Bruselas
Los países de la eurozona se han comprometido este lunes a implementar medidas más temporales y específicas para abordar la crisis energética de tal manera que las ayudas lleguen a los hogares y empresas más vulnerables. Ha sido en el marco de una reunión del Eurogrupo, que los Diecinueve han mostrado su conformidad con el mensaje de Bruselas de retirar progresivamente las medidas generalizadas. El mantra de la Comisión Europea en los últimos meses es un intento por evitar una confrontación entre una política fiscal expansiva y el endurecimiento de la política monetaria, que está implementando el Banco Central Europeo.
En una declaración conjunta, los países de la eurozona pactaron implementar medidas "más eficientes, mejor coordinadas y asequibles desde el punto de vista fiscal" para abordar la crisis energética coordinadas y asequibles desde el punto de vista fiscal".
Además, los Diecinueve se comprometieron a examinar el próximo año que las medidas se centran en los más vulnerables y las empresas viables" más expuestas a los altos precios del gas, de la electricidad y de la agresión militar rusa de Ucrania.
"Muchas de estas medidas han sido amplias y se han centrado en los precios de la energía, en lugar de centrarse en los ingresos", ha recogido el Eurogrupo en su declaración.
Un documento en el que los Diecinueve han estimado que el coste presupuestario directo de las medidas implementadas 2022 ronda el 1,3 % del PIB de la zona del euro y pronostican que en 2023 será del 0,9% y "podría aumentar significativamente si las medidas ya anunciadas se mantuvieran durante todo el año".
España también recogió el guante que le lanzó la Comisión Europea en su valoración sobre el borrador de los Presupuestos. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha señalado que el Gobierno pondrá en marcha medidas más específicas para atajar el alza de precios de la energía a partir del próximo ejercicio.
El objetivo es tratar de enfocar las medidas en "aquellos sectores más afectados y colectivos vulnerables" mientras se trata de mantener los incentivos "necesarios para la electrificación de la economía, la contención de la inflación y la eficiencia energética", ha aclarado la vicepresidenta preguntada por las medidas de cara al próximo año a su entrada al Eurogrupo.
La titular de Asuntos Económicos ha matizado que en una primera fase el objetivo primordial era "implementar medidas de choque y amplio espectro con un impacto generalizado". Una actuación ala que, recordó, también acudieron otros Estados miembro para tratar de aliviar el alza de precios de la energía.
Y en los lindes de un 2022, en el que las medidas de apoyo a los hogares españoles proyectan su fin, Calviño explicó que el Gobierno está analizando para "ver cuáles han de ser prorrogadas en 2023" y cuáles deben aplicarse de manera más limitada.
Lo cierto es que la Comisión Europea está encima de las iniciativas para aliviar la presión de los altos precios de la energía. Así trabaja en un mecanismo para vigilar que estas ayudas se destinen a los vulnerables y no sean amplias. Un intento de rebajar el coste fiscal y el gasto y de mantener, a la vez, la señal de ahorro energético.
Es un mensaje que Bruselas lanzó a España en su análisis del plan presupuestario para 2023, en el que advertía al Gobierno la necesidad de acortar tales medidas energéticas. En un momento en que se ha permitido aumentar el gasto, pide que tales incentivos se focalicen sobre todo en hogares vulnerables, ya que de mantenerse como están, podrían aumentar el gasto, el déficit y la deuda del país.
