Bruselas
La crisis presupuestaria de Alemania podría tener ecos más allá de sus fronteras y de sus propias finanzas. Y no solo porque el interés de su deuda a dos años haya superado al de la portuguesa. Con la negociación de la reforma de la gobernanza económica en ciernes y la vuelta de la aplicación de las reglas fiscales a partir de 2024, Berlín podría endurecer aún más su postura, ya de por sí proclive a la disciplina.
Desde el inicio de la reforma de las reglas fiscales, Alemania ha venido defendiendo la vuelta a la mano dura. Aboga por que se establezcan cifras, es decir, sendas concretas de reducción de deuda anual para aquellos países que superen niveles del 60% sobre el PIB. También ha pedido que se fije un objetivo de déficit por debajo de ese máximo del 3% sobre el PIB, al que los países deban aspirar.
Unas salvaguardias que, de momento, se han traducido en una reducción anual de la deuda del 1% para aquellos países con una deuda superior al 90% sobre el PIB y un 0,5% para aquellos con una deuda inferior a este umbral durante el periodo de ajuste y un colchón fiscal del 1,5% sobre el PIB, según publicó ayer Bloomberg de acuerdo con el último borrador de las negociaciones.
Su postura ha venido confrontando a la de otros países como Italia, más favorable a dar prioridad a la inversión. Así como la de Francia, que, si bien se ha sumergido en encuentros paralelos para tratar de desatascar la negociación, descartaba toda rigidez que recordara a la versión anterior del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La crisis presupuestaria que afecta al Gobierno de Scholz tiene todos los números de endurecer la postura de Berlín, según fuentes diplomáticas. Pese a tratarse de un asunto interno, esta coyuntura reforzaría que Berlín abogue por penalizar a aquellos países que no cumplan con el límite del 60% para la deuda. Aunque es un ejercicio que, tras la pandemia, hasta la propia Alemania incumpliría (aunque sea por poco).
La coyuntura económica germana no hará que las negociaciones de las reglas fiscales sean más fáciles. Con la vista puesta en el la cena informal de ministros de Economía del jueves por la noche y el Ecofin formal del viernes, Berlín podría anclarse en esa rigidez que ha mantenido hasta ahora, según apuntan otras fuentes diplomáticas. No en vano, el problema presupuestario alemán no viene de la nada. La salida de la pandemia ha resultado ser más suave de lo que se preveía en un primer momento pero la crisis energética ha supuesto un duro golpe, por lo que la intención del Ejecutivo Scholz era llevar esta financiación a la transición verde.
Pero por los pasillos de las instituciones comunitarias también se infiere lo contrario, que el corsé alemán podría verse aflojado tras el dictamen del Constitucional alemán. La sentencia del alto tribunal germano que determinó que no se podrían usar los 60.000 millones de euros, que no se había utilizado durante la pandemia, para inversiones en medio ambiente y energía, podría propiciar que Berlín reconsiderara su argumentario. El fallo, tiene que ver con la vigencia de la regla fiscal que limita el déficit del país al 0,35% en situaciones no excepcionales.
La coyuntura abre la puerta a que el Gobierno de Olaf Scholz se replantee su inflexibilidad. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, ha mantenido durante toda la negociación de las reglas fiscales una postura firme, desde el inicio de las conversaciones. Otras fuentes diplomáticas reconocen que la futura modificación presupuestaria alemana genera cierta preocupación aunque también esperan que pueda relajar la postura de Berlín en la negociación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Otros razonamientos cercanos a las negociaciones sugieren a que una Alemania que trata de impulsar la transición a las energías verdes, con la cuenta atrás de la nuclear y la desconexión del gas ruso apremiando a ejecutar tales proyectos, sería en paralelo más proclive a dar más espacio a las inversiones frente a la disciplina fiscal. Una voluntad por apostar por más estímulos y menos recortes. El punto de partida es la propuesta de la Comisión Europea: establecer planes a 4 años ampliables a 7 si se justifica con un plan de inversiones.
