Bruselas
La Comisión Europea ha dado el visto bueno este viernes al tercer desembolso del plan de Recuperación español tras considerar que se han cumplido los 29 hitos y objetivos asociados a este tramo. Con lo que Bruselas da el primer paso para el pago de 6.000 millones de euros asociados a esta tercera parte del plan de salida de la pandemia.
La cuantía se suma a los 12.000 millones de euros que España recibió en julio del pasado año al amparo del segundo pago, los 10.000 millones del primer desembolso a finales de 2021 y los 9.036 millones de prefinanciación otorgada en agosto de 2021. Con lo que, hasta la fecha Bruselas ha aprobado 37.000 millones de euros, el 53% de los fondos Next Generation para España.
Tras el visto bueno del Ejecutivo comunitario, serán ahora los Veintisiete quienes tendrán que dar luz verde a este tercer tramo en las próximas cuatro semanas. De cumplirse el calendario previsto, este desembolso de fondos se realizaría el 28 de marzo.
En todo caso, España continúa situándose a la cabeza del despliegue de fondos de Recuperación en la UE, siendo el primero en recibir tanto el primero como el segundo tramo. Este desembolso estaba asociado al cumplimiento de 20 reformas y ocho inversiones que se han implementado a lo largo del 2022, que se corresponden con 23 hitos y 6 objetivos.
Entre los primeros se cuentan la reforma de la Ley Concursal, la reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos, la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal o la Ley relativa al Sistema Integral de Formación Profesional.
Este desembolso es especialmente importante porque la Comisión Europea ha valorado que España ha cumplido satisfactoriamente con los compromisos "adicionales" vinculados a la puesta en marcha de un sistema informático de auditoría y control de los fondos, el controvertido hito 173. Por lo que no realizará más seguimientos al respecto.
El hito en cuestión forma parte de la solicitud del primer tramo de ayudas y exige que se implemente un sistema de auditoría y control de la financiación europea. El otro requisito asociado a estos compromisos adicionales es mejorar la recopilación de datos de los beneficiarios de empresas extranjeras que no tienen poderes notariales en España.
Respecto al primero de los compromisos, el ministerio de Hacienda ha firmado acuerdos con el Consejo General de Notarios, el Colegio de Registradores de la Propiedad y el Ministerio de Justicia para acceder a información sobre beneficiarios efectivos de empresas extranjeras, también a través de la base de datos comunitaria Boris EU, que dará acceso a los registros de otros Estados miembro una vez que esté operativa.
Además, España ha promulgado una orden ministerial que faculta a las autoridades competentes para recabar datos de los beneficiarios directamente de los solicitantes, ha publicado orientaciones para reforzar el proceso de recopilación de datos de los beneficiarios de los contratos y ha enviado cartas a las empresas relacionadas con los pagos efectuados hasta la fecha, solicitando tales datos si no están disponibles en los registros nacionales.
Por otro lado, respecto al segundo de los compromisos, España ha desarrollado la herramienta informática Minerva que analizará los potenciales conflictos de interés.
Al amparo del Plan de Recuperación a España le corresponden hasta 69.500 millones de euros en transferencias, tiene derecho a otros 7.700 millones de euros en subvenciones adicionales y a 86.000 millones de euros en préstamos.
Cabe recordar que el Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Control Presupuestario, enviará el 20 de febrero una misión a España para estudiar la gestión del Gobierno de los fondos Next Generation a lo largo de tres días. Concretamente los eurodiputados pedirán cuentas al Gobierno sobre el primer desembolso.
La misión estará capitaneada por la eurodiputada de la derecha alemana, Monika Hohlmeier, que ya acusó a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de ceder las responsabilidades de gestión de los fondos a las comunidades autónomas. La alemana mantiene una postura crítica con la gestión de esta financiación en España, pese a que la Comisión Europea siempre ha considerado que se desarrolla con normalidad.
Atendiendo a las vacaciones del periodo navideño, la Comisión Europea ha contado con tres meses, en lugar de los dos habituales, para evaluar que España ha cumplido con las reformas acordadas. El plazo se amplió de conformidad con el Gobierno para facilitar el trabajo de los equipos del Ejecutivo comunitario.
Vigilará de cerca la sostenibilidad de las pensiones
Dentro de lo que será el cuarto desembolso del Plan de Recuperación para España se incluye la reforma de las pensiones. Y si bien la evaluación del Ejecutivo comunitario está por determinar, Bruselas seguirá de cerca este proceso que tiene en el punto de mira cuestiones como la propia sostenibilidad del sistema de pensiones.
El próximo desembolso incluye la base contributiva para el cálculo de sistema de pensiones, un tema aún en discusión con los agentes sociales. También incluye la base máxima de cotización y el mecanismo de equidad intergeneracional. Además, asociado al cuarto pago, Bruselas evaluará el impacto de las reformas efectuadas a la fecha para garantizar la sostenibilidad fiscal.
