Bruselas
La Comisión Europea quiere aumentar la presión sobre Moscú y las represalias por la invasión militar de Ucrania. Así es que este miércoles, la presidenta de la Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha planteado expropiar a Rusia los activos que habían sido congelados tanto al Kremlin como a los oligarcas rusos como parte de los paquetes de sanciones de la Unión Europea contra Moscú y crear un tribunal especial para procesar a Vladimir Putin por sus crímenes.
Así la alemana ha instado a crear "una estructura" para gestionar los fondos bloqueados de Moscú en la Unión Europea que ha estimado en 300.000 millones de euros bloqueados en activos de las reservas del Banco Central ruso y 19.000 millones de euros congelados a los oligarcas.
La presidenta de la Comisión Europea ha aclarado que estos "fondos deben ser utilizados para que Rusia pague una compensación completa por los daños causados en Ucrania", una vez que las sanciones se hayan levantado.
Además, "proponemos crear un tribunal especializado, respaldado por las Naciones Unidas, para investigar y procesar los crímenes de la agresión rusa", ha anunciado la presidenta del Ejecutivo comunitario que ha indicado que Bruselas está lista para "trabajar con la comunidad internacional" para conseguir el mayor apoyo posible para este tribunal especializado.
Si bien la Comisión Europea espera presentar ambas opciones de forma más detallada este viernes, lo que ha planteado es que los ingresos derivados de los activos confiscados a Rusia se canalicen a través de un fondo común o un instrumento dedicado especialmente para la reconstrucción de Ucrania. La transferencia podría ser voluntaria u obligatoria y se asignaría a una parte especial del presupuesto de la UE.
La coreografía se articularía de tal forma que, a corto plazo, se fijaría una estructura para gestionar los fondos congelados, invertirlos y utilizarlos para la reconstrucción de Ucrania. A largo plazo, una vez que se levanten las sanciones, deberán devolverse los activos, que podrían distribuirse en base a una suerte de reparación de guerra.
A fin de cuentas se trata de vincular el levantamiento de las sanciones a la celebración de un Acuerdo de Paz entre Rusia y Ucrania y que, hasta ese momento, se canalice con socios internacionales el uso de los activos líquidos de empresas estatales, del Banco Central ruso y entidades afiliadas para financiar la reconstrucción de Ucrania.
Para ello, el Ejecutivo comunitario considera que deberían establecerse instrumentos financieros a nivel internacional, que garantizarían la devolución de los activos cuando se levanten las medidas restrictivas.
Cabe tener en cuenta que según la normativa internacional, el propio levantamiento de las sanciones obligaría a la devolución de activos a aquellos individuos a los que han sido confiscados a no ser que pueda probarse que están vinculados a delitos penales.
"Rusia y sus oligarcas deben compensar a Ucrania por el daño y cubrir los costes para reconstruir el país", ha aseverado la presidenta de la Comisión Europea, que ha matizado que Bruselas trabajará con sus socios internacionales para encontrar mecanismos legales para ponerlo en práctica.
La alemana ha argumentado que Rusia debe pagar en términos financieros por la "devastación que ha causado" y ha estimado que el daño generado por la guerra en Ucrania se acerca a los 600.000 millones de euros.
Ya en las conclusiones de la pasada Cumbre de líderes de la UE del 20 y 21 de octubre, los jefes de Estado y de Gobierno instaron a la Comisión Europea ha proponer opciones para utilizar los activos congelados de Rusia para la reconstrucción de Ucrania a través de fórmulas en la legislación internacional.
La movilización de estos activos requerirá el consenso de otros actores de la escena internacional como los socios del G7 y las Naciones Unidas, según han explicado fuentes comunitarias.
Aunque no está claro si la cifra podría ser mayor de esos 319.000 millones de euros mencionados ya que son los Estados miembro los que deben informar a la Comisión Europea sobre los activos rusos congelados en su territorio y los responsables de efectuar tal supervisión.
Un tribunal específico
Bruselas también ha puesto sobre la mesa la creación o bien de un tribunal internacional específicamente para este caso, que se basaría en un tratado multilateral, o una suerte de tribunal híbrido que investigue y procese la agresión militar rusa, a través una corte integrada por un sistema judicial nacional con jueces internacionales.
Dos opciones que, en todo caso, deberían tener un amplio apoyo en las Naciones Unidas y que deberá atajar la cuestión de la inmunidad que ampara a jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Exteriores.
