Bruselas
La Comisión Europea ha hecho pública este martes su valoración respecto al borrador de los Presupuestos Generales presentado por España. Un análisis en el que ha dado su visto bueno, en términos generales a su planteamiento, pero en el que ha dado un toque al Gobierno respecto a las medidas para atajar la crisis energética. Un mensaje para España en el que Bruselas recalca que estas medidas deben ir dirigidas a los colectivos más vulnerables y que, de mantenerse tal y como están, podrían aumentar el gasto, el déficit y la deuda del país.
"La mayoría de las medidas no parecen específicas para los hogares y empresas vulnerables y no preservan por completo la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética", critica el Ejecutivo comunitario en su documento.
En este marco, Bruselas ha avisado a España que una prórroga de las medidas de emergencia puestas en marcha podrían "contribuir a un mayor crecimiento del gasto corriente" y a un aumento del déficit y la deuda públicos proyectados para 2023.
"El enfoque debería estar en proteger a los vulnerables", reza la evaluación de la Comisión Europea, con "medidas temporales y específicas para mitigar el impacto de la crisis energética" de cara a preservar los incentivos para reducir la demanda energética y diluir las presiones sobre los precios de la energía.
Es un mensaje que la Comisión viene repitiendo en los últimos meses. La idea detrás de ello es alinear la política monetaria y la fiscal, y que no jueguen la una contra la otra. Lo que en términos prácticos se traduce en que las medidas fiscales para atajar las crisis energéticas deben ser temporales y específicas y no amplias. Algo que según ha explicado el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, no cumplen el 70% de las medidas puestas en marcha a nivel comunitario.
En su evaluación Bruselas ha indicado que la naturaleza del "shock macroeconómico" derivado de la invasión rusa de Ucrania y "sus implicaciones a largo plazo para la seguridad energética en la UE", requiere un "diseño cuidadoso de la política fiscal en 2022".
Bruselas ha recordado que las previsiones de crecimiento para España estiman un alza del PIB del 4,5% para 2022 y del 1% en 2023, mientras que la expansión del PIB proyectada por el Gobierno para el próximo ejercicio es del 2,1%, lo que es "más de un punto porcentual por encima de las proyecciones de la Comisión Europea". Una diferencia que basa en que las previsiones de España contemplan una mayor contribución del consumo privado y las inversiones.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha señalado que las proyecciones macroeconómicas del borrador del plan presupuestario son "plausibles" para 2022 y "notablemente favorables" para 2023.
La Comisión señala que las proyecciones del borrador se alinean con las del Ejecutivo comunitario tanto para el déficit sobre el PIB, que fija un nivel del 5% para 2022 y del 3,9% para 2023, y de deuda, que proyecta un descenso al 115,2% en 2022 y del 112,4% en 2023.
Sin embargo, la Comisión Europea ha advertido de que las finanzas públicas están sujetas a una alta incertidumbre relacionada con la invasión de Ucrania, el alza de los precios de la energía y los cortes en la cadena de suministro.
Política fiscal coordinada en la eurozona
En sus recomendaciones para la zona euro para el periodo 2023 al 2024, la Comisión ha planteado los estados miembro que continúen con la coordinación de la política fiscal para que se retome el objetivo de inflación planteado por el Banco Central Europeo, del 2%.
Por otro lado, Bruselas ha insistido en un mensaje similar al de España: que las medidas de apoyo a las empresas y hogares para afrontar la crisis energética sean temporales, específicas y efectivas. Para lo cual ha propuesto que se creen sistemas en los que se favorezca y se creen incentivos para el ahorro energético en lugar de medidas amplias para atajar el problema de los altos costes.
Además, el Ejecutivo comunitario ha abogado por mantener un nivel alto de inversión pública para fomentar la resiliencia económica y la transición verde y digital. También ha propuesto apoyar los niveles salariales para proteger el poder adquisitivo de los asalariados, limitando los efectos secundarios sobre la inflación y mejorar con políticas activas del mercado laboral de cara a abordar la escasez de capacitación profesional para determinados puestos.
En un paso más, Bruselas ha pedido que se asegure la participación efectiva de los agentes sociales en la formulación de políticas y fortalecer el diálogo, así como mejorar aún más el entorno empresarial y preservar la estabilidad macrofinanciera.
En el paquete de otoño adoptado este martes, el Ejecutivo comunitario ha señalado que tras una primera mitad de año "fuerte", la economía europea ha entrado en una fase más "desafiante". En todo caso, estas recomendaciones deberán ser ahora debatidas en el seno del Eurogrupo y del Ecofin y también el Parlamento Europeo.
En todo caso Bruselas ha puesto sobre la mesa los múltiples y complejos desafíos que representa la invasión rusa de Ucrania, con unos precios de la energía históricos, altos índices de inflación, cortes en la cadena de suministro, aumento en los niveles de deuda y alza en los costes de endeudamiento lo que está afectando al poder adquisitivo de los ciudadanos. Por el lado positivo, ha puesto en valor que la acción política coordinada y rápida de la pandemia está dando sus frutos
