Madrid
La actualización del Plan de Recuperación que el Gobierno presentó a Bruselas a inicios del pasado verano (la llamada adenda) aborda muchos más aspectos que el futuro de los peajes en las autopistas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez muestra ante la UE una línea de actuación de mayor alcance, aunque no defina plazos y se resista a dar detalles, con respecto a futuros cambios en los impuestos.
En concreto, apunta a la "revisión" de deducciones del IRPF, que puede desembocar en la reducción, o incluso eliminación, de cerca de media docena de esos beneficios ahora vigentes. A la hora de descifrar las verdaderas intenciones del Gobierno, la única vía pasa por consultar los documentos elaborados por los fiscalistas que orientan al Ejecutivo. Estos últimos señalan como los puntos más necesitados de "revisión" o "puesta al día" de la deducción conjunta en el Impuesto sobre la Renta, la destinada a los alquileres o la propia de los donativos.
También están bajo la lupa las reducciones que conciernen al amplio repertorio de beneficios de carácter social (discapacidad, maternidad-paternidad...), algunos aspectos de los rendimientos del trabajo e incluso el capítulo de las aportaciones a planes de pensiones individuales. En este último caso, no obstante, los recortes ya se materializaron en 2021 y 2022.
El compromiso del Gobierno con la UE de limar deducciones en el IRPF viene de lejos. Ya en la primera versión del Plan de Recuperación, que llegó a la capital belga en 2021, el Gobierno aseguró que "se realizará una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes, con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados, y si el coste que suponen, en términos de merma recaudatoria, resulta justificado".
Ese párrafo lo vuelve a suscribir por completo el Gobierno, ya que se transcribe, sin variar una coma, a la versión recientemente actualizada de la hoja de ruta para acceder a las ayudas anti-crisis comunitarias (vehiculadas en su fase más reciente a través de créditos).
Quiénes marcan la referencia
Lo que tampoco cambia es la guía que el Ejecutivo tomará para identificar las deducciones que deben ponerse en tela de juicio. Su referente es la evaluación que la AIReF llevó a cabo en 2020 y que identifica cerca de 8.300 millones en deducciones del Impuesto sobre la Renta (más otras propias de Sociedades, IVA e Impuestos especiales) que merecen situarse bajo la lupa.
El Ejecutivo cuenta ahora, además, con el dictamen del llamado comité de expertos del Ministerio de Hacienda, cuyo Libro Blanco de recomendaciones para una nueva reforma fiscal se dio a conocer a principios del año pasado. Y existen importantes coincidencias entre lo que apuntan los sabios de la ministra María Jesús Montero y lo que ya señalaba la AIReF con anterioridad.
En ambos casos, la muy popular reducción por tributación conjunta está en el punto de mira. Dicho beneficio es aquél al que recurren los cónyuges cuando uno de ellos no trabaja o existe una gran diferencia de ingresos entre los dos.
La AIReF estima que esta reducción en el IRPF supone un coste de casi 2.400 millones, y cumple con su objetivo de beneficiar a los hogares en los que solamente uno de sus miembros es perceptor de rentas significativas. Ahora bien, también arrastra tras de sí importantes anomalías.
Desincentivo laboral
En concreto, "descincentiva la participación de las mujeres en el mercado laboral", según pone de manifiesto el organismo supervisor, lo que constituye terreno abonado para que la brecha de género continúe creciendo en nuestro país. En segundo lugar, la tributación conjunta en el IRPF se encuentra en extención entre los países de nuestro entorno.
El Gobierno llegó a hacer suyos estos argumentos hasta tal punto que la primera versión del Plan de Recuperación enviada a Bruselas hacía referencia explícita a la desaparición de esta figura. El Ministerio de Economía tuvo entonces que rectificar y tildó de "errata" esa mención. Ahora, no obstante, no es descartable que el Ejecutivo someta a algún tipo de revisión esa deducción.
El Gobierno llegó a hacer suyos estos argumentos hasta tal punto que la primera versión del Plan de Recuperación enviada a Bruselas hacía referencia explícita a la desaparición de esta figura. El Ministerio de Economía tuvo entonces que rectificar y tildó de "errata" esa mención. Ahora, no obstante, no es descartable que el Ejecutivo someta a algún tipo de revisión esa deducción.
En cuanto a la rebaja por arrendamiento de vivienda, la Airef reconoce también que cumple con su objetivo de fomentar la salida al mercado de casas en alquiler. Con todo, ve posible su "reformulación" para de este modo elevar el beneficio para los colectivos especialmente vulnerables. Debería, por tanto, "modularse la intensidad" de los efectos que esta figura tributaria presenta en la actualidad en el bolsillo de los contribuyentes. Otros capítulos, como donaciones, tienen un efecto mucho menor: en torno a 500 millones.
