Madrid
La economía sumergida consiste en todas aquellas actividades económicas que no se declaran ante la autoridad fiscal. Al no ser registradas por la Agencia Tributaria, las grandes cantidades de dinero que esta representa no se ven reflejadas en el Producto Interior Bruto (PIB) del país. Además, la economía sumergida también integra numerosos casos de evasión fiscal, y por ello Hacienda la califica como "actividad desleal e ilegal".
Tanto empresarios como trabajadores pueden encontrar cierto atractivo en participar de la economía sumergida. Esto se debe a que los primeros se ahorran tributos, y ello aumenta la rentabilidad de sus negocios; y los segundos pueden realizar varias actividades profesionales a la vez, o pueden estafar al estado y cobrar subsidios por desempleo mientras ingresan dinero 'en negro'.
También existen otros elementos que contribuyen a que el ciudadano forme parte de la misma, como por ejemplo las elevadas tasas de desempleo endémicas de España, o la percepción sobre la presión fiscal en el país.
Sus grandes dimensiones
La Fundación Cajas de Ahorro (FUNCAS) estimaba que la economía sumergida llegó hasta el equivalente al 23,7% del PIB en España, en el año 2011, y la más recientemente estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) calculaba que se sitúa en torno al 20% del PIB. Con esto, España superaría holgadamente a la media de la Unión Europea, que es del 13% del PIB.
Por su parte, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) desglosó el porcentaje por Comunidades Autónomas, encontrando diferencias abismales entre territorios: del 30% de Extremadura, al 16% de la Comunidad de Madrid.
El dinero guardado 'bajo el colchón'
Hacienda ha explicado que varios motivos les pueden hacer sospechar de que los ciudadanos guarden el dinero en efectivo en sus hogares y no lo declaren. La primera sería conocer que se utilizan billetes de 500 euros, los cuales dejaron de emitirse por su vinculación al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo, ambas actividades declaradas como "delictivas" es España.
Otra razón es toda retirada de dinero de un banco por valor igual o superior a 3.000 euros. Si bien no existe una cantidad concreta a partir de la cual sea obligatorio declarar el pago, la Ley General Tributaria indica que los bancos deben informar al fisco de movimientos de dinero considerados como "sospechosos". Por tanto, Hacienda puede pedir explicaciones al titular de una cuenta o a su entidad, sobre el origen o el destino del dinero.
Los que prefieren el efectivo
La Agencia Tributaria cuenta con una regulación específica para aquellas personas que prefieran pagar "en metálico". Por ejemplo, si un ciudadano lleva 10.000 euros (o el equivalente en divisa extranjera) en su bolsillo, deberá declarar a Hacienda si la cantidad sale del territorio nacional (también si este dinero entra en España).
Y si se desplaza siempre dentro de las fronteras del país, entonces la cantidad que se permite no declarar aumenta hasta los 100.000 euros o equivalente. Sin embargo, en ambos casos se debe rellenar un formulario modelo S1.
El caso de los trabajadores autónomos
Estos trabajadores por cuenta propia suelen utilizar el efectivo con mayor frecuencia que otros grupos. Esto aumenta todavía más en caso de pequeños negocios, además de aquellos empleos donde el pago normalmente es personal e inmediato, por ejemplo al adquirir un producto y recibirse en el domicilio.
El Plan Anual de Control Tributario muestra varios grados de supervisión, que varían según el tipo de autónomo. Por su parte, la Agencia Tributaria lo considera "un sector o modelo de negocio con elevado riesgo de existencia de economía sumergida".
Concretamente, Autónomos y Emprendedores muestra que las industrias más supervisadas por el fisco español son la restauración, la hostelería, el comercio, la construcción, el sector de las reformas, la recogida de frutas o las inmobiliarias.
