El debate sobre las medidas adoptadas para hacer frente a la inflación centra sus esfuerzos en el impacto sobre el objetivo que persiguen, que es el de bajar la inflación y proteger a las rentas más vulnerables. La mayoría de estas iniciativas han sido generalizadas, según ha explicado varias veces el Banco de España. El think tank Nada es Gratis concluye, sobre la bonificación al combustible, que el incremento de la demanda provocó una subida de precios de seis céntimos provocó que los consumidores pagaran una quinta parte (el 21%) de la medida, 925 millones.
En abril de 2022 entró en vigor el descuento de 20 céntimos como parte del primer plan de choque, negociado y presentado de forma exprés en marzo para hacer frente al shock de precios energéticos. En el análisis ex post del impacto de este descuento ya son varias instituciones las que señalan que la bonificación redujo la inflación, pero no fue una medida óptima para el bolsillo de las rentas bajas.
Así, el Banco de España estimó que su impacto sobre la tasa de inflación fue de 0,35 puntos en los hogares más pobres, y de casi el doble (0,61 puntos) en los más ricos, por su mayor consumo. De hecho, apenas un cuarto de los hogares más pobres se llegó a beneficiar en cierta medida: "es una medida regresiva en un país donde el 73% de los hogares más pobres no consumen combustibles", explican en Nada es Gratis. Y, según el apunte que recogen de la AIReF, fue el 20% más rico de España quien acaparó prácticamente un cuarto de esta beneficio.
En la estimación inicial, el Gobierno calculó una movilización de 5.000 millones de euros destinada a esta medida que Nada es Gratis rebaja a unos 4.233 millones. De esta forma, el estimulo del consumo provocó una repercusión negativa en forma de subida de precios (casi 6 céntimos el diésel) que perjudicó principalmente a los consumidores.
Esta medida generó a empresas petroleras 723 millones en beneficios extra y el Estado recaudó algo más de 200 millones más por la mejora del IVA (al subir la base imponible de este impuesto indirecto sobre el consumo). En contra, el grupo consumidor de combustibles perdió 925 millones de euros, algo más del 21% del coste total de la medida, según datos de Nada es Gratis.
"En definitiva, se trata de una medida de política económica que, aunque puede ser parcialmente efectiva en la contención del IPC, tiene un destacable coste económico y un impacto redistributivo nada trivial. De cara a políticas futuras, sería necesario evaluar mecanismos alternativos, igual o más eficaces en la contención del IPC, que tengan un menor coste para la sociedad y la eficiencia en el uso del dinero público", concluyen.
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