A finales de septiembre del año pasado, la Comisión Europea pidió a los Estados miembros que modernizasen sus regímenes de renta mínima en forma de compromiso para combatir la pobreza y la exclusión en la Unión. En la propuesta de Recomendación del Consejo sobre una renta mínima que procure la inclusión activa, se establecía la manera en la que los Estados miembros pueden modernizar sus regímenes de renta mínima para hacerlos más eficaces, de modo que saquen a las personas de la pobreza y se promueva al mismo tiempo la integración en el mercado laboral de aquellos que pueden trabajar.
"La renta mínima consiste en pagos en efectivo que ayudan a los hogares que la necesitan a colmar la brecha hasta un determinado nivel de ingresos de manera que puedan abonar las facturas y vivir con dignidad. Son especialmente importantes en tiempos de recesión económica, ya que ayudan a amortiguar la caída de los ingresos de los hogares en el caso de las personas más necesitadas; así contribuyen a un crecimiento sostenible e integrador. Suelen complementarse con prestaciones en especie que dan acceso a servicios e incentivos específicos para acceder al mercado laboral. De este modo, los regímenes de renta mínima no son un instrumento pasivo, sino que sirven de trampolín para mejorar la inclusión y las perspectivas de empleo. Unos regímenes de renta mínima bien diseñados logran un equilibrio entre la reducción de la pobreza, la incentivación del trabajo y el mantenimiento de unos costes presupuestarios sostenibles", dicen fuentes comunitarias.
Objetivo 2030
La propuesta contribuirá a alcanzar los objetivos sociales de la UE para 2030 de reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión en al menos 15 millones de personas, tal como se establece en el Plan de Acción del pilar europeo de derechos sociales. También ayudará a los Estados miembros a alcanzar el objetivo de que tenga empleo al menos el 78% de la población de entre 20 y 64 años.
El vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas, Valdis Dombrovskis,, declaró que "los sistemas de protección social contribuyen a reducir las desigualdades y diferencias sociales. Gracias a ellos, se garantiza una vida digna a quienes no pueden trabajar y se anima a volver a la vida laboral a quienes pueden trabajar. En un momento en el que muchas personas luchan por llegar a fin de mes, este otoño será importante que los Estados miembros modernicen sus redes de seguridad social con un enfoque de inclusión activa, a fin de ayudar a los más necesitados. Así podemos luchar contra la pobreza y la exclusión social y ayudar a más personas a tener un empleo durante este período tan complicado".
Por su parte, el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, considera que "en la actualidad, más de una de cada cinco personas en la UE se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Existen regímenes de renta mínima en todos los Estados miembros, pero el análisis muestra que no siempre son adecuados, llegan a todas las personas necesitadas o motivan a las personas a reincorporarse al mercado laboral. En un contexto de aumento del coste de la vida y de incertidumbres, debemos asegurarnos de que nuestras redes de seguridad estén a la altura de la tarea que se presenta. Además, debemos preocuparnos especialmente por que las ayudas a la renta también contribuyan a que los jóvenes vuelvan a la vida laboral, de modo que no queden atrapados en un círculo vicioso de exclusión".
El martes de la semana pasada, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) del Parlamento Europeo aprobó la solicitud de una nueva directiva con 27 votos a favor, 8 en contra y 9 abstenciones.
"Los países de la UE deberían aumentar gradualmente sus planes de ingresos mínimos para las personas que carecen de recursos suficientes hasta un nivel adecuado y al menos equivalente al umbral nacional de riesgo de pobreza como parte de una estrategia más amplia contra la pobreza e incentivos para promover el trabajo. reinserción en el mercado de quienes pueden trabajar", dicen desde la Comisión Europea.
Los eurodiputados también quieren garantizar que los planes de ingresos mínimos estén disponibles para cualquier persona que pueda necesitarlos y que los grupos sociales desfavorecidos, como las personas sin hogar, no vean impedido el acceso al plan por obstáculos burocráticos como prueba de domicilio, cuenta bancaria o un falta de habilidades y recursos digitales.
Agendada para febrero
La propuesta de la Comisión será debatida por los Estados miembros con vistas a su adopción por el Consejo. Una vez adoptado, los Estados miembros deben informar a la Comisión cada tres años sobre su progreso en la implementación.
"La Comisión también supervisará el progreso en la implementación de esta Recomendación en el contexto del Semestre Europeo. El instrumento propuesto, una recomendación del Consejo, otorga a los Estados miembros suficiente margen de maniobra para determinar la mejor manera de lograr los objetivos de esta iniciativa, teniendo en cuenta sus circunstancias específicas", dicen fuentes europeas consultadas por elEconomista.es.
Ahora, el proyecto de texto debe agregarse a la agenda parlamentaria de febrero.
