Bruselas
La Comisión Europea ha abierto este jueves un procedimiento de infracción contra España por no aplicar correctamente la directiva antiblaqueo de capitales y le ha instado a crear un sistema de transparencia a través un registro central de titulares reales de las empresas.
En una carta remitida a España y también a Italia, Bruselas ha informado de la incorrecta aplicación de la norma comunitaria contra el blanqueo de capitales, pese a que "estos Estados miembro habían notificado una completa transposición de la directiva", ha informado la Comisión Europea.
Ha sido en este marco que Bruselas ha detectado varias disfuncionalidades en la aplicación de la norma que afecta a uno de sus elementos clave y es el establecimiento de registros centrales de titularidad real de las empresas.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha puesto en valor la necesidad de aumentar la transparencia para combatir el uso indebido de las entidades jurídicas y ha señalado la responsabilidad de los Estados miembro de asegurar que la información sobre los propietarios reales de estas empresas se recopile en un registro central.
Así, la Comisión Europea ha remitido una carta de emplazamiento a las autoridades españolas que confiere a España dos meses para solventar la situación. Esta carta de emplazamiento es el primero de los tres pasos del procedimiento de infracción de la Comisión Europea, que podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En un paso más, el Ejecutivo comunitario ha desgranado que los países de la UE pueden utilizar una base de datos central que recopile la inflación de los beneficiarios, o el registro mercantil, u otro tipo de registro central.
Impuestos especiales
Pero este no es el único procedimiento abierto contra España. El Ejecutivo comunitario ha llevado al Gobierno de Sánchez a la segunda fase del proceso de infracción y le ha remitido un dictamen motivado para que transponga la directiva europea sobre impuestos especiales a la norma nacional, algo que considera está aún pendiente.
La normativa europea será aplicable a partir del 13 de febrero de 2023 y los Estados miembros debían transponer esta Directiva antes del 31 de diciembre de 2021, ha recordado el Ejecutivo comunitario, que ha añadido que, "hasta la fecha, España no ha notificado ninguna medida de transposición a la Comisión".
España dispone ahora de dos meses para cumplir la obligación de transposición y notificarla a la Comisión. De no hacerlo, el Ejecutivo comunitario podría llevarla ante el Tribunal de Justicia.
