Bruselas
Sobre utilizar los activos congelados de Rusia para la reconstrucción de Ucrania se ha debatido largo y tendido sin llegar a determinación concreta. La idea, tan pronto se ponía sobre la mesa, desataba una vorágine de contraindicaciones legales. Un impedimento, de talla internacional, que ha bloqueado acción alguna hasta el momento. Pero Bruselas está decidida a que no sea por su empeño, o por falta de una propuesta suya, que tal empresa se lleve a cabo. Y busca la fórmula para poder movilizar los beneficios generados por los activos congelados para la guerra a sus puertas.
Dejó constancia de ello la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la Cumbre de líderes que cerraba junio. Anunció en ella su intención de presentar una propuesta que permita movilizar tales beneficios. Las primeras indicaciones apuntaban a consolidarla antes de agosto, si bien en la Cumbre la alemana evitó dar fechas y se limitó a tildar de "prudente" la fórmula convenida.
No en vano, se cuentan ya varios meses en que expertos, del ámbito económico y legal, cavilan una ecuación que para, finalmente, imponer una tasa a los beneficios generados por los más de 200.000 millones de activos congelados al Banco Central ruso. Será también importante dilucidar cómo guardar y desembolsar tales ingresos.
La mentalidad que solidifica tales empeños es que la destrucción que causa la guerra se paga. Y convienen los países que han condenado la invasión militar que sea el agresor quien pague por los estragos causados. Según han apuntado fuentes comunitarias a elEconomista, tendría poco de justo que la reconstrucción fuera financiada con el dinero de los contribuyentes europeos.
Desde el noviembre pasado se han barajado diferentes perspectivas de cómo ejecutar tal acción. Si, de los activos inmovilizados a Moscú, sería mejor utilizar los públicos, los del Banco Central ruso, unos 200.000 millones de euros. O si sería mejor optar por los privados, los de los oligarcas, que ascienden a 30.000 millones. Si enfocarse en los beneficios generados desde el inicio de la guerra o actual sobre el total de los bienes congelados. Y con las batallas legales preparadas, la UE ha dado con una solución creativa que proporcionaría unos 3.000 millones de euros al año, según la estimación del primer ministro belga, Alexander de Croo.
Ciertamente, tiene el líder belga mucho que decir en este asunto, pues el país concentra el grueso de los activos congelados del Banco Central ruso. Unos 100.000 millones de euros se encuentran en la cámara de compensación Euroclear. Pero por mucho que se antoje una proeza jurídica, esta suerte de tasa a los beneficios generados de los activos públicos rusos ha suscitado recelo. El Banco Central Europeo ha advertido ya en contra de tal actuación y Estados miembro como Alemania han manifestado sus reticencias.
Por parte del Banco Central Europeo se esgrimen preocupaciones como la estabilidad financiera de la UE o la confianza de los mercados internacionales en el euro como divisa. Más allá de los interminables litigios, de lo que advierte es de las repercusiones para las reservas de divisas. También para la protección internacional de la propiedad estatal. Tomar tal acción podría llevar a otros inversores internacionales a otros mercados que no fuera el euro.
Lo cierto es que resultaría en cierto alivio de tales preocupaciones que los socios del G7 siguieran los mismos pasos. La UE intentará que esta sea una acción coordinada. Si bien el grueso de los activos congelados se encuentra en territorio comunitario, la UE ha venido dialogando con Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Japón para construir una base de consenso internacional para tomar represalias sobre los 600.000 millones de euros congelados en conjunto.
Aún con el respaldo de socios internacionales, lo que no está claro es que vaya a haber la unidad necesaria dentro de los Veintisiete para apoyar tal resolución. Han salido, en múltiples ocasiones como vocales de tal decisión los países Bálticos y Polonia. También estarían a favor los países nórdicos aunque resulta que uno de los países clave en la toma de decisiones comunitaria, Alemania, tiene sus reticencias a efectuar un movimiento como este y la afinidad de Budapest y Moscú complica, de nuevo, la toma de decisiones en la UE, como vienen recordando las diferentes rondas de sanciones.
Preocupa a Berlín las consecuencias económicas y legales de esta decisión. Sentaría un precedente jurídico también para otras causas similares, por lo que se hace necesario "estudiar y entender los muy diversos retos jurídicos y factuales para determinar qué es posible, y aún no hemos llegado a ese punto", dijo el canciller germano, Olaf Scholz en Bruselas a finales de junio. El líder alemán concretó que "no estar ni a favor ni en contra" y sentenció que "nadie sabe por el momento qué, o si, o cómo".
Financiar la reconstrucción de Ucrania después de la guerra
Si hay un mantra que se haya repetido desde que se inició la guerra, es que la UE estará con Ucrania "el tiempo que sea necesario". Estar con Ucrania se ha traducido en una ayuda macrofinanciera de los Veintisiete a Kiev por valor de 18.000 millones de euros este año, de los cuales Bruselas ha desembolsado la mitad. Esta cifra se suman a los 7.200 millones de euros que se entregaron el pasado ejercicio. Pero dado que las necesidades de financiación del país, según el Banco Mundial, ascienden a más de 400.000 millones de euros para impulsar su reconstrucción en esta década, la Comisión Europea ha pedido un esfuerzo adicional a los países. Ha sido este junio, durante la revisión del marco financiero plurianual, que el Ejecutivo comunitario ha pedido a los Estados miembro que 50.000 millones de euros más para el presupuesto 2024 – 2027 para ayudar a Ucrania. La ayuda concedida a Ucrania hasta la fecha se ha otorgado en préstamos en condiciones favorables: como que el pago de intereses corre a cargo del presupuesto de la UE. Y entre los que se han pronunciado sobre el uso de los activos rusos para Ucrania figura el Kremlin. Fue ya el pasado noviembre cuando advirtió de que haría todo lo que estuviera en su mano para evitar que Occidente "saquee" sus activos, en clara oposición a la medida.
