Economía

La UE sortea el veto húngaro y aprueba el tipo mínimo de sociedades y los 18.000 millones a Ucrania

  • La UE reduce a 6.350 millones los Fondos de Cohesión congelados a Budapest por no cumplir con el Estado de derecho
  • Respalda el plan de Recuperación de Hungría, dotado de 5.800 millones
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
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Mega acuerdo. Con estas palabras grandilocuentes anunció la presidencia de turno de la UE, en manos de la República Checa en el segundo semestre de 2022, una resolución de gran calado para el bloque. Y no es para menos, pues lo que refleja es que la UE ha conseguido esquivar el veto húngaro y sacar adelante el tipo mínimo del 15% para multinacionales y el paquete de ayuda macrofinanciera de 18.000 millones para Ucrania. Dos compromisos que el Gobierno de Viktor Orbán ha mantenido bloqueados en los últimos meses. La presidencia checa cumple con lo prometido y consigue impulsar, en la cuenta atrás del año, dos cuestiones clave.

Ha sido en una reunión a nivel de embajadores que los Veintisiete han logrado, finalmente, alcanzar un compromiso que se ha hecho de rogar. Y es muy significativo pues, además de estos dos acuerdos, los Estados miembro han respaldado que se congelen por primera vez fondos a un país por no cumplir con las garantías del Estado de Derecho. Serán, finalmente 6.350 millones de Fondos de Cohesión los que se bloquearán a Budapest que, como contrapartida, recibirá finalmente el visto bueno por parte de los Veintisiete a su plan de Recuperación, dotado de 5.800 millones de euros.

Los tiras y aflojas de unas posturas que parecían irreconciliables quedaron plasmados la pasada semana en el encuentro de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin). La reunión terminaba en frustración y el chantaje húngaro volvía a bloquear y condicionar decisiones para las que los Veintisiete requieren unanimidad. Así la idea de un Ecofin extraordinario en diciembre zanjó el encuentro, con todas las papeletas para que se celebrase por videoconferencia.

En un intento por salvar las negociaciones, se instó a la Comisión Europea a revisar su evaluación sobre Hungría, a instancias de países como Francia y Alemania que defendían que ha cumplido con parte de los requisitos que se le plantearon desde las instituciones europeas.

No en vano, los embajadores de la UE han recortado la financiación que se congelará a Budapest. Serán, finalmente, un 55% de los fondos de Cohesión, frente al 65% planteado inicialmente por el Ejecutivo comunitario, lo que se traduce en el bloqueo de 6.350 millones de euros frente a los 7.500 millones que se barajaba en un inicio. Un acuerdo que ha servido, en cualquier caso, para que Hungría levante su veto y su chantaje.

Lo cierto es que el tipo mínimo de sociedades del 15% para multinacionales ya fue empeño, en el primer semestre del 2022, de la presidencia francesa de la UE. Se enfrentó, primero, al veto de Polonia y, en el momento en que éste se levantó, cayó el húngaro, frustrando así las pretensiones galas de impulsar tal medida en su mandato del Consejo de la UE.

El tipo impositivo se articula como el segundo pilar del paquete de reforma fiscal pactado, a nivel global, en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el pasado año y se aplicará a empresas que facturación superior a 750 millones de euros.

También se han desbloqueado los 18.000 millones de euros de ayuda macrofinanciera a Ucrania. Un paquete de ayuda ante la invasión militar rusa para el que la Comisión Europea esperaba tener el visto bueno a finales de este mes y ejecutar el primer desembolso en enero.

El paquete, se confirmará ahora por procedimiento escrito. Además, pese a la abstención de Países Bajos, Hungría recibirá luz verde al Plan de Recuperación, que debía ser aprobado antes de final de año para no perder el grueso de la financiación. También ha visto rebajada la cuantía de fondos congelados bajo el mecanismo de condicionalidad aplicado por primera vez por Bruselas. Con la previsible oposición de Budapest. Sin embargo para estas dos cuestiones no era necesaria unanimidad a nivel de Veintisiete.

Para acceder a estos 5.800 millones del Plan de Recuperación el Ejecutivo Comunitario estipuló hace unas semanas que tendrá que cumplir con 27 superhitos vinculados al cumplimiento del Estado de derecho, y que ampara medidas anticorrupción y para garantizar la independencia judicial.

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