dar los detalles de ese recorte a partir del próximo 1 de enero, pero la patronal de las compañías de autobuses de Buenos Aires ya ha advertido esta semana de que el precio de un viaje se va a multiplicar por 6, de menos de 70 pesos a 400. Pero lo peor se está sintiendo ya en las zonas más alejadas de la capital, donde el precio ya se ha quintuplicado en lo que va de mes y el coste de viajar dos veces al día durante un mes ya supone dos tercios del salario mínimo.
Gerardo Ingaramo, presidente de la Federación de Transportadores de Pasajeros, puso sobre la mesa los números. Según relató a la cadena Somos Radio, el Gobierno les ha indicado que el recorte inicial será del 30% de las transferencias públicas que reciben. Esa bajada, unida al fuerte incremento del precio de los combustibles por la devaluación del peso, supondrá que el precio del billete deberá subir de los 53-72 pesos actuales (según la distancia) a unos 400 por trayecto para poder cuadrar las cuentas. Y se espera que esa cifra siga aumentando, porque el objetivo del Gobierno es eliminar la gran mayoría de esos subsidios para mediados del próximo año.
El efecto de esta incertidumbre es una reducción del servicio en la capital argentina, que esta semana se mueve solo al 70% de su capacidad y que podría caer al 50% tras la primera reducción de subsidios, a principios de año. Y si el recorte es total, como ha prometido el nuevo Ejecutivo, el billete podría subir a 800 pesos, advirtió Ingaramo.
Pero si la situación es preocupante en la capital, en ciudades medianas de la Provincia de Buenos Aires las subidas están siendo mucho más bruscas. En Mar del Plata, el gran destino turístico del país, el autobús que conecta a los pueblos de alrededor, se ha disparado de 500 a 2.500 pesos por trayecto. Para un trabajador que tenga que coger el autobús dos veces al día para ir y volver de la ciudad 20 días al mes, el coste mensual se ha disparado a 100.000 pesos: dos tercios del salario mínimo, que se sitúa en 154.000 pesos.
Milei amenaza con un plebiscito
Los sindicatos celebran este miércoles la primera gran movilización coordinada contra el 'decretazo' del Gobierno, después de que decenas de miles de personas hayan salido a protestar por todo el país en cacerolazos espontáneos durante la última semana. Uno de sus objetivos es presionar al Congreso, que debe ratificar o rechazar el texto legislativo de más de 300 medidas que anunció el Gobierno el pasado miércoles y que entrará en vigor este viernes.
El partido clave cuyos votos son imprescindibles para armar una mayoría parlamentaria en cualquier sentido, la Unión Cívica Radical (de centro-izquierda), ha presentado un proyecto para poder debatir el decreto durante seis meses. Su objetivo es dar al Congreso más tiempo de estudiar el proyecto del presidente y permitir que las dos Cámaras aprueben o rechacen sus artículos uno a uno en vez de tener que votar todo el texto como una unidad indivisible. El objetivo, afirma el partido, es dar "una salida constitucional e institucional" al Gobierno.
Pero el presidente no parece estar dispuesto a negociar con la oposición de entrada. En una entrevista con la cadena La Nación+, Milei acusó a los diputados que se oponen al paquete legislativo de hacerlo "porque buscan coimas" (sobornos), y amenazó con convocar un referéndum en caso de que las Cámaras tumben el 'decretazo'. Y si esa opción también fracasa, el mandatario advirtió de que endurecerían el recorte fiscal para cuadrar las cuentas sin ninguno de los cambios legislativos. "Tenemos un plan A, un plan B, un plan C y un D", aseguró. "Mi objetivo es acabar con la inflación. Y si para ello tengo que sufrir un coste político y retirarme [después de esta legislatura], pues bueno", afirmó.
Esta mañana, el portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, anunció que mandaría al Congreso otro paquete de reformas, una 'ley ómnibus' con cambios en "materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral". "Los diputados y senadores deberán elegir entre la libertad, a terminar con esta decadencia que no es responsabilidad solo de un gobierno y son décadas de frustración y fracaso, o si colaboran con volver al camino de la libertad", aseguró.