Bruselas
El 2022 ha sido un año laborioso para la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) que ha tenido abiertas 42 investigaciones activas en España con perjuicios al presupuesto de la Unión Europea por fraude fiscal de unos 169,8 millones de euros. Una cifra que supone poco más del 1% de los 14.100 millones de euros de perjuicio a nivel comunitario de un total de 1.117 investigaciones abiertas durante el pasado ejercicio.
Así lo refleja el informe anual de la entidad presentado este miércoles, en el que se constata que una tercera parte de este fraude en España, 57,5 millones de euros estuvo relacionado con fraude por IVA, en lo que han sido cuatro investigaciones abiertas en 2022. Una proporción alejada de la que se replica a escala europea, en donde la mitad del fraude, un 47% y 6.700 millones de euros, está asociado al impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Además, los jueces han congelado 3,7 millones de euros en las investigaciones de la EPPO en España. Una cifra, en todo caso lejana de esos 359,1 millones de euros a nivel comunitario que llega a multiplicar por siete las cifras de 2021.
En todo caso, la institución con sede en Luxemburgo destaca a España en tercera posición entre los países que registraron un mayor número de casos nuevos, con un total de 14 y solo por detrás de los 23 de Bulgaria y los 17 de Croacia. Y le sigue de cerca en la lista los 13 de Rumanía.
El 2022, es el primer ejercicio en el que la fiscalía europea analiza el año completo, cuando abrió 865 casos, acercándose a duplicar los 515 activos a finales de 2021. Además, ha puesto en el punto de mira el fraude que afecta a los ingresos fiscales, concretamente el fraude transfronterizo del IVA. La Europol calcula que sólo el fraude del IVA cuesta a las finanzas públicas de la UE 50.000 millones de euros cada año.
En 2022, España fue uno de los 18 Estados miembro en los que se llevaron a cabo un total de 210 acciones de recuperación, entre los que se incluyen también Austria, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Grecia o Portugal. En total, la Fiscalía Europea solicitó más de 516 millones de euros y se incautaron más de 359 millones de euros.
"Mi principal mensaje este año es que si queremos que la OEPP marque una diferencia duradera necesitamos ajustes organizativos y jurídicos", ha señalado la fiscal general europea, Laura Kövesi, que en un escrito ha abogado por combinar las capacidades de la propia fiscalía europea con la Policía, Administraciones Tributarias y Aduanas, para trabajar "transnacionalmente" en los casos complejos.
