La Comisión Europea ha propuesto este miércoles un paquete de ayudas a Kiev de 18.000 millones de euros para 2023. Una asistencia con la que Bruselas pretende ayudar al país a cubrir salarios, pensiones o infraestructuras energéticas dañadas tras la invasión militar rusa y que se concederían en forma de créditos blandos. Sin embargo, esta dotación económica corre el riesgo de no llegar a buen puerto ante la amenaza de bloqueo de Hungría, que utiliza la necesidad de consenso de los Veintisiete Estados miembro como palanca para desbloquear el acceso a fondos europeos.
Ante el anuncio de Bruselas del paquete de ayudas el martes, el ministro de Finanzas húngaro, Mihaly Varga, señaló en un comunicado que "Hungría está lista para apoyar a Ucrania, pero no deseamos contribuir a ningún nuevo préstamo que efectúe la UE". El comentario tiene su trascendencia pues dado que la ayuda económica se ampararía en una nueva emisión de deuda por parte de la UE, requeriría el apoyo de todos los Estados miembro.
Ya este miércoles, el ministro de Gobernación húngaro, Gergely Gulyás, ha ratificado tal mensaje ante la prensa en Budapest: "decimos sí al apoyo a Ucrania, pero nos oponemos a un crédito conjunto".
Preguntado por los mensajes que ha venido lanzado el Gobierno húngaro, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, fue escueto: "trabajamos de manera intensa con todos los Estados miembro, incluida Hungría, para conseguir una decisión positiva". Un idea que también replicó el comisario de Presupuesto, Johannes Hahn, que manifestó su intención de superar las "escasas reticencias" mostradas a la propuesta.
Se trata de un nuevo esfuerzo por parte de Hungría de utilizar su poder de veto en la toma de decisiones de la UE para tratar de conseguir el desbloqueo de su Plan de Recuperación. El Ejecutivo comunitario y el Gobierno húngaro de Viktor Orbán cuentan meses de tiranteces en medio de unas negociaciones en las que Hungría trata de acceder a financiación. De esta forma, el veto húngaro viene condicionando la adopción de acuerdos en el seno comunitario, como las sanciones contra Rusia o el impuesto mínimo de sociedades del 15% para multinacionales. Un intento de Hungría por hacer palanca para desbloquear el acceso a fondos europeos.
La cuestión tiene su raíz en el expediente que la Comisión Europea abrió contra Hungría al considerar que el país no cumple con el Estado de derecho. Bruselas recurrió al mecanismo de condicionalidad de los fondos para congelar 7.500 millones de euros en fondos regionales a Hungría, si no pone en marcha medidas para mejorar el marco regulatorio contra la corrupción y otras cuestiones como las licitaciones públicas. El pasado octubre, los Veintisiete aplazaron al 19 de diciembre su decisión sobre este tema en un intento de dar a Orbán tiempo para implementar las reformas pactadas.
Ahora, el Gobierno húngaro tiene de plazo hasta el 19 de noviembre para responder a los requerimientos del Ejecutivo comunitario en el mecanismo de condicionalidad y que, fundamentalmente, buscan garantizar que el dinero comunitario no sea malversado por el Gobierno húngaro. La otra cuestión en el aire es los 14.900 millones de euros en préstamos blandos del Plan de Recuperación y Resiliencia húngaro.
Al cierre de la reunión del Consejo de ministros de Economía de la UE el martes, preguntado la amenaza de veto húngaro, el comisario letón indició en la idea de que espera la aprobación de este paquete de ayudas a Ucrania para finales de año, para que el primer pago pueda ejecutarse en enero.
Bruselas plantea que se inicie el desembolso de esta dotación económica el próximo enero a razón de 1.500 millones de euros mensuales. Considerando que Ucrania ya avanzó que sus necesidades de financiación ascienden a entre 3.000 y 4.000 euros anuales, la UE espera que el resto de la dotación económica provenga de otros socios internacionales.
El nuevo paquete de ayudas se concederá en forma de préstamos con vencimientos a largo plazo, de 35 años, que empezarían en 2033. Además, Bruselas pretende cubrir el pago de los intereses asociados a estos créditos.
La Unión Europea ha destinado 19.700 millones de euros a Ucrania desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. De la partida de 9.000 millones de euros de ayuda macrofinanciera comprometida el pasado mayo, restan todavía 2.500 millones de euros por pagar a Kiev.
