Bruselas
Hungría sigue teniendo tareas pendientes para garantizar el Estado de derecho y, especialmente, la independencia del poder judicial. Tras el fin del periodo de evaluación y de gracia concedido por Bruselas al Gobierno de Viktor Orbán, la Comisión Europea ha convenido este miércoles retrasar el desembolso de financiación adicional mientras no cumpla con las reformas necesarias en el sector judicial. También para luchar contra el fraude y la corrupción.
La recomendación del Ejecutivo comunitario ha sido clara y ha venido acompañada de una serie de orientaciones en materia judicial. Bruselas aboga por mantener bloqueados 7.500 millones de euros de fondos de Cohesión es decir, el 65% de los tres programas de Fondos de Cohesión adjudicados a Hungría, tal y como planteó el pasado 18 de septiembre la Comisión Europea, y deja en el aire también los 5.800 millones de euros del Plan de Recuperación.
Ahora los Veintisiete cuentan con algo menos de un mes de plazo, hasta el 19 de diciembre, para determinar si suscriben la propuesta del Ejecutivo comunitario de mantener el bloqueo sobre esos más de 13.000 millones de euros a Hungría.
Lo que sí ha hecho la Comisión es un intento por contentar al Ejecutivo húngaro y desbloquear algunas de las negociaciones que mantiene bloqueadas el Gobierno de Orbán, entre ellas los 18.000 millones de euros de ayudas a Ucrania o el impuesto de sociedades del 15% para grandes multinacionales. Para tal fin ha dado su visto bueno al Plan de Recuperación húngaro que estará supeditado al cumplimiento de 27 super hitos y objetivos vinculados con la independencia del poder judicial, la corrupción y el Estado de Derecho.
De hecho, el vicepresidente Económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha explicado que estos 27 hitos cubren todos los elementos claves del mecanismo de condicionalidad de los fondos, que Bruselas puso en marcha en un intento por que Hungría cumpliera con las reformas para garantizar el Estado de derecho y que supedita tales implementaciones al desembolso de fondos europeos.
"Debe ser cumplido totalmente antes de que Hungría remita su primera solicitud de pago", ha contextualizado Dombrovskis. Y es que cabe recordar que Bruselas ha juzgado que Budapest no ha cumplido con la implementación de las 17 medidas acordadas en el marco del mecanismo de condicionalidad de los fondos y cuyo plazo expiró el pasado 19 de noviembre.
Las reformas exigidas
Así entre los requisitos exigidos a Hungría en el marco del mecanismo de condicionalidad, Bruselas ha establecido medida para combatir la corrupción, para mejorar de la competencia y la transparencia en la contratación pública, para fortalecer la normativa de conflicto de interés o los requisitos para el control y auditoría.
También exige el fortalecimiento de la independencia judicial con más poderes para el Consejo Judicial nacional, con reformas en el funcionamiento del Tribunal Supremo para evitar la influencia política o eliminar el papel del Tribunal Constitucional en la revisión de las decisiones finales de los jueves.
Por otro lado, pide que se establezcan medidas de control y auditoría a nivel nacional similares a las que se han pedido a los Estados miembro en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia.
Budapest tendrá que cumplir con todos estos compromisos para poder acceder a los fondos del Plan de Recuperación, al que Bruselas le ha dado el visto, en parte, porque si no se adopta antes de finales de 2022, Hungría perdería toda la financiación.