El comercio mundial se enfrenta a un nuevo enemigo: la lucha contra el cambio climático. El compromiso de los gobiernos con esta causa está dando lugar a nuevas políticas que entran en conflicto con las alianzas internacionales y el statu quo imperante hasta la fecha. Una tensión que podría derivar en guerras comerciales transfronterizas más frecuentes.
EEUU es uno de los países que está tensionando el sistema. Cada año, llegan a sus puertos decenas de millones de contenedores cargados con productos fabricados en el extranjero a un precio muy reducido, algo beneficioso para el bolsillo de los consumidores estadounidenses, pero no para el planeta. Una situación insostenible que la Administración Biden quiere cambiar acelerando la transición energética y aplicando nuevos aranceles, subvenciones y desgravaciones fiscales. Esto, además, le permitirá reducir su dependencia de China.
La Unión Europea (UE) ha respondido calificando una de las nuevas medidas -los créditos fiscales para equipos y vehículos de energías limpias fabricados en EEUU- de "asesina de empleos". Como consecuencia, las autoridades europeas barajan la posibilidad de presentar un caso comercial ante la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, se plantean rediseñar las normas sobre ayudas estatales para financiar la industria de las energía limpias.
Sin embargo, EEUU no es el único que ha recibido críticas por sus políticas para luchar contra el cambio climático, también la UE. En su caso, se debe al mecanismo de ajuste en frontera destinado a evitar que las empresas europeas estén en desventaja frente a los competidores con normas medioambientales menos estrictas. Para conseguirlo, pretende fijar un precio al carbono de las importaciones contaminantes, como son el aluminio, los fertilizantes, el hierro y el acero, entre otras. China y Turquía son dos de los países que han expresado su malestar respecto a esta medida pues, en la práctica, podría acabar discriminando sus productos.
Pese a esto, EEUU también sospesa crear una coalición internacional para imponer aranceles al acero y el aluminio contaminantes. Es más, ya ha enviado una propuesta inicial a la Unión Europea. De materializarse, podría abrir una nueva guerra comercial con Canadá, México, Brasil y Corea del Sur, responsables de la mitad de las importaciones de acero que llegaron a territorio estadounidense en 2022, según publica The New York Times.
Por su parte, los activistas climáticos aseguran que este tipo de medidas son el impulso que necesitan los gobiernos para "replantearse los fundamentos del sistema" y poner en marcha industrias de energías limpias. Para que realmente sirva para luchar contra las emisiones de efecto invernadero, consideran que las autoridades también deberían firmar una "cláusula de paz climática" por la cual se comprometan a no utilizar la Organización Mundial del Comercio y otros acuerdos comerciales para saltarse las políticas climáticas, como ha ocurrido en el pasado. Proponen que dure una década.
Incertidumbre ante la propuesta de la UE
Está previsto que el mecanismo de ajuste en frontera al carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) se empiece a aplicar gradualmente a partir de octubre de este año y coincida con la eliminación del régimen de comercio de derechos de emisión del continente, utilizado desde 2005 para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, todavía genera muchas incertidumbres.
Una de ellas es el sistema para medir las emisiones. Dado que es casi imposible seguir la producción de todas las importaciones, lo que propone la Comisión Europea es usar cifras medias, lo que podría terminar beneficiando a los productos más contaminantes. Otro es que se fomente la fuga de emisiones en los mercados globales al eliminar la exención a los exportadores europeos de pagar el precio del carbono, señala Pedro Linares, profesor de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-Icade, a Expansión.
Aunque es difícil saber con exactitud cual será su impacto, las estimaciones marcan que, para los metales básicos y la industria automovilística -los más expuestos internacionalmente-, ascenderá a 2.500 millones de euros.
