Madrid
De acuerdo con algunas de las principales conclusiones que pueden extraerse de la sesión online La aplicación de los fondos Next Generation EU en España y Portugal, organizada por el Consejo General de Economistas de España y la Ordem dos Economistas de Portugal, deberían extenderse los plazos de ejecución para la aplicación de los fondos Next Generation EU y, en líneas generales, corregirse ciertos problemas que están dificultando el despliegue del plan.
En el caso español, los economistas consideran que convendría relajar ciertas restricciones en materia de ayudas de estado, reforzar los mecanismos de evaluación y dar un mayor margen de decisión a las administraciones territoriales. En cuanto a las reformas incluidas en el Plan de Recuperación español, si bien algunas están bien diseñadas, los participantes afirmaron que otras, como la relativa a las pensiones, deberían revisarse con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema de acuerdo con lo exigido por Bruselas de cara a la entrega de los nuevos tramos de estos fondos europeos. En cuanto a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) puestos en marcha, los expertos destacan los relativos a energías renovables, fabricación de semiconductores y digitalización, pero echan en falta una mayor atención al sector turístico y a las infraestructuras hidráulicas.
En la sesión intervinieron el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich; el presidente de la Ordem dos Economistas de Portugal, António Mendonça; el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea); Ángel de la Fuente; el exministro de Planificación del Gobierno de la República portuguesa (de 2018 a 2022), Nelson de Souza, y el director de Relaciones Internacionales del Consejo General de Economistas, José María Casado. Este último señaló la importancia y trascendencia del instrumento excepcional de recuperación temporal de los Estados Miembros de la Unión Europea que, para el caso concreto de España y Portugal, "suponen una indiscutible prioridad para sus respectivas economías tanto por su cuantía (750.000 millones de euros) como por su trascendencia para ambas". "Para su recuperación ecológica y digital, y la resiliencia de sus economías, España y Portugal, la Península Ibérica, recibirán una parte sustantiva de esta cantidad (aproximadamente un 18% para España) que, a la vista de la evolución actual, parecen observarse algunos problemas en cuanto a las reformas necesarias, ejecución, plazos, tipo de proyectos y gestión, que podrían afectar a la asignación de estos fondos europeos, como, por ejemplo, la plataforma Cofee que, por el momento, no está a pleno rendimiento, existiendo la posibilidad de generar problemas que la UE podría sancionar"
Para Valentín Pich, "si bien las grandes líneas han sido correctas, algunas organizaciones –como la OCDE, Fedea o el Consejo Económico y Social (CES)– manifestaron en su momento ciertas críticas o preocupaciones, con las que no podemos estar más de acuerdo; entre ellas: la falta de enfoque en la inversión en I+D+i; la poca atención a las reformas estructurales; la insuficiente coordinación con las comunidades autónomas, y el riesgo de sobreendeudamiento". Así, "aunque los fondos Next Generation EU son un importante paquete de ayuda para la recuperación económica, tienen un cierto riesgo de aumentar la deuda pública de España. Debe tenerse en cuenta que un total de 84.000 millones de euros se canalizarán a través de préstamos, importes que habrá que devolver en algún momento, lo que puede poner en riesgo la estabilidad financiera a largo plazo de España si no se gestionan adecuadamente". En cuanto a los tiempos de ejecución, Pich estima que, "en un afán de auto exigencia, hemos ido demasiado deprisa, por lo que deberíamos planearnos ahora la posibilidad de extender los plazos".
Por su parte, Ángel de la Fuente incidió en que "en términos generales, las cosas no van bien en el ámbito de las reformas. Algunas están diseñadas razonablemente bien (sobre todo la reforma concursal y en parte la laboral), pero muchas de ellas tienen muy poca sustancia y otras van en la dirección contraria a lo que sería deseable. Entre estas últimas destacan las reformas en materia de pensiones, que compromete la sostenibilidad del sistema en lugar de garantizarla como pedía la Comisión Europea, y el proyecto de ley de vivienda, todavía en tramitación, que introduce medidas como el control de alquileres y un debilitamiento de los derechos de propiedad en materia inmobiliaria que aumentarán los problemas de oferta que se pretende solventar. Leyes como la de empleo, universidades, startups, crea y crece, ciencia, evaluación de políticas, movilidad sostenible, etc. están llenas de buenas intenciones, pero tienen poco contenido real y muchas de ellas incluyen medidas contraproducentes y están muy mal escritas".
