
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha alardeado este jueves de tener los "deberes hechos", tras la propuesta presentada ayer por el Ejecutivo comunitario para armonizar las penas por los delitos de corrupción y que eleva a cinco años la condena por delito de malversación, frente a la reforma del Código Penal realizada por el Gobierno a finales del pasado ejercicio.
En una visita a la capital belga en el marco del Brussels Economic Forum, la vicepresidenta primera ha indicado que España tiene "los deberes hechos por cuanto la reforma de 2022 ya separó el delito de malversación en el caso de que haya o no un lucro" y, por tanto, "esa malversación tenga un impacto financiero desde el punto de vista de la persona que pueda cometer ese delito".
A lo que se refiere la titular de Asuntos Económicos es la reforma realizada en diciembre por el Ejecutivo español que, en el marco del procés, redujo las condenas por malversación en caso de que no haya existido ánimo de lucro o si el patrimonio público se utilizó para un fin para el que no había sido concebido. Penas que, con la reforma se vieron reducidas a tres y cuatro años, respectivamente, pese a que lo que plantea Bruselas es un mínimo de cinco años.
En este contexto, la vicepresidenta primera ha defendido que "en cierto sentido España se ha adelantado a este proyecto de directiva" aunque, de llegar a aprobarse tal y como está, -tras ser debatida en el Consejo de la UE y la Eurocámara- podría obligar a España a elevar las penas por malversación.
Preguntada, precisamente, por la falta de concordancia entre los años y las penas de la legislación española y la propuesta de la Comisión para una armonización comunitaria, la ministra ha evitado pronunciarse y ha defendido que "hay una enorme heterogeneidad de las penas a nivel europeo". En este sentido, ha insistido en que hay una "mayor diversidad desde el punto de vista del sistema penal y desde el punto de vista de las penas aplicables a los distintos delitos en los distintos Estados miembro".
En un paso más, Calviño ha tildado de "adecuada" la propuesta de Bruselas para aunar las penas por corrupción en la UE y ha considerado que llevará a que "el conjunto de los Estados miembro nos tengamos que aproximar" en derecho penal.
De salir adelante el texto de directiva tal y como está planteado España tendría que reformar el Código Penal para elevar las condenas por los delitos de malversación en el caso de los dos supuestos que ha atenuado la reforma de diciembre de 2022.
En este sentido, la titular de Asuntos Económicos ha instado a ver "cómo evoluciona el proyecto de directiva" y ha insistido en que "España ya se ha adelantado porque ya separó el delito malversación en caso de que haya o no un lucro y tenga impacto financiero".