Madrid
La morosidad continúa representando un desafío significativo para las empresas, siendo especialmente perjudicial para aquellas de menor tamaño, como las pequeñas y medianas compañías. Estas, al contar con recursos más limitados, enfrentan mayores dificultades para hacer frente a prolongados periodos de impago y obtener la financiación necesaria para mantener y desarrollar sus operaciones. Durante el segundo tercio de este año, el 70,5% de la facturación se pagó con retraso, siendo esta la proporción más alta en año y medio. Preocupa ahora la evolución de este índice con la incertidumbre jurídica que se abre tras los pactos de investidura con el secesionismo.
La persistencia de la morosidad crea obstáculos considerables, afectando la liquidez y la estabilidad financiera de las empresas, lo que a su vez repercute en su capacidad para invertir, crecer y cumplir con sus compromisos. Este escenario subraya la importancia de implementar medidas efectivas para gestionar y reducir la morosidad, especialmente en el contexto de las empresas más pequeñas, que desempeñan un papel crucial en la economía.
En comparación con el segundo trimestre de 2022, se observa un avance positivo de 2,6 puntos porcentuales en la proporción de facturas pagadas puntualmente. Aunque este progreso es alentador, aún queda un trecho considerable para recuperar los niveles registrados en 2015, cuando los pagos puntuales representaban más del 31% del total.
La mejora en la proporción de facturas pagadas puntualmente se vio contrarrestada por la disminución en aquellas abonadas hasta 30 días después de la fecha acordada. Este grupo sigue siendo el más numeroso, representando el 66,4% del total en el segundo trimestre. Aunque esta cifra es 3,5 puntos porcentuales menor que hace un año, sigue siendo la proporción más baja en el último año y medio.
Considerando en conjunto las facturas de pago puntual y aquellas pagadas hasta 30 días después de su vencimiento, alcanzamos el 95,8% del total. A pesar de ser una proporción significativa, es nueve décimas menor que la del segundo trimestre de 2022, y esta tendencia muestra una disminución constante en doce de los últimos quince trimestres. Antes de esta tendencia descendente, en el tercer trimestre de 2019, los pagos hasta 30 días representaban el 97,5% del total.
Por segundo trimestre consecutivo, la proporción de facturas pagadas entre 31 y 60 días después de la fecha acordada se ha mantenido por encima del 2%, alcanzando el 2,3% del total en el segundo trimestre, lo que supone un aumento de 5 décimas en comparación con el año anterior. Esta cifra representa la tercera proporción más alta desde 2016.
Crece la deuda
En el contexto actual, el total de la deuda comercial está en aumento, especialmente en las empresas medianas en comparación con las pequeñas y microempresas. En las medianas, la patronal estima que la deuda comercial del segundo trimestre superó los 70.000 millones de euros, lo que representa un incremento del 12% en comparación con el año anterior. Sin embargo, este ritmo de crecimiento es el más bajo de los últimos ocho trimestres. En las micro y pequeñas empresas, consideradas en conjunto, la deuda comercial ascendió a unos 110.000 millones de euros en junio, marcando un aumento interanual del 5,5%, el más modesto desde septiembre de 2021.
Resulta intrigante analizar la evolución de la deuda comercial en relación con las ventas en las micro y pequeñas empresas. Desde el primer trimestre de 2021, ha habido una disminución significativa de 12 puntos porcentuales, pasando de 64,3% a 52,1%. Coincidentemente, este declive coincide con el momento en que la inflación en España comenzó a mostrar sus primeros signos de aumento, en el segundo trimestre de 2021.
Tras un período de cuatro años de inflación mínima, el tercer trimestre de 2021 marcó un punto de inflexión con un incremento del 2,5%. A partir de entonces, la inflación fue en aumento de manera constante, alcanzando su punto máximo en el tercer trimestre de 2022 con un 10,7%, según los datos trimestrales.
Este incremento inflacionario tuvo un impacto significativo en las micro y pequeñas empresas, que tomaron medidas para ajustarse a esta realidad. En respuesta a múltiples factores, como la necesidad de preservar el valor real de sus ventas, el estrechamiento de los márgenes debido a la inflación y el gradual endurecimiento de las condiciones crediticias, estas empresas optaron por restringir la financiación a sus clientes. El segundo trimestre, después de nueve meses de moderación en el ritmo de aumento de los precios, pareció ver un leve aumento en la proporción de la deuda comercial respecto a las ventas.
Sin embargo, esta estrategia defensiva no logró contrarrestar el rápido incremento de los tipos de interés. Este incremento fue tan veloz que superó con creces las medidas adoptadas por las pymes. Como resultado, el esfuerzo financiero necesario para respaldar la deuda comercial se disparó, duplicándose en relación al segundo trimestre de 2022 y alcanzando un total anualizado de casi 2.400 millones de euros para el conjunto de las pymes Este es el valor más alto registrado desde septiembre de 2009.
Coste financiero de la deuda
La persistente morosidad continúa infligiendo un alto costo a las empresas, especialmente a aquellas de menor tamaño que cuentan con recursos limitados para afrontar prolongados lapsos de incumplimiento de pagos y asegurar la financiación esencial para mantener sus operaciones. Durante el segundo trimestre de este año, el encarecimiento del crédito resultó en un impacto financiero significativo para las empresas debido a la deuda comercial, tanto la corriente como la morosa, que en conjunto se elevó a casi 2.400 millones de euros, casi el doble de lo registrado el año anterior, según el Observatorio de Morosidad que elabora Cepyme cada trimestre. El esfuerzo financiero requerido por las empresas para afrontar este costo se triplicó, como consecuencia del brusco incremento en las tasas de interés. A pesar de una ligera disminución en el período promedio de pago, es importante notar que este todavía excedió en más de 21 días el límite máximo legal establecido de 60 días.
