El próximo 1 de diciembre finalizará el plazo para que las empresas de entre 50 y 250 empleados dispongan de una política de canal de denuncias confidencial de infracciones internas, que ya es obligatoria para las compañías de más de 250 profesionales con la entrada en vigor el pasado 13 de junio de la Ley de Protección de los Denunciantes.
Un marco que también se aplicará este año en muchos países de la Unión Europa a raíz de la Directiva Whistleblowing y cuyo incumplimiento puede conllevar sanciones leves, graves o muy graves.Y con la fecha límite cercana, ¿están las pymes preparadas? E
n comparación con otros países de Europa, España se sitúa como el segundo más preparado por delante de Suecia o Finlandia, aunque todavía hay un porcentaje de los negocios españoles que no disponen de un sistema de canal de denuncias. En concreto, se trata del 23%, según los datos de la encuesta realizada por Personio, empresa de software de Recursos Humanos (RRHH) para pymes.
"En muchos casos, esta situación se produce por desconocimiento. Algunas empresas no están al tanto de la importancia de contar con un canal de denuncias o no saben cómo implementarlo de manera efectiva", afirma Angelina Gentili, Head of People Operations en Personio, a elEconomistaDe hecho, hay un 11% que asegura desconocer si tiene o no esa política de denuncia de irregularidades internas.
"Esto indica un vacío educativo sobre la importancia de implementarla. La gran mayoría de los departamentos de RRHH están actualmente limitados a trabajar de forma reactiva, en lugar de proactiva, lo que podría ser otra razón por la que algunas empresas aún no tienen la política en vigor. Muchas organizaciones simplemente no disponen o no asignan recursos suficientes para investigar eficazmente las denuncias de los denunciantes".
De este modo, si los equipos de Recursos Humanos tienen que ser más proactivos en esta dirección, es necesario que se "liberen de tareas que consumen tiempo y tienen poco valor. La automatización de los RRHH puede devolver a los equipos ese tiempo para dedicarlo a tareas más estratégicas y de mayor valor añadido".
Es un factor que hay que tener en cuenta porque, en la actualidad, el 34% de los directivos españoles afirma que su departamento de Recursos Humanos tiene principalmente una función reactiva; el 29% de los responsables de RRHH se manifiesta en esta misma dirección y el 60% señala que los Recursos Humanos solo son importantes cuando hay un problema urgente.Pero además de este factor, existen otros motivos que explican por qué todas las pymes no han adoptado la normativa.
De acuerdo con los datos de la encuesta de Personio, el 45% de los empresarios ha oído hablar de la normativa, pero le falta concreción, y el 7% no ha escuchado nada sobre ella. Una situación a la que no es ajena la plantilla: solo el 32% de los trabajadores afirma conocer bien la normativa.
El 45% de los empresarios ha oído hablar de la normativa y el 7% no la conocía
"Existe una desconexión entre empresarios y empleados", añade. Es recomendable así que los empresarios "compartan abiertamente con sus trabajadores lo que es la denuncia de irregularidades, lo que significa y las políticas que su compañía puede tener ya en vigor. De esta forma, existirá una mayor simbiosis entre ambas partes en la compañía y los procesos de gestión entre personal y dirección funcionarán de una manera más fluida.
Es importante educar a los trabajadores y destacar el papel que desempeñan los equipos de Recursos Humanos, ya que son un factor clave en el desarrollo de denuncias de irregularidades y debe impulsarse internamente". Y en este proceso de adaptación de la normativa es fundamental superar un obstáculo más: el 20% de los empleados y el 11% de los empresarios ni confían ni desconfían ante la capacidad de su organización para gestionar estos asuntos.
"En un tema como la denuncia de irregularidades, la neutralidad o la apatía son casi tan peligrosas como la negatividad y, por tanto, una gran barrera a sortear", incide. Cabe destacar también el miedo de los empleados, puesto que el 87% tiene serios recelos ante las represalias por denunciar irregularidades, lo que pone de manifiesto la "necesidad de contar con canales anónimos y seguros", además de mejorar las políticas y los procedimientos adecuados en el trabajo. "Las empresas deben garantizar que los trabajadores que denuncien irregularidades tienen que estar protegidos frente a represalias".