Hace dos años que el Brexit entró en vigor, pero el caos legislativo y regulatorio provocado por aquella decisión aún no se ha terminado. Y el Gobierno británico quiere sumar más dosis de incertidumbre este año. Este miércoles, el Parlamento va a aprobar una ley que pondrá en marcha la derogación de todas las leyes y regulaciones aprobadas durante las últimas décadas a instancias de la Unión Europea, salvo que algún ministro solicite su mantenimiento. El 31 de diciembre podrán desaparecer de golpe hasta 3.800 leyes y reglamentos, una sacudida que amenaza con obligar a empresas y ciudadanos a pasarse horas para entender qué normas siguen en vigor y cuáles desaparecerán con el próximo año nuevo.
Con la marcha de la UE, todas las leyes aprobadas al albur de regulaciones creadas en Bruselas fueron recatalogadas como "legislación europea retenida". Esta ley pretende borrar de golpe todas las leyes que pertenezcan a esta categoría, salvo que el Gobierno decida salvarlas. El cálculo original apuntaba a que había unas 2.400 leyes, pero los Archivos Nacionales han descubierto 1.400 textos más dentro de esta categoría, según apunta el Financial Times.
El Gobierno ha presentado esta ley como un ejercicio de "limpieza". "No tiene sentido mantener en nuestros estatutos leyes que se refieren a reglamentos de una organización a la que ya no pertenecemos y que pueden ser derogados en cualquier momento", alegó Jacob Rees-Mogg, el exministro que redactó el texto inicialmente, antes de ser cesado en una las múltiples crisis de Gobierno que vivió Londres el año pasado.
Para la oposición, sin embargo, este proyecto de ley supone una grave amenaza a la estabilidad legal del país. Entre las leyes derivadas de la UE están todos los estándares alimentarios, las directivas de horarios laborales y vacaciones, múltiples reglas medioambientales y el sistema de protección de datos, entre otros. Además, quedaría anulada toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, por lo que los tribunales británicos podrían empezar a aplicar algunas leyes de forma distinta a la que se hacía hasta ahora.
El portavoz laborista de Trabajo, Justin Madders, cree que esta medida "es una afrenta a los derechos laborales del pueblo británico que tanto ha costado ganar", mientras que el Gobierno escocés apuntó que quedarán en el aire leyes que "son importantes para las empresas y la industria, ya que brindan la estabilidad y la certeza necesarias para planificar y participar de manera efectiva en los mercados internacionales".
Y los partidos de la oposición no son los únicos preocupados. Para la Sociedad Legal, el colegio independiente de abogados británicos, los efectos de borrar indiscriminadamente miles de leyes de golpe pueden ser "devastadores" para la estabilidad jurídica del país. Por su parte, la consultora Macfarlanes advierte que "Dadas las deficiencias actuales de transparencia y oportunidad en el borrador, y la considerable incertidumbre sobre lo que se puede lograr durante el transcurso de 2023, será necesaria una gran vigilancia". Y añade: "Hay pocas dudas de que esto afectará de forma significativa a muchas áreas de actividad económica".
De nuevo, el riesgo es que muchas de las leyes en cuestión sigan en el aire hasta finales de año, sin saber cuáles se salvarán y cuáles no, creando un nuevo 'acantilado legal' para todo tipo de empresas el 31 de diciembre. Y si el Gobierno decide dejar caer a muchos de los estándares europeos que Bruselas pidió mantener a cambio del acuerdo comercial con Reino Unido, es posible que la UE endurezca sus condiciones en respuesta. Con el país en medio de una fuerte crisis económica, la 'maldición' autoprovocada del Brexit puede empeorar aún más las cosas.
