Bruselas
La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y con ello de las reglas fiscales, vuelve a la mesa de debate de los ministros de Economía y Finanzas de la UE este martes. Y lo hace con una propuesta de la presidencia de turno de la UE, en manos de Suecia en este primer semestre del año, que plantea a los Veintisiete elevar el rol de la Comisión Europea en la evaluación de la deuda pública.
Una carta remitida a los Estados miembro por parte de la presidencia sueca de la UE, a la que ha tenido acceso El Economista, deja entrever las líneas en las que empieza a haber consenso entre los Veintisiete en la reforma de las reglas fiscales. Entre ellas, se contempla que "un papel más relevante" para las herramientas de evaluación de los retos de la deuda pública de la Comisión Europea "podría propiciar que el marco de gobernanza económica" garantizara "unas finanzas públicas sostenibles".
Considera la presidencia sueca en su escrito que una mayor relevancia del papel de la Comisión en la evaluación de la deuda pública "permitiría eliminar la actual norma uniforme para la reducción de deuda y adoptar en su lugar un enfoque más específico para cada país", reza el escrito a los países de la UE.
Ante lo que cabe tener en cuenta que, si bien la propuesta de la Comisión Europea de la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento del pasado noviembre mantiene la obligación de mantener la deuda pública por debajo de niveles del 60% del PIB, plantea erradicar la famosa regla de oro que obliga a reducir cada año una veinteava parte de la deuda pública para aquellos países que superen ese umbral del 60%.
Otra de las líneas sobre la que se empieza a dibujar consenso, según el documento remitido a los ministros de Economía de la UE, afecta al procedimiento de desequilibrio macroeconómico, que básicamente busca detectar, prevenir y atajar los desequilibrios macroeconómicos que puedan afectar negativamente a la estabilidad económica de un determinado país miembro, de la eurozona o de toda la UE.
A este respecto, los Estados miembro coinciden en la necesidad de que esta supervisión macroeconómica sea "más dinámica" para que permita "detectar mejor los desequilibrios incipientes antes de que se agraven".
Y en la reflexión sobre cómo mejorar el procedimiento, emergen cuestiones como la incorporación de medidas para reducir los desequilibrios en los planes a medio plazo y como deben reflejarse en la vertiente fiscal.
Otra de los grandes puntos de controversia de la reforma del Pacto de Estabilidad radica en esa relación entre la senda de ajuste fiscal específica para cada país y unas reglas fiscales comunes a nivel comunitario. Para lo cual la presidencia sueca tilda de "esencial" que esa senda de ajuste fiscal se sustente "en el compromiso de las autoridades nacionales".
Considera que tal condición "mejorará su aplicación", establece el escrito de la presidencia sueca, aunque en paralelo subraya que un marco común a nivel UE es "indispensable para garantizar la transparencia", dotar de "predictibilidad", asegurar la "igualdad de trato" y la "coherencia política".
La intención es que la discusión política sobre la reforma del Pacto de Estabilidad esté terminada en el primer trimestre del año, por lo que la próxima Cumbre europea de marzo debería arrojar conclusiones de los líderes de la UE sobre el tema, que permita a la Comisión Europea poner sobre la mesa una propuesta legislativa concreta.
Lo que planteó la Comisión Europea en su propuesta de revisión de las reglas fiscales del pasado noviembre son sendas de reducción de deuda individualizadas y ajustadas a cada Estado miembro. Unas sendas que se negociarán entre la Comisión Europea y los países de la UE y a las que deben dar el visto bueno los ministros de Economía y Finanzas de la UE.
Estos planes de ajustes tendrán una duración de cuatro años para los países con altos niveles de endeudamiento y pivotarán sobre un techo anual al gasto público neto de tal manera que el déficit se sitúe por debajo del 3% y la deuda encarrile la senda descendente. En caso de que se produzca alguna desviación sobre ese techo de gasto pactado, se aplicarán multas, con sanciones máximas del 0,2% del PIB.
